“Operación Amsterdam”: el caso de crimen organizado que remueve a la elite chilena

La “Operación Amsterdam” no apunta al Tren de Aragua, ni tiene como escenario Arica o las poblaciones de la Región Metropolitana golpeadas por el crimen organizado. La investigación, que persigue delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, explotó como una bomba en un lugar muy distinto: la zona oriente de Santiago.

La causa es investigada por el OS-7 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Aysén y se inició en junio de 2024, en Coyhaique, a partir de las pesquisas en contra del propietario de “Cogoyhaique”, un local dedicado a la venta de productos derivados de la marihuana. Desde ahí, la investigación fue escalando hasta alcanzar a una red con presencia en distintas ciudades del país.

El caso ha tenido amplia exposición mediática por la detención, en el marco de la misma causa, del exchico reality Camilo Huerta, y por las menciones que aparecen en escuchas telefónicas respecto del futbolista Arturo Vidal y de los parlamentarios Manuel José Ossandón, Ana María Gazmuri y Marisela Santibáñez —todos los cuales dijeron al matinal de CHV no conocer a los imputados—.

Sin embargo, donde mayor inquietud ha generado el caso es en la elite, pues varios de los 38 imputados pertenecen a familias tradicionales de Santiago.

De acuerdo con lo investigado por el OS-7, ellos, así como los demás imputados, formaban parte de una red de locales comerciales establecidos en distintas ciudades del país, donde se almacenaban y vendían productos derivados de la marihuana, procesados y vendidos en formatos comestibles, en vaporizadores y ungüentos, “bajo la fachada de pertenecer al dispensario nacional, entidad sin fines de lucro dedicada al tratamiento de pacientes utilizando la cannabis de manera medicinal y bajo recetas médicas”.

Además, vendían “flores”; es decir, cogollos de marihuana, así como cigarrillos artesanales elaborados con la misma droga. Asimismo, contaban con distintas plantaciones —una de ellas legal, en Pelarco— con las que abastecían los locales.

Los traslados de droga se realizaban durante la madrugada, con el fin de evitar los controles policiales, pues, como queda en evidencia en las escuchas telefónicas, las cantidades que movían eran importantes. En una de ellas, por ejemplo, Cox le dice a Buzeta: “Necesito 10 kilos porque vamos a hacer un envío de 60”.

Landerer, Buzeta y Raimundo Silva Zautzik formaban parte de la empresa MA Botanics SpA, creada en 2019 con un capital de tres millones de pesos. En enero de 2022 armaron otra sociedad, MA Botanics Chile SpA (en la cual Buzeta ingresó en representación de Buque SpA y Landerer por Icalma SpA), con el mismo capital.

El 5 mayo de 2022 crearon otra empresa (MA Botanics Holdings SpA), donde entraron como dueñas las empresas Icalma y Buque, así como Clara SpA (propiedad de Silva y de Constanza Brautigam), con un capital de 868 millones de pesos. En 2023 hubo aumento de capital de MA Botanics Holding, el que subió a cuatro mil 480 millones de pesos, y en dicho momento aparecieron como accionistas una cantidad importante de personas jurídicas, entre ellas Inversiones Pitrén (propiedad de Buzeta y varios familiares) e Inversiones Alexandra Ermakova SpA y Patagonia Cannabis SpA (propiedad principal de Andrés Mario Astorga Rodríguez), entre otras.

De hecho, dado que es el principal accionista individual, a juicio de Carabineros el líder es Andrés Astorga, seguido de Gino Athens, único accionista de la empresa DN Medcorp SpA, cuyo gerente era el padre de Andrés Astorga, Mario Astorga, presidente del directorio del centro gastronómico BordeRío.

Una historia de arrastre

Todo lo anterior tiene un antes y un después, luego de la inauguración del Dispensario Nacional en 2016, una corporación sin fines de lucro, creada originalmente para abastecer a pacientes de medicina de origen cannábica de manera privada, a través de un sistema de validación que incluye recetas médicas para su uso terapéutico. La modalidad fue adoptada en el país bajo la supervisión de Luis Quintanilla Alarcón, egresado de química y farmacia.

Quintanilla estuvo preso varios meses en el año 2021, luego de ser acusado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de no contar con un permiso específico para plantar marihuana, por lo cual se le imputó el delito de tráfico ilícito, siendo condenado a 541 días por cultivo de sustancias estupefacientes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y a 100 días en el Tribunal de Juicio Oral de San Bernardo. Hoy está nuevamente detenido junto a su pareja, Valeska Frías Aldunate, dueña de la empresa Los Andes Hemp.

Si bien en lo formal Quintanilla continuaba como representante legal de la marca, fue en ese momento que apareció una oferta tentadora que –habría incluido un pago, incluso– y que terminó con Andrés Astorga Rodríguez, empresario gastronómico que entonces era dueño del restorán Pulmay en Borderío, apropiándose en los hechos de la marca, con la idea de incrementar el número de dispensarios a nivel nacional.

“Astorga aprovecha ese momento, le ofrece la plata de su vida a Quintanilla y cambia el modelo a una suerte de franquicia. Ahí el negocio creció exponencialmente y se les fue de las manos”, dice una fuente que conoce el rubro, que asevera que “Astorga se transformó en un kamikaze, con sucursales en todos lados, sin operar bien y con mucha desprolijidad. Así comenzó a quedar la escoba, cagada tras cagada, volvieron los allanamientos y el asunto terminó con lo que pasó ahora”.

Andrés Astorga, sin embargo, no llegó solo, pues lo hizo con su padre, Mario Astorga de Valenzuela, quien asumió como gerente general de DN Medcorp SpA, la empresa que se hizo cargo del giro financiero del negocio y en la que posee un 51% de acciones.

