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«No somos nadie en México»

«No somos nadie en México»

Esta frase corresponde José Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio veracruzano de Tierra Blanca.


El 11 de enero cinco jóvenes desaparecieron en el Estado de Veracruz, México. Fueron secuestrados por agentes policiales. Nada se sabe de ellos, a pesar de que fueron detenidos siete policías y un narco.

Un hecho que recuerda la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en el estado de Guerrero, donde también habían jóvenes que se esfuman y policías involucrados.

El diario español El País reproduce hoy parte de una grabación hecha por José Benítez, padre del joven de 24 años José Benítez, uno de los cinco desaparecidos en el municipio veracruzano de Tierra Blanca.

En ella, se escucha una conversación que sostuvo Benítez con un alto funcionario e ilustra la corriente sensación de desamparo de los familiares de las víctimas en México.

El padre recibe una llamada de Joaquín Torres, director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República. El funcionario le informa de que el caso de Tierra Blanca va a pasar a manos de la Fiscalía de Veracruz. Benítez, que había tenido reuniones con la PGR, se queda desconcertado.

–¿Entonces quiere decir que lo que hice con ustedes se fue a la basura?
–No, vamos a seguir dándole seguimiento
–Si ustedes como federales no aplican nada, ¿una vez que llegue allí qué cree que pase?…en este momento, nosotros no somos nadie en este país.

Torres le contesta que si bien su unidad no seguirá con el caso, sí participará en él otra sección de la PGR, la Subprocuraduría Especializada en Delitos de Delincuencia Organizada (SEIDO), con la función de investigar a los detenidos.

–Bueno, sale pues, veré qué hacer
–Sí señor, y vamos a seguir en contacto con usted.
–Gracias.
–Para servir.

Desde 2007 se han registrado 26.000 casos de desaparecidos en México. En octubre el Gobierno de Enrique Peña Nieto creó la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, dentro de la PGR, como respuesta a la crisis política desatada por la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala a manos de policías y narcos en 2014.

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