En un seminario realizado en Chile 21 con un grupo de especialistas en que se discutió la propuesta tributaria del gobierno para enfrentar sus planes sociales prioritarios, un economista planteó, «hasta cuándo vamos a tener abierto el tema de los impuestos», queja que no difiere de la que emiten los empresarios y de quienes representan sus intereses: la derecha política del país. Adelantándome a las argumentaciones, en esa reunión terminamos por concluir que «hasta siempre».
Si en algo tienen razón los críticos a la reciente propuesta tributaria del gobierno es no sincerar la verdad completa de las necesidades fiscales. Pero no por los motivos que ellos esgrimen de que el gobierno está escondiendo, detrás de una propuesta destinada a financiar la reforma de la salud y el Chile Solidario, un déficit fiscal que se quiere llenar con los nuevos impuestos, sino por razones más exigentes que nacen de las necesidades sociales crecientes que habrá de enfrentar la sociedad chilena en su porvenir y cuyas expresiones están ya instaladas en el presente.
Si alguien se sintió contento leyendo los resultados del Censo 2002 dados los evidentes progresos que ha experimentado el país y que se reflejan en evidentes mejorías en las condiciones de vida de la población y no reparó, de paso, en los cambios profundos de la sociedad chilena, cometió un serio error, porque esa ceguera puede ser la antesala de un peor desempeño nacional a ser registrado en el Censo del 2012. De modo que, el Censo tiene dos lecturas sobrepuestas que deben ser leídas con gran atención: la relación del presente con el pasado y su anticipación de tendencias futuras y, en consecuencia, de las nuevas tareas que tenemos por delante.
Con una esperanza de vida cercana a los 80 años de edad en las mujeres y algo más baja en los varones, junto con un descenso de la tasa de fertilidad, Chile muestra un perfil demográfico distinto, con una sociedad que envejece y cuya tendencia al envejecimiento se acelera.
Con una población mayor de 60 años que en un 90% se atiende en la salud pública, este grupo provoca los más altos costos de salud por el tipo de enfermedades que experimenta, y que está pronta a salir del mercado de trabajo, estando sólo la mitad de ella afiliada al sistema previsional y, de ésta, probablemente, la mitad será sujeto de pensiones mínimas, las presiones fiscales que se experimentarán para absorber tales demandas de salud, previsionales y de pensiones asistenciales serán crecientes en el tiempo y de una fuerza que hoy no sospechamos.
Para qué hablar de lo que esconden los promedios, como lo es la situación de la mayor expectativa de vida de las mujeres quienes, por su menor incorporación en el mundo del trabajo, en la vejez quedan desprotegidas por estar fuera del sistema de seguridad social, dependiendo del 50% de exiguas pensiones de viudez que heredan de sus cónyuges, cuando es el caso.
En los últimos diez años creció velozmente la tasa de participación laboral de las mujeres que en la actualidad es todavía baja con un 35% promedio, si bien las mujeres menores de 35 años tienen una tasa de participación bastante mayor, del orden del 50%. De modo tal que, lo que hasta hace pocos años era cubierto en el espacio doméstico, hoy pasa a ser demandado al espacio público, como lo es la atención de los niños y el cuidado de los adultos mayores, si tomamos en consideración que uno de cada cuatro hogares tiene en la actualidad a una persona anciana. Esas tareas que se desarrollaban al interior de los hogares deben ser cubiertas por prestaciones públicas que en el día de hoy son insuficientes y que, de seguir la tendencia, serán aún más limitadas a futuro si no crece drásticamente la educación parvularia y los servicios sociales para adultos mayores.
Los conflictos universitarios que, año tras año, provocan paros, tomas y movilizaciones callejeras, son expresión de un hecho que nítidamente muestra el Censo, como lo es el decrecimiento de la deserción en la educación media y el aumento de la cobertura de la educación superior, con una población estudiantil que se ha duplicado en la última década, con jóvenes que provienen ya no sólo de los hogares acomodados, sino de sectores con menores ingresos. Y la matrícula en la educación superior seguirá creciendo a un ritmo aún mayor que en el último decenio. Heredado un sistema de créditos que tiene una alta morosidad histórica y con una masiva población estudiantil que reclama acceso a las universidades y centros de formación técnica, la presión fiscal será previsiblemente creciente, como lo es, sin duda, la necesidad del país por contar con una mayor y más calificada mano de obra.
