«Las actividades de la Planta Valdivia de CELCO han incidido significativamente en los cambios ambientales que han ocurrido en el humedal del río Cruces durante el último año» fue la tajante conclusión del hoy conocido informe que encargó la CONAMA a la Universidad Austral. Esto significa que la puesta en marcha de la planta de celulosa, en enero de 2004, hizo que rápidamente se superara la capacidad de carga del río produciéndose el descalabro ecológico en el Santuario.
Informes preliminares, no encontraban un vínculo entre la celulosa y el desastre del río Cruces. Por lo tanto, no vaticinaban un escenario muy positivo. Sin embargo, hubo un elemento clave dentro de esta justa culminación del informe: la participación ciudadana.
La fuerte movilización, en especial de los valdivianos, se convirtió en un papel fundamental, capaz de presionar y hacer escuchar su voz. Lo que, finalmente, generó la atención suficiente para forzar a las autoridades a tomar medidas drásticas, como fue el cierre de la planta en enero del presente, y asimismo, presentar con transparencia un análisis que era obvio ya que, desde el inicio de las operaciones de la Celulosa Valdivia, jamás se generó un escenario de consecuencias tan devastadoras como la muerte y migración de miles de cisnes, además del daño ecológico irreversible a este humedal.
Al hacer una revisión más detenida de este caso y del informe entregado por la UACH cabe preguntarse: ¿La planta Valdivia, cumple o no cumple con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)? Respondiendo la pregunta nos encontramos en dos escenarios: primero, la celulosa Valdivia, como toda la evidencia lo indica, no cumple con la RCA.
Esta situación es grave y demuestra la irresponsabilidad ambiental y social por parte de Celco y de los organismos encargados de fiscalizar estos cumplimientos, ya que no estarían operando de manera adecuada. De este modo, los mecanismos de alerta temprana medioambiental no funcionan y esta es una situación grave.
En el caso contrario, en que la planta estuviera cumpliendo con su RCA y con toda la normativa ambiental vigente, el problema y cuestionamiento a nuestra institucionalidad ambiental es mucho mayor y deja en evidencia su incapacidad de operar bajo su actual esquema, no pudiendo cumplir con una de sus principales funciones, es decir, la protección del medioambiente, al aplicar normativas débiles que generan estos problemas.
Esto significaría, además, que los recursos públicos y privados invertidos a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para otorgarle la resolución ambiental a este proyecto no fueron capaces de proteger el ecosistema del Santuario.
El daño aquí generado constituyen un caso emblemático en la historia ambiental del país y da cuenta, en definitiva, de un problema mayor y su necesidad imperiosa de resolver: Debemos reevaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el marco actual que rige nuestra institucionalidad e implementar nuevos instrumentos de gestión ambiental, como el ordenamiento territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica.
Necesitamos, como país, una verdadera protección a nuestro recursos naturales y con el modelo institucional vigente, no existe una protección eficaz a nuestro medioambiente. Esta debe ser una de las tareas fundamentales del próximo Gobierno de nuestro país.
Si bien el informe es un importante reconocimiento que prioriza la protección por sobre las ganancias de una empresa, hay también que recordar que la tardanza de una acción efectiva por parte de las autoridades, significó un daño que, a pesar de lo que indica la autoridad correspondiente, será muy difícil de revocar.
Esperamos que a la luz de este informe la autoridad revoque a la Planta Valdivia su Resolución Ambiental y decrete, finalmente, el cierre de la misma.
Paola Vasconi, Coordinadora Programa Medio Ambiente Fundación Terram.
