Se habla incluso de «Sarkogate».
La denuncia de la existencia de un presunto espionaje desde el Gobierno hacia la prensa por el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt y la revelación de cómo se ordenó la expulsión de gitanos llevaron hoy al extremo una presión que salpica de lleno al presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El jefe del Estado mereció hoy más que una portada como la última de «Le Nouvel Observateur» («¿Este hombre es peligroso?»), puesto que las acusaciones de «Sarkogate» lanzadas por una diputada tuvieron como fondo una acusación, desmentida por el Elíseo, del vespertino «Le Monde».
El diario denunció hoy que fue espiado por orden de la presidencia francesa para identificar una fuente que filtraba informaciones sobre el escándalo que rodea a la multimillonaria Liliane Bettencourt y defender al actual ministro de Trabajo, Éric Woerth.
Justo el día en el que en la Asamblea Nacional se reanudaba el debate sobre el polémico proyecto de reforma de las pensiones, que llevó a las calles a más de un millón de franceses (o tres millones, según las fuentes) el 7 de septiembre y que Woerth intentó defender, pese a la insistencia de la oposición en obtener explicaciones a esa denuncia.
«El Elíseo recurrió en julio a procedimientos que infringen directamente la ley» de protección de las fuentes de los periodistas, destacó en portada «Le Monde», que precisó cómo el contraespionaje francés, cumpliendo órdenes, relacionó a un informante con un periodista del rotativo.
Una denuncia que animó a la eurodiputada ecologista Eva Joly a emplear la comparación del caso con el Watergate, el escándalo de espionaje que acabó con el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, sólo que ahora el apellido del mandatario galo completa el término.
Sarkozy desmintió hoy mismo, a través de su gabinete, esas alegaciones y aseguró que «nunca dio la menor instrucción» a los servicios oficiales de información para investigar el origen de extractos de declaraciones obtenidas por las autoridades en la investigación del caso Bettencourt.
Según «Le Monde», sin embargo, tras la publicación el 18 y el 19 de julio de detalles sobre la declaración ante la policía del gestor de la fortuna de Bettencourt, Patrice de Maistre, que admitía favores a Woerth, el contraespionaje buscó el origen de esas filtraciones y, entre los potenciales responsables, se centró en un consejero penal del Ministerio de Justicia, David Sénat.
Agentes de la Dirección Central de Información Interior (DCRI) controlaron el teléfono de trabajo de Sénat y dieron con las llamadas con el periodista de «Le Monde» Gérard Davet, quien firmó notas sobre los interrogatorios a De Maistre, según el relato del diario.
El presidente francés ha defendido repetidamente al titular de Trabajo, conforme se han ido publicando informaciones que dan a entender que dio un trato de favor a Bettencourt -la accionista mayoritaria del grupo L’Oréal, imputada por evasión fiscal- cuando era ministro del Presupuesto y tesorero del gran partido de la derecha francesa, la UMP.
Otro de los ministros objeto de polémica en la últimas semanas, el titular de Inmigración, Éric Besson, rechazó hoy mismo haber tenido conocimiento de una circular del departamento de Interior en la que se pedía de forma específica que se desmantelaran los campamentos de gitanos, considerada racista por organizaciones humanitarias.
La forma en la que el Gobierno francés ha gestionado el asunto de la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros ha encendido los ataques contra Francia durante las últimas semanas, personalizados en la figura del presidente galo, atacado tanto por el ex dirigente cubano Fidel Castro como desde las portadas de publicaciones prestigiosas, como «The Economist».
La nota cuya existencia se acaba de conocer -firmada el pasado 5 de agosto por Michel Bart, jefe de Gabinete del ministro del Interior, Brice Hortefeux- reclama «una iniciativa sistemática» de la policía: «300 campamentos o implantaciones ilícitas deberán ser evacuadas en tres meses, en particular, los de los gitanos».
La alusión directa a los gitanos desmiente las declaraciones de los ministros franceses del Interior y de Inmigración, que habían repetido que su política de expulsiones no se centraba en un grupo étnico concreto.
Besson aseguró que desconocía esta orden y le restó importancia, pero casi al mismo tiempo Francia se tenía que defender ante la ONU en Ginebra de las críticas por su trato a los gitanos de Rumanía y Bulgaria, en concreto, por las expulsiones masivas, y afirmó que las medidas adoptadas «se inscriben estrictamente en el respeto a las leyes francesas y la legislación europea».
La firma de una nueva circular que excluye la mención explícita a los gitanos como susceptibles de expulsión, anunciada varias horas después por Hortefeux, pareció embrollar aún más la delicada situación a la que se enfrenta Sarkozy, en horas bajas de popularidad mediados ya sus cinco años de estancia en el cargo.
