¿Y quién fiscaliza a las ONG?

Existe una creciente demanda de accountability (también denominada «rendición de cuentas») hacia el Estado y el sector empresarial, los cuales han hecho importantes esfuerzos por transparentar su gestión. Mientras los principios de probidad y transparencia se han ido incorporando paulatinamente como ejes de la gestión pública, en el sector privado los códigos de buenas prácticas corporativas, junto a ciertas reformas legales, han ido recogiendo la preocupación de los agentes económicos por prevenir conflictos de intereses, evitar el traspaso de información privilegiada, cautelar los intereses de los accionistas minoritarios y otros temas similares. Y parte importante de estos avances tiene su explicación en el trabajo sistemático de organizaciones de la sociedad civil (OSC), quienes han visto en la probidad y transparencia una poderosa herramienta de cambio cultural.



Entonces, surge la pregunta: ¿y quién vela por qué las OSC se ajusten a los mismos principios? En la actualidad, las OSC están siendo objeto de fuertes críticas respecto a su legitimidad o representatividad, que se ha traducido también en una creciente demanda de «accountability» hacia estas organizaciones y que, probablemente, se intensificará en los próximos años. La legitimidad de las OSC y la confianza que despiertan en el público es el mayor activo de estas organizaciones y un recurso indispensable para su sobrevivencia, por lo que hoy se presenta una gran oportunidad para redefinir su futuro e identidad y para hacer frente a las críticas de legitimidad o representatividad que experimentan. Esta legitimidad está estrechamente vinculada con el tema del «accountability»: mientras más legitimidad tenga una organización ante la comunidad, mejores serán las probabilidades de conseguir recursos, atraer voluntarios y gozar de la confianza de todos los interesados (o stakeholders).



Ante este creciente fenómeno de «accountability», se plantea el desafío de desarrollar mecanismos para responder a esta demanda, que pueden ir desde la regulación estatal hasta el desarrollo de mecanismos de autorregulación a nivel de cada organización. El desarrollo de estos mecanismos de autorregulación y la promoción de buenas prácticas para las OSC pueden contribuir a recuperar y expandir la legitimidad y apoyo hacia estas organizaciones y a la creación de un ambiente más favorable para su funcionamiento. La sola existencia de autorregulación y de principios de transparencia y buenas prácticas contribuyen a bajar la presión de una excesiva intervención estatal en la regulación de las OSC, pues mientras mayor confianza pública se tenga en los sistemas de gobernabilidad de las OSC y en sus mecanismos de autorregulación, menor será la presión para ser regulados por los gobiernos.



Las OSC no pueden quedar ajenas a los esfuerzos que el Estado y el sector privado han hecho a favor de la transparencia. Existe, entonces, una oportunidad única para que estas organizaciones impulsen, desde su interior, el cambio cultural que tanto anhelan para otros sectores.



Francisco Orrego B. Director Área Legislativa. Fundación Jaime Guzmán E.