El gobierno tiene que pasar por un cambio de mentalidad para encarar los tres años que le quedan, con relativo éxito. De la calidad de las soluciones presentadas dependerá su destino político.
Cuando se ha discutido en la Cámara de Diputados el financiamiento del déficit público para cubrir con recursos frescos la denominada agenda social, sólo se peleó por impuestos más, impuestos menos. Es cierto que el tema es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero inicialmente ésta sólo contempló un nuevo paquete de impuestos indirectos. La presión impuesta a la tramitación no permitió escuchar ninguna salida alternativa. Sólo al final de pareció que se reconsideraría en el Senado, el royalty a las empresas mineras, reponiéndose así una variable clave, por donde debió partir la solución del problema de caja fiscal.
Más allá de estas negociaciones, en donde cada quien trata de quitarle el traste a la jeringa, se aprecia que dentro del gobierno no existe la claridad necesaria o la voluntad política de ir en contra de quienes podrían aportar efectivamente los dineros que faltan para superar la extrema pobreza.
Si se observa dónde está el dinero en Chile, se puede apreciar que existe en fondos previsionales un acumulado de más de 40 mil millones de dólares, que deben movilizarse en los mercados bursátiles para generar crías que van en parte a la capitalización individual del afiliado, y en otra a las AFP que manejan estos recursos. Esos fondos se invierten en el país y en el extranjero. Hoy, el afiliado puede elegir entre opciones de fondos de inversión, con mayor o menor riesgo y rentabilidad.
Si el gobierno lograse configurar una ingeniería adecuada para captar una parte mínima de esa energía financiera para programas sociales podría generar un considerable rebaja al déficit presentado. Esto podría diseñarse y organizarse a través de un banco de proyectos de perfil social que podrían articularse con la emisión de bonos, para los cuales podría existir alguna ventaja tributaria como señal positiva, es decir una zanahoria tentadora.
Estos proyectos sociales deberían ser auto sustentables, con criterios de eficacia y de eficiencia y debieran ser manejados en coinversión por el propio Estado y agentes privados. La emisión de títulos (tipo bonos soberanos de perfil social) podría constituir una opción para quedar dentro de las canastas de inversión de las AFP, con un límite máximo de inversión, digamos un 3%. Con una cifra de este nivel estaríamos en condiciones de orientar desde nuestro propio sistema previsional recursos frescos para el desarrollo de proyectos de perfil social por más de 1000 millones de dólares.
¿Verdad que es como para pensarlo? No altera las reglas del juego del sistema previsional, pero sí deja pequeños vasos comunicantes hacia los sectores más necesitados de la sociedad, con un elemento de calidad en la gestión que le quita a ese gasto social todas las posibles distorsiones por proselitismo o paternalismo, exigiendo rendimiento a los programas que se respalde.
En muchas ocasiones he planteado la necesidad de retroalimentar una suma mínima de esos fondos previsionales a los denominados venturing capital, capital de riesgo o para incubación de empresas, que se dirija a proyectos productivos o de servicios del sector PYME. Nunca he sido escuchado, ni siquiera para descalificar mi idea. Sólo he recibido mensajes de adhesión de empresarios PYME, pero nunca se ha generado capacidad de cambio real de las situaciones pre-existentes.
A la distancia, uno percibe que el gobierno está con las manos atadas, sin el oxígeno de la creatividad, todavía choqueado por los escándalos de corrupción develados en Obras Públicas, y tiene una actitud reactiva que conduce a estas decisiones simplistas e impopulares como subir los impuestos.
Pero, si en el gobierno se pudieran romper los compartimentos estancos y el Presidente sentara a la mesa a equipos multidisciplinarios y multisectoriales para generar proyectos con imaginación, para luego darles la cobertura legal que se requiriera, este país podría desde hace mucho tiempo haber reactivado su economía.
Lo que ocurre lamentablemente es que no se deja espacio a la participación y los grupos tecnócratas se encierran cada cual en sus espacios, compitiendo por el poder (lo cual es otra variable desgastadora), en vez de ser creativos para proponer soluciones.
Cuando se rompen los estancos y se organiza grupos de tarea que deban transversalmente solucionar problemas, toda la organización pública se remece, pero al final termina aceptando los nuevos estilos de trabajo. Esto lo conozco por experiencia y lamento que antes de partir con una iniciativa se disparen los torpedos de quienes se sienten más cómodos y seguros en el statu quo.
Lo que acabo de proponer sería materia compartida de varios organismos, como la Superintendencia de AFP, Corfo, Ministerio de Economía, Hacienda, Trabajo, de la CUT y de muchos otros organismos que debieran construir políticas públicas innovadoras. Pero debe haber detrás un equipo técnico que diseñe y negocie en cada frente, para lograr un proyecto que pueda ser defendido ante cualquier interlocutor.
El gobierno tiene que pasar por un cambio de mentalidad para encarar los tres años que le quedan, con relativo éxito. De la calidad de las soluciones presentadas dependerá su destino político.
Y, a la fecha, esta actitud reactiva y confusa en muchos frentes, nos presenta una administración mustia, sin entusiasmo ni convicción.
(*) Consultor internacional, escritor y columnista
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