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Cristina Fernández no cede a presión internacional y anuncia la nacionalización de YPF

La presidenta enviará al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de «interés público nacional» el sector de hidrocarburos. El anuncio se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.[Actualizada]


La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró este lunes de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

La presidenta enviará al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de «interés público nacional» el sector de hidrocarburos, según se anunció en un acto encabezado hoy por Fernández en la Casa Rosada y transmitido en cadena nacional.

Con esta decisión, el Gobierno de Buenos Aires hizo caso omiso a las presiones diplomáticas que España, Estados Unidos y la Unión Europea habían ejercido en los últimos días. Incluso el propio Presidente Sebastián Piñera había expresado, en el marco de la Cumbre de las Américas, la necesidad que las naciones respetaran los acuerdos internacionales, y sostuvo que la situación de YPF también afectaba a Chile.

Control total

De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, de 19 artículos.

La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a «adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos».

El proyecto incluye la «remoción de la totalidad de directores» de la compañía y pretende garantizar la «continuidad operativa».

El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.

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