¿Es Chile más inequitativo que ayer?

Hay que saludar el vigor que ha comenzado a tener el debate sobre las desigualdades en Chile. Para quienes desde el retorno de la democracia en los tempranos noventa señalábamos que no sólo la pobreza era el grave problema social de Chile -y éramos calificados de estatistas, envidiosos de los ricos e izquierdistas nostálgicos- no queda más que manifestar nuestra alegría con esta extendida preocupación que abre, tal vez por primera vez en más de una década, la posibilidad de encontrar mayores consensos para atacar las distintas formas de desigualdad social que permanecen.



Discriminaciones que afectan a distintos sectores de la sociedad por razones de género, origen social y económico, por pertenencia a determinados grupos étnicos, así como a diferentes territorios y lugares de residencia y que limitan los accesos al trabajo y a iguales remuneraciones, a comparables calidades educacionales, de salud y previsionales. Pero también están presentes las inequidades distributivas.



Si bien persistentes muchas de estas desigualdades, hay avances necesarios de destacar, no por cómoda complacencia, sino que en reconocimiento de una trayectoria que la Concertación inició y que nos permite afirmar que, de no mediar estos avances, Chile no estaría logrando mejorar, como de hecho ha ocurrido y lo muestran los sucesivo informes mundiales del PNUD, sus indicadores de desarrollo humano, reduciendo desigualdades que caracterizaban a nuestro país a comienzos de la década pasada.



De todos los países latinoamericanos, el nuestro es el que más destina, del total de gasto público, a gasto social -dos terceras partes- lo que en la práctica permite reducir considerablemente el diferencial de ingresos que separa a los más ricos de los más pobres: sin considerar el gasto social que transfiere el estado a través de subsidios monetarios, de inversiones en educación y en salud, la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es de 14 veces y, al sumarle dichas transferencias, la distancia se acorta a 8 veces.



Proeza que casi ninguna nación latinoamericana consigue y que matiza el debate sobre la inequidad distributiva con la que se comparan los países entre sí.



Pero, no sólo transferencias monetarias directas e indirectas que van a las familias de menores ingresos de la sociedad, sino que drástica reducción de la pobreza e indigencia consideradas en términos absolutos, junto con universalización de accesos a prestaciones sociales como lo revela, a modo de ejemplo, la cobertura universal en la educación básica -fenómeno aún no totalmente generalizado en la región- y una legislación que establece la obligatoriedad de 12 años de educación y que es única en América Latina.



Asimismo, legislaciones y normas antidiscriminatorias que han tendido a reducir las exclusiones que suponían un tratamiento desigual a los ciudadanos, como es el caso de la ley de filiación que reconoce por igual a hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, derechos históricos de los pueblos indígenas, programas de igualdad de oportunidades de género, normativas que protegen la continuidad de estudios de las estudiantes embarazadas, judicialización del derecho a la salud con la reciente reforma, por mencionar muchas de las iniciativas conquistadas estos años a pesar de las fuertes resistencias de la derecha que hoy aparece cobrándole las desigualdades que prevalecen a la misma coalición de centro izquierda gobernante que promovió tales iniciativas.



Y señalo estos cambios con el propósito de plantear que, no obstante que seguimos siendo una sociedad marcada por las desigualdades, no es efectivo que somos más desiguales que ayer, y que la pronunciada inequidad que mantenemos se explica en la excesiva concentración del ingreso en pocas manos, como pasaré a demostrar.



Los datos aportados por la CEPAL en el último Panorama Social de América Latina del año 2004, son una evidencia de lo anterior. En su capítulo sobre pobreza y distribución del ingreso se constata, una vez más, lo que desde hace varios años se está mostrando como tendencia: América Latina en su conjunto tiende a la pauperización y a un proceso de concentración de la riqueza.



En ese escenario, Chile es de los pocos países que supera la pobreza rápida y masivamente y, si bien mantiene altos niveles relativos de inequidad, logra impedir su profundización e, incluso, no avanzar en ella. Al igual que con la pobreza en que Chile logró mantener la tendencia a su reducción incluso en el período post 1997 de estancamiento y desaceleración económica (pobreza que todavía afecta a menos de un quinto de nuestra población), también con la inequidad distributiva Chile ha conseguido incluso mejorar su situación relativa por comparación con varios otros países latinoamericanos que eran más equitativos pocos años atrás.



Y ello, referido estrictamente a los ingresos autónomos de los hogares, sin considerar el mejoramiento distributivo provocado con el gasto social del gobierno que reduce, como vimos, casi a la mitad la distancia entre los más ricos y los más pobres.



Según una estratificación de países de acuerdo al coeficiente Gini de distribución del ingreso, en 1990 Chile era el cuarto país más desigual de América Latina. Más de una década después, el año 2002, Chile ocupa el séptimo lugar. En el mismo período en que nuestro país mejora su situación relativa, se constata un proceso generalizado de empeoramiento distributivo: en 1990 Chile con otros 4 países latinoamericanos formaba parte del grupo con alta desigualdad distributiva. En 2002 ese grupo se amplía a 8 países, la mitad de los cuales había tenido mejores comportamientos distributivos previamente.



Si a esta información sobre distribución del ingreso agregamos los análisis comparados de pobreza, podemos tener un cuadro social más completo.



Resulta ser que, con excepción de 2 países -Costa Rica y Uruguay- todos los demás que aparecen con mejor distribución del ingreso que Chile tienen, a su vez, mayores niveles de pobreza y de extrema pobreza en sus poblaciones. Pero, no sólo eso, sino que en esos mismos países resulta ser que los niveles de pobreza están menos asociados a la tasa de desempleo (hay un mayor número de perceptores de ingreso por hogar en relación al número de dependientes en dichas familias), que a los bajos niveles de los salarios de dichos perceptores, habitualmente en trabajos precarios, de baja productividad y muy mal remunerados En cambio, en Chile, su pobreza está asociada a una menor proporción de perceptores por familia en relación al número de personas dependientes de cada hogar, es decir, es una pobreza asociada más bien a la menor ocupación, que a los ingresos del trabajo.



Pero hay otra evidencia adicional. Si se compara la situación distributiva con y sin el 10% de la población más rica, el fenómeno se complejiza. Si se analiza la distribución del ingreso con toda la población, en 2002 Chile ocupa el octavo lugar de un total de 18 países en cuanto a mala distribución del ingreso. Si se elimina del análisis el 10% de la población más rica y se aplica el coeficiente Gini al 90% restante, Chile ocupa entonces el lugar 14 entre los 18 países, revelando que es uno de los países de América Latina con menor inequidad distributiva en el 90% de la población y que, en cambio, es el país cuyo 10% más rico tiene una de las mayores concentraciones del ingreso.



Estos antecedentes aportados son relevantes para entender el tipo de inequidad que tenemos y cómo enfrentarla.



Menos pobres, mejor distribución del ingreso en el 90% de la población y mayor concentración de la riqueza en el 10% más rico, son los rasgos que caracterizan la inequidad chilena por contraste con el resto de Latinoamérica. Y esta radiografía sintetiza las tareas por delante: continuar la sostenida reducción de la pobreza, mejorar los ingresos de las familias aumentando el número de perceptores por hogar, cuestión que implica elevar consistentemente el empleo femenino y juvenil, y actuar sobre la excesiva concentración de la riqueza que impide su justa difusión en toda la sociedad, por la vía de mejores remuneraciones y con una mayor universalización de la protección social.



Clarisa Hardy. Directora Ejecutiva Fundación Chile 21.