El secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí, un adolescente de 14 años hijo del empresario Alejandro Martí, causó gran conmoción en la sociedad mexicana y entre los empresarios, que exigieron al gobierno mano dura contra este tipo de delincuentes.
El presidente de México, Felipe Calderón, propuso este jueves al Congreso que restablezca la cadena perpetua en el código penal de su país, eliminada hace casi un siglo, ante la indignación pública ocasionada por el secuestro de un menor al parecer a manos de policías en servicio activo.
«Mi gobierno propone elevar la pena máxima de prisión y que, en algunas modalidades del secuestro, imponga como máxima la prisión vitalicia», precisó el gobernante, que había anticipado el año pasado su deseo de incluir la cadena perpetua en la legislación mexicana.
La propuesta ampliará una iniciativa de reforma del Código Penal, en la que Calderón solicitaba endurecer las condenas contra los secuestradores y que había enviado al Legislativo en marzo de 2007.
La cadena perpetua se aplicará a secuestradores que sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública y quienes priven de libertad a un menor de edad o intenten llevarlo a otro país con fines de lucro.
También se impondrá a los que lesionen, mutilen, torturen y lastimen gravemente o priven de la vida a sus víctimas, así como a los que plagien a personas discapacitadas.
La propuesta que envió Calderón hace un año proponía reformar dos artículos del Código Penal Federal, que establecen penas máximas de prisión de 60 años.
El presidente del Congreso, Santiago Creel, reconoció la noche del miércoles que existe una corresponsabilidad del legislativo en la violencia por el retraso en la aprobación de la iniciativa presidencial, que está congelada desde marzo pasado y a la que hoy Calderón trató de dar un nuevo impulso.
El titular del Consejo de Seguridad Pública, José Antonio Ortega, declaró que esta iniciativa gubernamental no solucionará el problema de la delincuencia en el país mientras no se depuren las más altas esferas de las instituciones policiales.
Según algunos expertos, la corrupción en la policía mexicana afecta, por lo menos, a la mitad de sus efectivos.
La cadena perpetua quedó fuera de la Constitución Mexicana aprobada en 1917, que entonces incluyó la pena de muerte para el caso de traición a la patria, aunque esta figura también fue eliminada posteriormente.
EFE
