La errática participación del gobierno en el debate sobre la ley pesquera, lejos de ser una excepción, confirma el rol timorato que el Estado suele atribuirse en episodios de daño medioambiental. Hoy vemos esta reacción, después de que las principales pesquerías, durante los últimos 10 años, han logrado tasas de extracción superiores a la capacidad de regeneración, llegándose al absurdo de convertir a los peces en un recurso no renovable.
Pero no es el único problema, pues en tiempo simultáneo siguen abundando los problemas relacionados con los recursos ambientales como el agua, aire, suelos y energía y también con los recursos naturales como la minería y los bosques. A la hora de citar ejemplos cabe destacar el alto grado de contaminación de las aguas en el espacio urbano, con el dramático ejemplo del Canal El Morro, considerado uno de los lugares más contaminados del planeta ante la desidia de la autoridad.
En relación a la energía, la reciente crisis del petróleo confirma nuestra permanente denuncia sobre la falta de políticas de promoción de fuentes alternativas que en Chile abundan. Se agrega la pérdida de energía, que en Chile llega al 55%, especialmente en el sector transporte, donde la pérdida alcanza el 70%. Tampoco se ha abordado el urgente tema del deterioro del suelo, por obra de la erosión y la desertificación. La degradación por erosión se encuentra entre el 30 y el 75% según la zona, mientras que la superficie desertificada se estima entre un 40 y un 70% del territorio. De todos estos casos se puede concluir una carencia de políticas públicas que puedan enfrentar adecuadamente la problemática del medioambiente.
Así resulta imposible asegurar la sostenibilidad del desarrollo, menos aún con las debilidades de las políticas implementadas.
Básicamente, las medidas más recurridas por la autoridad corresponden a la fijación de normas de emisión y de calidad. Sin embargo y desde la perspectiva económica, aunque éstas buscan el mejoramiento de la calidad ambiental, puesto que fijan umbrales que no deben ser sobrepasados, las estrategias de control y regulación directa como la definición de normas de emisión y de calidad, son menos eficaces y menos eficientes que las políticas de incentivos como los impuestos o los subsidios «verdes».
La solución no pasa por escoger una u otra alternativa aisladamente, creyendo que con énfasis parcelados se resolverán los problemas. Más que eso, es urgente una visión estratégica que ponga cada decisión al servicio de una planificación global.
Dentro de ellas, las normas requieren mucha más información para inducir a las fuentes contaminantes hacia niveles de emisión que impliquen los menores costos de reducción de la contaminación.
Para una eficaz aplicación de las normas se deben conocer las características tecnológicas de todas las fuentes, las que son muy disimiles unas de otras y una misma norma no se puede aplicar en forma pareja a todas ellas. Para minimizar el costo de aplicación de una norma, a cada fuente debe aplicársele un estándar diferente.
Asimismo, en el caso de los impuestos «verdes», es posible alcanzar el menor costo de reducción de la contaminación sin necesidad de aplicar impuestos diferentes a cada fuente emisora, puesto que basta con una aplicación generalizada. Éstos también permiten que el costo de hacer cumplir la política sea menor, pues se deben fiscalizar y monitorear menos variables. Esto hará posible la solución global en vez de la respuesta al problema específico.
Más que elegir entre impuestos y normas, es imprescindible una visión integradora por parte de la autoridad, que ponga a su servicio todas las herramientas disponibles para desarrollar políticas coherentes y exitosas.
Lamentablemente, esta consideración técnicas no tiene cabida en la toma de decisiones, puesto que con demasiada frecuencia se cometen errorres como aplicar medidas menos confrontacionales con el poder económico. No basta la timidez con que se enfrenta el daño medioambiental, esto sirve poco y nada para resolver los problemas.
