Cuando los temas de fondo muchas veces se pierden y confunden entre la polémica que generan en los políticos, o en la defensa irrestricta de posturas partidarias, es sano aprovechar la oportunidad de recordar que cuando están de por medio intereses superiores, de país, directamente relacionados con el bien común y el deber moral de garantizar dignidad a todos, el gobierno difícilmente puede mentir o jugar con las propuestas que ofrece al país.
Finalmente, el miércoles 1 de octubre entró en vigencia el alza de un punto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 18% al 19%, luego que durante el primer semestre de este año, por meses, los partidos y especialmente la derecha rasgó vestiduras criticando la iniciativa gubernamental, en defensa de los sectores más desposeídos del país.
No es malo recordar que este proyecto de ley se aprobó con el apoyo parcial del Congreso: sólo con los votos de la Concertación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que escuchó y entendió el mensaje del Presidente Ricardo Lagos sobre la necesidad de obtener, por esta vía, el financiamiento para llevar adelante la agenda social, como su garantía que la medida no implicaría que el mayor castigo impositivo sería para los sectores con menos recursos económicos.
Pero estas líneas no tienen la intención de reavivar debates ya superados, muy por el contrario, sino que buscan plasmar mi alegría y satisfacción por la capacidad de algunos sectores de la derecha -particularmente del ámbito académico de este conglomerado- de, llegado el momento, reconocer la veracidad de las palabras del mandatario.
En los últimos días de septiembre, llegó a mis manos el vigésimo primer número de «Informe Cien», del Centro de Investigación en Empresas y Negocios perteneciente a la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo, cuyo decano es Cristián Larroulet, director del Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios de la UDI. Venía junto a una carta en la que el economista explicaba que esta edición estaba dedicada a evaluar los efectos del alza del IVA en los consumidores.
Insisto en el punto de mi satisfacción y alegría al observar que dicho informe plantea que esta última reforma tributaria, efectivamente rebaja la carga a los sectores más desposeídos del país.
Textualmente señala que «para una persona que gana el salario mínimo al mes, se le produce una rebaja en su carga tributaria de 1,7%, es decir, de casi dos días de trabajo al año. Para sueldos en torno al millón de pesos, en tanto, el mejoramiento es de 1,1%, esto es, de un día de trabajo al año».
El informe agrega que: «la nueva carga tributaria implica beneficios para los trabajadores, en términos de menor trabajo para el fisco y más trabajo con beneficio personal, lo que incentiva la búsqueda de empleo».
Estas cifras se obtuvieron de la relación que hizo CIEN del alza del IVA con los beneficios derivados de los Tratados de Libre Comercio y la disminución de aranceles a contar de enero de 2003. Mismo ejercicio que en pleno fragor del debate político por los impuestos, el gobierno pidió que se hiciera para que sin temor a perjudicar a los sectores de menos recursos, los partidos respaldaran la iniciativa en el Congreso.
Comparto, plenamente, que toda carga tributaria, por mínima que sea, no es popular, que a nadie le es agradable saber que los precios suben, aunque sea unos cuantos pesos, que en forma aislada parecen ínfimos, pero que sumados unos con otros, representan un esfuerzo, especialmente para los presupuestos más estrechos.
Pero si sabemos que este esfuerzo lo estamos haciendo en conjunto, como sociedad, que todos y cada uno en el país estamos aportando una cuota a un objetivo superior y que, además, en la lógica correcta que quienes tienen más asuman una mayor responsabilidad respecto a los que tienen menos, es posible que se haga menos difícil esta alza.
No podemos olvidar que dichos recursos son necesarios, para financiar los dos grandes ítemes de la agenda social: el Plan Auge y Chile Solidario, que buscan -en su ámbito- entregar dignidad y una mejor calidad de vida a los hombres, mujeres, niños y ancianos más desposeídos.
Mientras el Plan Auge busca entregar garantías de acceso y atención en salud, sin distinción económica para toda la población, Chile Solidario tiene el desafío de sacar de su condición de marginalidad absoluta a las 225 mil familias en extrema pobreza.
* Ministro de Planificación y Cooperación.
