Quien crea que al gobierno brasileño lo respaldan en bloque la izquierda y los movimientos sociales mientras las grandes empresas lo boicotean, se asombraría al ver lo que pasa en la realidad.
El Brasil de estos días es una gran paradoja: los sindicatos que son el respaldo natural de la presidenta Dilma Rousseff atacan su ajuste fiscal como cosa de «ricos», mientras grandes empresarios parecen querer que el gobierno izquierdista sobreviva a la crisis.
Ese contraste entre ideología y realidad quedó en evidencia esta semana.
Brasil tuvo el jueves una serie de marchas de apoyo a Rousseff organizadas por grupos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales en las que se oyeron duras críticas al gobierno.
«El ajuste fiscal sólo hirió los derechos populares y no mejoró la economía», sostuvo Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), tradicionalmente en sintonía con el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
«Esta agenda es de los ricos y no del trabajador», añadió durante el acto en São Paulo.
Esa fue la más grande de las manifestaciones del jueves en 39 ciudades de Brasil, que reunieron en total 73 mil personas según la policía y 190 mil según los organizadores, contra los pedidos de juicio político para destituir a Rousseff.
Las protestas antigubernamentales del domingo en Brasil pidieron el juicio político a la presidenta.
Los sindicatos y la izquierda solían dominar las protestas callejeras brasileñas, pero estos actos fueron 10 veces menores a las marchas antigubernamentales del domingo, de acuerdo a los cálculos de la policía y de los organizadores.
Sin embargo, Rousseff ha encontrado apoyo de líderes empresariales que advierten sobre la inconveniencia de agudizar la crisis o declaran públicamente su rechazo al juicio político a la mandataria.
«El empresariado está temeroso de un cambio radical, vaya a saber hacia dónde y con quién: por lo menos ya conocen cuál es el plan de acción (del gobierno)», dijo a BBC Mundo Vera Chaia, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
Muchos en Brasil coinciden en señalar el riesgo de perder conquistas de los últimos 30 años de democracia, aunque unos ponen el acento en los progresos sociales y laborales, y otros en la estabilidad económica y confianza de los inversores.
Con la economía brasileña entrando en una recesión que según analistas seguirá hasta 2016, el gobierno impulsa un ajuste fiscal para mantener el preciado «grado inversor» que las calificadoras de riesgo pueden quitarle al país.
Joaquim Levy: el ministro brasileño de Hacienda impulsa un difícil ajuste fiscal para recuperar la confianza de los mercados.
Al frente de esa difícil tarea está Joaquin Levy, el economista ortodoxo que Rousseff nombró como su ministro de Hacienda al iniciar su segundo mandato en enero, dejando de lado cuestiones ideológicas.
El escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras complicó más las cosas para la presidenta, que perdió apoyo en el Congreso y vio caer sus índices de aprobación por debajo del 10%.
Con varios pedidos de juicio político en su contra presentados a la Cámara de Diputados liderada por el rebelde conservador Eduardo Cunha, Rousseff ha sorpresivos gestos de apoyo.
El diario O Globo, habitualmente crítico de la presidenta, publicó hace unos días un editorial sugiriendo «aproximar los políticos responsables de todos los partidos para dar condiciones de gobernabilidad» al Ejecutivo.
Argumentos similares expresaron a líderes políticos representantes empresariales que tuvieron reuniones con autoridades del gobierno para discutir una agenda de medidas anti-crisis.
En rojo: manifestación de partidarios de la presidenta brasileña el jueves.
«Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en el que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero», alertó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de São Paulo, Alencar Burti, citado por la agencia de noticias Reuters.
Esta semana, las confederaciones brasileñas de Industria, Transporte y Salud, suscribieron una «Carta a la Nación» que, sin manifestarse sobre el juicio político, pide a los políticos «una agenda que abra caminos para la superación de las crisis».
Aunque una parte de los ejecutivos brasileños crean que un cambio anticipado de gobierno podría ser positivo para el país, esa opinión parece lejos de reunir consenso en todo el sector.
El gobierno ha negociado un principio de acuerdo con el líder del Senado, Renan Calheiros, para impulsar una serie de medidas anti crisis y pro-mercado.
Calheiros, que se manifestó contra el juicio político a Rousseff, pertenece al mismo partido centrista PMDB que Cunha y ambos son investigados por presunta corrupción en Petrobras (Cunha fue denunciado por la fiscalía el jueves).
Manifestantes pro Rousseff y contra la agenda que negocia el gobierno con el Senado, que llaman de «golpe».
Pero en las marchas a favor de Rousseff, hubo críticas de algunos grupos a la agenda que negocian el Senado y el gobierno, que algunos manifestantes definieron como un «golpe», al igual que los intentos de juicio político a la presidenta.
También se escucharon reproches a Cunha y al ministro Levy, definido como un «banquero prepotente» por parte del dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulos.
El MTST mostró en los últimos tiempos una gran capacidad de movilización en las calles, pero discrepó con los organizadores de los actos a favor de Rousseff en diferentes ciudades de Brasil por la falta de críticas al gobierno.
«La pauta del gobierno es el ajuste fiscal, el corte de derechos, de inversiones sociales», sostuvo Boulos. «Esa pauta es indefendible por cualquier movimiento social que se precie».
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