Era inaceptable que uno de los sectores estrella de la economía chilena tuviese una autoridad cuestionada por falta de probidad y conflicto de intereses. En ese sentido, se acaba de imponer una poderosa señal de cordura en la actividad salmonicultura con la renuncia del Subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán.
Aunque habría que decir que la equivocación, en primera instancia, fue del presidente Lagos, puesto que al momento de su nombramiento Albarrán era un reconocido empresario, al punto de haber ocupado en el pasado la presidencia de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha. Durante su gestión en la Subsecretaría de Pesca, Albarrán se caracterizó por impulsar la expansión ilimitada de la industria acuícola, sin reparar en los graves daños ambientales que la actividad produce. Prueba de ello es que la agilización en la entrega de concesiones acuícolas, una de sus medidas más cuestionadas, se hizo a costa de relativizar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tampoco se manifestó preocupación ante la caída en el precio internacional del producto, atribuida mundialmente a la sobreproducción de la industria chilena. Todo lo contrario: mientras las circunstancias hacían recomendable la autorregulación, acá se prefirió mantener los ingresos a través de un aumento del volumen de las exportaciones del 57 por ciento durante el primer semestre del 2001, en relación a igual periodo del año pasado.
La gestión proclive a los intereses empresariales se tornó contradicción grave cuando, en mayo del año 2000, el Subsecretario de Marina, Angel Flisfisch, firmó el decreto que autorizaba una nueva concesión acuícola en la Undécima Región para su colega Daniel Albarrán. Este hecho es inaceptable, mucho más que un ex cargo directivo en la Asociación de Salmón y Truchas o que un importante porcentaje en la propiedad de empresas salmoneras. Así, la política de expansión ilimitada en la región de Aisén no sólo era insustentable, sino también ilegítima, al favorecer directamente los intereses personales de quien la impulsó.
En ese entendido, la Contraloría realiza actualmente una investigación debido a que Albarrán habría faltado a Ley de Probidad Administrativa, al ser, al mismo tiempo, Subsecretario de Pesca y tener participación en la propiedad de las empresas salmoneras Antarfish y Aguas Claras. A nuestro juicio, los antecedentes deben llevar, necesariamente, a concluir que el renunciado personero faltó a la ley.
En estos días, cuando abundan las encuestas sobre el desprecio de la ciudadanía hacia la política y sobre una creciente indiferencia al modelo democrático, se hace indispensable que a las autoridad se les exija un comportamiento intachable, libre de compromisos de cualquier tipo para el adecuado desempeño de su función. Albarrán, evidentemente, no cumplía con estas condiciones. Su ambigua situación de juez y parte era especialmente delicada, dada la trascendencia adquirida por la salmonicultura en la actividad económica del país.
¿Qué credenciales de garantía ofrecía Albarrán a los trabajadores de la industria del salmón, a los defensores del medioambiente o a los ciudadanos que sufrían las consecuencias negativas de la actividad salmonera? En ese contexto, cualquier crítica a los escenarios que la autoridad construía para el sector, justificadas o no, tomaban vuelo ante la doble militancia del subsecretario. En ese sentido, parece una buena señal la designación de Felipe Sandoval, personero de reconocida capacidad técnica, quien deberá devolver el equilibrio al ejercicio del cargo.
Es de esperar que en los próximos hitos del sector, entre los que destacan la entrega de concesiones acuícolas y la caída de los precios internacionales (asociada a la sobreproducción chilena), la Subsecretaría de Pesca asuma de una vez por todas el desarrollo sustentable de la industria, promoviendo una producción regulada y un manejo sensato de la inversión. Este sentido de la responsabilidad, con una mínima visión de largo plazo, es lo que puede desmarcar a Felipe Sandoval de la desafortunada gestión de Daniel Albarrán.
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Marcel Claude es economista y director ejecutivo de la Fundación Terram.
