El ex mandatario, quien fue extraditado a Perú el año pasado, está siendo procesado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron en total 25 muertos, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de Fujimori en 1992.
El ex capitán peruano Santiago Martín Rivas, presunto jefe operativo del Grupo Colina y al parecer responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), negó este miércoles haber tenido vínculos con Alberto Fujimori en el juicio que se sigue contra el ex presidente por violación de los derechos humanos.
«Desde hace varios años, por razones que desconozco, entes interesados me vienen relacionando penalmente con el señor acá presente, acusación que rechazo», aseveró Martín Rivas al inicio de la sesión judicial en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Esta comparecencia en el juicio contra Fujimori era una de las más esperadas, dado que el ex capitán supuestamente lideró el Grupo Colina, el escuadrón de la muerte que secuestro y ejecutó extrajudicialmente a decenas de personas durante el Gobierno de Fujimori (1990-2000).
El ex mandatario, quien fue extraditado a Perú el año pasado, está siendo procesado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron en total 25 muertos, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de Fujimori en 1992.
Desde el inicio del juicio, en diciembre pasado, varios testigos, entre ellos los ex integrantes de Colina, han declarado que Martin Rivas, encarcelado desde 2002, encabezó el grupo militar encubierto.
Aunque este miércoles negó la existencia de Colina y sus vínculos con Fujimori, este ex militar admitió en 1993 al periodista peruano Umberto Jara, autor del libro «Ojo por Ojo, la verdadera historia del Grupo Colina», que el ex presidente ordenó la creación del destacamento de aniquilamiento.
Los integrantes de Colina, supuestamente organizados por el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, fueron condenados por las citadas masacres en 1994, pero excarcelados un año después por una ley de amnistía que benefició a los militares y policías que incurrieron en «excesos» durante la lucha antiterrorista.
Volvieron a ser detenidos tras la caída del régimen, en 2002, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado de los crímenes.
EFE
