El olvido se ha hecho practica generalizada en Chile. La desmemoria, que es una forma de no asumir ni tener historia, implica un tipo de ignorancia mas castradora aún que la ignorancia misma que se deriva de la imposibilidad de acceder a ciertos conocimientos y destrezas a través de procesos formativos y educacionales. En efecto, hoy parece que ya nadie quiere recordar que hasta hace tan sólo 19 años en Chile la universidad era gratuita, y esta gratuidad abarcaba a todos los sectores de la sociedad, incluidos los económicamente más favorecidos.
Por lo mismo, y precisamente porque incomoda, hay que recordar que el propio presidente Lagos, y la casi totalidad de ministros y parlamentarios ESTUDIARON SIN PAGAR UN PESO cuando el país crecía al 2% anual. Ninguno de ellos estaría donde está si no hubiera podido gozar de la oportunidad de haber pasado por la universidad. Y sin universidad ni educación pública no hubiera habido ni nerudas, ni mistrales, ni valentines letelieres, ni… Y en fin, para qué seguir si la lista es tan larga como el país y no se salva nadie, empresarios, políticos, profesionales de todo tipo, gerentes, etc. Sin universidad pública no habría país, si es que -como nos recuerda Armando Uribe- entre otras cosas y quizás por la falta de ella, aún queda algo de país.
El modelo impuesto a la fuerza desde el ’81 buscó consolidar el concepto de la educación como mercancía, como un bien de rentabilidad privada antes que social. Como resultado anexo, las instituciones educacionales fueron obligadas -lo son hasta nuestros días- a comportarse como financieras. Obviamente eso repercute negativamente en su calidad, y en el tipo de productos que ellas devuelven a la sociedad.
Como respuesta de fondo a esta problemática, y en el contexto de asumir una mayor justicia en la distribución del ingreso nacional, el movimiento estudiantil ha logrado -tras largos años de movilización y propuesta- que el gobierno reconozca el colapso del actual fondo de crédito universitario. También ha sonado con fuerza la propuesta del Fondo Nacional de Arancel Diferenciado y Becas de Apoyo, y ya resulta obvia la necesidad de avanzar hacia un modelo más evolucionado que el de un mero «estado prestamista.»
La propuesta de arancel diferenciado se fundamenta en el principio de que, sin dejar de reconocer las diferencias que existen hoy en los niveles de ingreso de las familias chilenas, la educación debe ser asumida, en primer lugar, como un bien social y como un derecho, y por tanto como una responsabilidad estatal ineludible. De esa manera, quienes por su situación estén en condiciones de aportar a prorratear los altos costos que demanda una buena formación, deberán hacerlo en base a sus capacidades económicas debidamente acreditadas. Quienes no puedan hacerlo, ya sea de manera total o parcial, deberán ser subsidiados por el Estado en el monto que corresponda. El arancel diferenciado es por lo tanto diferente de la gratuidad como mecanismo. Por cierto, la incluye y contempla, pero no para todos.
Avanzar en esta propuesta implicará también establecer por fin un sistema de apoyo que separe el precio y costo de los aranceles de las indispensables becas de apoyo para alimentación, locomoción, útiles, etc., es decir, las cuestiones básicas para estudiar dignamente, y que hoy en día no existen como política de Estado. También se deberá establecer una línea de pobreza que se haga cargo de la verdadera situación de distribución de la riqueza en el Chile de hoy. Si realmente buscamos equidad hay que recordar hasta el cansancio que el 80% de las familias chilenas vive con un ingreso mensual per capita de menos de $176.413 y que en el 20% restante -los «privilegiados»- hay muchas familias que, aunque con ingresos un poco más holgados, no perciben recursos que les permitan enfrentar totalmente los aranceles universitarios, pues de ese 20% de chilenos «más ricos» sólo una pequeña parte puede darse un estandar de vida como el de los países desarrollados.
Entonces, la propuesta del Fondo Nacional de Arancel Diferenciado y Becas de Apoyo pone al centro la redistribución del ingreso por la vía de restituirle a la educación un estatus digno, acorde con su esencia y con niveles de calidad que la competencia mercantil y el total autofinanciamiento apuntan siempre a disminuir. Se trata de cambiar definitivamente la incertidumbre y la discriminación económica actual por incentivos reales -no publicitarios ni de caridad- y equitativos para TODOS los niños y jóvenes chilenos; y de establecer garantías efectivas de que el ingreso, permanencia y egreso en la universidades públicas estará, como corresponde a su esencia, al alcance de todos quienes acrediten las mínimas capacidades a través de un concurso público y del cumplimiento de los requisitos académicos exigidos de manera común para todos.
El punto de fondo -del Fondo- sigue siendo entonces saber cuáles son las voluntades políticas reales para hacer de la educación en todos sus niveles un factor de desarrollo social y de construcción de una comunidad más sana, responsable y solidaria, cuestión que implica necesariamente, hacerse cargo de las inversiones y los beneficios que ello implica.
(continuará…)