Ni qué hablar del proceso de urbanización y los fenómenos que le son propios, como lo es el aumento de la violencia pública, con mayores índices de criminalidad, modificaciones en las pautas de consumo en que la ingesta de droga aumenta, así como los cambios que experimentan las relaciones interpersonales en que la violencia se extiende a los colegios y al espacio privado: más de la mitad de las mujeres ha vivido alguna forma de violencia intrafamiliar en este último período y un tercio ha sufrido abuso sexual. Las necesidades de tratamiento sicológico y ya no sólo médico, de rehabilitación y prevención ante estas problemáticas, se cruzan con medidas curativas y punitivas, todas ellas aumentando los costos financieros en que se incurre.
En estas tendencias están implícitas las necesidades de mayor inversión en conocimientos y tecnologías, en información y conectividad, en investigaciones, estudios y exploraciones que aumenten las capacidades de los recursos humanos y físicos que el país ya requiere con mayor intensidad que la disponible y que, previsiblemente, aumentará velozmente con el tiempo.
Para enfrentar las exigencias de salud, de seguridad social y previsionales que surgen de los nuevos perfiles demográficos, de prestaciones sociales por la mayor inserción laboral de las mujeres, de las necesidades de más y mejor educación, de mayores accesos y desarrollo de las tecnologías de la información, de la investigación y el conocimiento, de los problemas de la delincuencia, drogadicción, violencia en los espacios locales y doméstico e intrafamiliar, por señalar los que aparecen con mayores urgencias, Chile dispone de recursos fiscales sin duda limitados.
De los cinco países de mayor gasto social latinoamericanos, entre los que se cuenta Chile, si bien en nuestro país es donde más ha crecido el gasto social en educación y salud desde el inicio de la década pasada con el comienzo de la democracia, resulta ser que Chile es el tercero en cuanto a gasto de educación por habitante, debajo de Argentina y Uruguay, y el quinto en gasto de salud por habitante, debajo de los dos anteriores, además de Brasil y Costa Rica. No obstante lo cual aparece con mejores indicadores sociales, lo que revela, con todo lo que pueda ser perfectible, calidad y eficiencia en la gestión social pública.
O, como indican otras cifras, mientras en Chile el gasto social por habitante es en promedio de U$1.000 anuales, en los países desarrollados con los cuales hemos firmado tratados comerciales, el gasto social fluctúa entre los U$3.250 y los U$7.350 por habitante, entre 3 y 7 veces más. Mientras en Chile los ingresos tributarios están en el rango del 17% al 19% del PIB, en dichos países es, en promedio, el doble. Y mientras en Chile el estado corresponde a un cuarto del total de la economía, en aquellos países el Estado tiene una participación que supera, en promedio, el 36% de participación de sus respectivas economías.
Apostar sólo al aumento de la eficiencia pública para mejor usar el financiamiento disponible y al crecimiento como mecanismo de generación de recursos fiscales, como lo plantea la derecha económica y política, así como algunos sectores minoritarios dentro de la Concertación, es empobrecer la capacidad de respuesta de la sociedad a estas exigentes realidades y a las tendencias que están puestas sobre la mesa. Porque el monto fiscal disponible tiene un porcentaje muy alto de gasto inercial comprometido que no puede, por ley, modificar su destinación, porque las disponibilidades fiscales actuales de todos modos tienen un techo y porque si sólo crece la economía y no cambiamos la tasa ni composición tributarias, la proporción del PIB que se destinará a los propósitos señalados será decreciente en el tiempo, mientras en igual período las necesidades por cubrir se expandirán.
Y si algo ha enseñado esta década en Chile, en América Latina y en el mundo, es que el gasto social, junto con el medioambiental y los destinados a la seguridad, son una responsabilidad indelegable e intransferible de los estados, si no queremos que empobrezca cultural y humanamente nuestra sociedad, se deteriore el capital social, se agudicen las indefensiones de los trabajadores que viven en cambiantes y volátiles mercados laborales socialmente desprotegidos, si no queremos amenazar nuestra sobrevivencia y futuro con el deterioro medioambiental, ni que cunda la desprotección ante las distintas formas de violencia que amenazan la seguridad de las personas, de nuestras familias y de la nación.
Por eso, como dijimos al comenzar, el debate tributario llegó para quedarse.
*Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21