Otro 29% de la compañía pertenece a Gino Athens Athens, brazo derecho de Astorga en el restorán Pulmay.

La arista política

Según antecedentes de la fiscalía, MA Botanics también habría ofrecido aportar a una campaña política del exalcalde de Pelarco y actual director del Instituto de Previsión Social, Luis Bernardo Vásquez, cuando fue candidato a diputado por El Maule, representando al Partido Social Cristiano (PSC).

“Los conocí en una visita a este lugar (Botanics en Pelarco), porque estaba la gente de ProChile. Estaba todo en regla y sí, ellos un día me dijeron que me aportarían (a mi campaña parlamentaria), pero nunca se concretó“, aseguró Vásquez a Reportajes Teletrece.

La empresa incluso contó con el apoyo de ProChile para proyectar exportaciones a otros países, como Colombia, Estados Unidos y Suiza, llegando a recaudar más de US$4,2 millones para concretar la plantación y la creación de un laboratorio para realizar productos farmacéuticos y cosméticos.

Un negocio que comenzó a cautivar a la elite

Mucho antes de la actual investigación, Matías Landerer y Rodrigo Buzeta -actualmente detenidos- ya habían aparecido en la prensa económica como emprendedores de una industria que comenzaba a despertar el interés de una parte del empresariado chileno. En agosto de 2021, Diario Financiero publicó un reportaje sobre las inversiones que distintos grupos estaban realizando en torno al cáñamo y la cannabis, en momentos en que el sector buscaba abrirse espacio en áreas como la elaboración de CBD, productos farmacéuticos y cosméticos.

En dicha publicación, Landerer y Buzeta ya figuraban como fundadores de MA Botanics. El artículo relataba que, en diciembre de 2020, ambos fueron invitados a conocer una plantación de cuatro hectáreas de cáñamo sin cannabinoides que Diamond Hemp mantenía en Villa Alegre, Región del Maule. Los socios de esta última empresa eran Felipe Varas, Sebastián Cuadra e Ignacio Cueto Délano. De acuerdo con el reportaje, el objetivo de la jornada era conocer las instalaciones y plantaciones y explorar posibilidades de trabajo conjunto. Para entonces, MA Botanics mantenía en Pelarco una plantación de unas seis mil plantas con flores, altas en CBD.

El episodio daba cuenta de algo que por esos años comenzaba a producirse en Chile: el negocio asociado al cannabis había dejado de ser un rubro marginal y comenzaba a cautivar a empresarios y potenciales inversionistas de algunos de los grupos económicos más conocidos del país. Por esos mismos días, según Diario Financiero, se evaluó junto a Víctor Pucci la posibilidad de estructurar un fondo para financiar un laboratorio destinado a la elaboración de CBD, proyecto que finalmente no prosperó luego de que el socio de Kapin Capital que analizaba la inversión desistiera.

Desde luego ninguno de esos antecedentes implica vincular a los demás empresarios mencionados por Diario Financiero con la investigación penal que hoy afecta a Landerer y Buzeta.

Lo relevante es el contexto: ambos imputados eran presentados entonces públicamente como parte de una generación de emprendedores que intentaba desarrollar una industria innovadora en torno al cannabis y que había conseguido despertar interés en sectores de la elite empresarial.

La expansión también tenía una dimensión internacional. En la misma publicación, Landerer señalaba que habían invertido tres millones de dólares en un invernadero en Uruguay, capaz de producir tres toneladas de flores de cannabis al año.

El lucro

Según indicó el fiscal Hernán Libedinsky en la petición de allanamiento que realizó a fines de julio ante el Cuarto Juzgado, la Corporación Dispensario Nacional era “presentada públicamente como una entidad sin fines de lucro dedicada a la dispensación de cannabis con fines terapéuticos o medicinales. Esta corporación exige a sus usuarios requisitos formales como mayoría de edad, receta médica y certificado de antecedentes, aparentando operar bajo un marco legal. Sin embargo, la investigación ha establecido que esta estructura es solo una apariencia”.

Esto, puesto que “mientras la corporación sostiene el discurso terapéutico y sin fines de lucro, los grandes volúmenes de dinero generados por la venta de cannabis son canalizados y administrados a través de la sociedad DN Medcorp SpA, la cual cumple un rol clave en la legitimación y circulación de los fondos ilícitos”.

El abastecimiento de la droga se realizaba por medio de MA Botanics, que contaba con un permiso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule para cultivar cáñamo y extraer de este Cannabidiol CBD; es decir, el compuesto natural de la planta, que no produce efectos alucinógenos y que se usar en forma medicinal, generalmente en aceites y cremas.

Obviamente, como indicó el persecutor, “dicha resolución no autoriza la producción ni comercialización de cannabis con THC, que es precisamente el producto que se vende en la red de locales”, en referencia al Tetra Hydro Cannabinol, el componente psicoativo de la marihuana.

Asimismo, según se señaló, “la organización también recurre y se abastece con proveedores clandestinos y cultivos ilegales”, ubicados en Algarrobo, Peñaflor, Curacaví, Puchuncaví y Pirque, todo lo cual era vendido en locales establecidos desde Antofagasta hasta Coyhaique.

De acuerdo con lo investigado, solo las ventas formales de DN Medcorp se acercan a los tres mil 900 millones de pesos y se estima que las ganancias totales fueron superiores a los nueve millones de dólares.

Cabe indicar que esta mañana, a las 9 horas, comenzará la ronda de formalizaciones en el caso, las que se extenderán por varios días, considerando el volumen de la carpeta investigativa, que contiene 85 mil páginas, y las imputaciones por delitos de tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

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