Resulta hilarante ver al senil Daniel López sostener -a través de una declaración pública- que asume toda la responsabilidad en particular ante los hechos que investiga el ministro Sergio Muñoz por enriquecimiento ilícito, fraude tributario y otras figuras penales que apuntan a un hecho que hasta hace bastante poco no era cuestionado: la austeridad, incluso de nuestros dictadores.
Un buen amigo, que precisamente no es ni remotamente cercano a la derecha, sostenía que los dictadores que habían desolado nuestra América entre los años cincuenta y noventa, además de títeres de las administraciones estadounidenses más conservadoras, eran unos sujetos desprovistos de toda ética de servicio público y que habían usado el poder con el único objeto de enriquecerse. Muchos de ellos, probablemente por modorra intelectual, ni siquiera habían intentado sentar las bases de un nuevo orden institucional.
Pero el caso chileno, agregaba mi amigo, opinión que además escuché un sin número de veces, había impuesto por la fuerza un nuevo orden institucional, había plasmado en un instrumento constitucional su ideología y había efectuado transformaciones tan profundas a la estructura del Estado, que claramente existió un Chile que se puede delinear hasta el 11 de septiembre de 1973 y otro país irreconocible, que heredamos el 11 de marzo de 1990. La privatización de empresas del Estado, la liberalización del Sistema de Pensiones, la Salud y la Educación son parte de este nuevo Chile con el que hoy convivimos, por más reformas que se introduzcan a la carta de Pinochet y cualquiera sea la firma que lleve al pie de la misma.
Compartíamos con las demás dictaduras del continente el desprecio más absoluto por la disidencia, la que para estos detentadores del poder carecía de dignidad y había que extirpar igual como se haría con un tumor. No importa que ese tumor tuviera rostro de adolescente o de niño, como sucede con el grosero fallo dictado recientemente por la Corte Suprema, acogiendo la prescripción como causal de extinción de la responsabilidad penal en hechos que -considerados a la luz del derecho internacional- tienen un tratamiento jurídico especial, por lo aberrante de los mismos.
A la hora de analizar la chequera de Pinochet, se sostenía que al menos éste no usó el Estado y el poder que le daba el manejo a su amaño del aparato de represión de la dictadura. Todo, hasta que se empezaron a investigar a su alter ego Daniel López y se comprobó que el general se enriqueció, ocultó sus ganancias y defraudó el Fisco.
Al saber que Marco Antonio se encuentra detenido y que lo estuvo doña Lucia de López o de Pinochet -aún desconozco cual apellido usaba en la gimnasia bancaria- resulta algo violento escuchar al senador de RN, Alberto Espina, señalar que no habrá perdón ni olvido pues se trata de dineros del Fisco mal avenidos. ¿Habrá dimensionado las palabras nuestro honorable o será la desesperación de una campaña presidencial que empina mediocremente a su candidato por encima del otro del mismo sector?
Habríamos deseado escuchar las mismas palabras de este legislador cuando se imputaban al dictador y sus subalternos torturas, ejecuciones ilegales y desapariciones forzadas de personas. Para Espina y probablemente para la derecha -por cierto la que posa de liberal- hay ilícitos, los blancos, para los que no debe haber perdón y olvido mientras que para los hechos de sangre si.
¿Será posible que en la mente de un sector de la derecha el juego se acabó? ¿Qué la evidencia de un dictador como la caricatura de Noriega sea tan abrumadora, que sólo después de más de treinta años hayan descubierto, todos ellos incluyendo nuestro honorable, que bailaron y jugaron al son de nuestros valientes soldados y, entre tanto jolgorio, no se dieron cuenta que de este juego se fueron cayendo amigos y enemigos, viejos y jóvenes, que sólo algunos están hoy para recordarles lo que pasó?
La verdad es que no le creo a Espina, tampoco le creí a la UDI cuando reclutó a hijos de detenidos desaparecidos e hizo el amago de acercarse al dolor de las víctimas. La verdad es que al ver a los japoneses como recuerdan a 100 mil de los suyos que murieron calcinados por dos bombas atómicas, echo francamente de menos un acto de expiación colectiva, un homenaje y recuerdo a los que sufrieron, pero sobre todo un acto en el que se valore la dignidad del ser humano, especialmente la del distinto.
Probablemente llegará y así espero, en eso estamos muchos, el día que veamos a la derecha devastada moralmente por no alzar sus voces, el día en que les duela su cobardía y comodidad. Mientras tanto, que no haya perdón ni olvido para el fraude al Fisco cometido por Daniel López.
Afortunadamente, no depende del estado de ánimo de uno o dos senadores, sino de la voluntad decidida y asfixiante de quien se toma en serio su trabajo, un juez -como muchos- al que las cámaras y un par de fotos no lo seducen. No necesitamos de la limosna moral y oportunista de la derecha.
* Abogado. Master en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid.
