El peor de los temores ciudadanos se materializó con la decisión del Presidente Ricardo Lagos de designar al juez Rubén Ballesteros como ministro de la Corte Suprema; imponerle al país un juez que corresponde al perfil de lo que la justicia chilena tiene de más impresentable.
No se contribuye así al avance de la justicia plena. Ni tampoco se obtienen los favores de un juez, ni se rectifica su línea jurídica, dándole una oportunidad o conminándolo a hacer ahora lo que erró antes. En realidad, sólo se satisfacen los deseos de los que están interesados en bajarle el perfil a la Justicia.
Ahí están los porfiados hechos. Ellos muestran la adicción del juez Ballesteros a dar fallos favorables a la impunidad de los crímenes del régimen militar y prueban su colaboración con la justicia ilegítima de aquella época. Signos que lo convierten en un juez incapacitado ética y profesionalmente para aplicar la justicia según los criterios universales del Derecho hoy en boga.
Presentemos una objeción irrefutable. El juez Rubén Ballesteros, con su ficha jurídica, no podría ejercer en ninguna corte penal internacional puesto que sus pares de tribunales similares lo rechazarían. Estos son dos criterios que tendrían que servir de faro en la nominación de un juez a un tribunal supremo de un país democrático en un mundo globalizado.
Lo menos que puede decirse es que el Presidente Lagos está mal aconsejado y que la ciudadanía desconoce las razones que lo llevaron a tomar tal medida. Más aún cuando los propios parlamentarios del partido socialista -del mandatario- eran renuentes a su designación. Y ese «buen» Senado, proclive al conservatismo, no hizo más que ratificar la propuesta del mandatario socialista.
Las críticas y los cuestionamientos al juez Ballesteros no son antojadizos, por lo que no pueden ser desatendidos. Surgen del mismo poder judicial, de un número importante de parlamentarios de la Concertación, de abogados competentes y del movimiento social de Derechos Humanos. De un universo comprometido con una justicia liberada del lastre de un pasado dictatorial y capaz de enfrentar los dilemas del mundo contemporáneo.
En la mayoría de las democracias atentas al buen funcionamiento de sus instituciones, la elección de los jueces de las Cortes Supremas plantea serios problemas. Se trata de conciliar profesionalismo y filiación política e ideológica -no son ángeles-. Los conflictos se resuelven a través del debate público y la participación de profesionales competentes en el proceso decisorio. Buscando ese frágil equilibrio entre opinión ciudadana y criterios de competencia de expertos procedentes de diferentes corrientes del Derecho.
Chile, por su pasado reciente necesita legitimar su dispositivo de justicia con jueces cuya integridad moral y profesionalismo estén por encima de toda sospecha. Dado que esos hombres y mujeres de Derecho existen en Chile, y que forjaron su concepción de la justicia enfrentando a una tiranía, es aún más difícil entender las razones que llevaron al Presidente Lagos a tomar tal errónea y apresurada decisión.
Una incongruencia evidente en momentos en que se remoza la Constitución y se proclama con bombos y platillos la entrada de la República al rango de democracia plena.
Una vez más se da la misma constante en la Concertación y dentro del partido socialista, la tienda política de la candidata oficial. Las razones por las cuales se toman importantes medidas políticas permanecen ajenas al debate ciudadano. Como si ésta fuera una actividad que hubiera que ahogar a toda costa, que contaminara la pureza de las decisiones tomadas por espíritus iluminados ajenos a la contingencia.
Desde otra ventana, un espectáculo que obedece a la misma lógica. La designación del candidato a Senador Alejandro Navarro en su pugna con José Antonio Viera-Gallo fue también un asunto de elites que se desgarran entre ellas. Se presumen las razones de tal nominación. Pero ni los sectores que adhieren a una «mirada ciudadana» sobre los poderes tienen la voluntad para debatir las diferencias de ideas y los proyectos políticos de los candidatos en el espacio público.
Las elites del partido designan al candidato por el cual los ciudadanos tendrán que votar. En abierta contradicción con el espíritu de las constituciones democráticas donde todo ciudadano puede presentarse a una elección(*). Realidad que el binominalismo contribuye a empeorar.
Las democracias modernas se alejan del ideal democrático. Se transforman en doblemente representativas; los ciudadanos están obligados a elegir a sus representantes entre los candidatos negociados por las elites partidarias que supuestamente representan corrientes de opinión de la sociedad. Así se limita la pobre «libertad de elegir», sin embargo, tan venerada por las democracias liberales.
Se reproduce también, lejos de las multitudes ciudadanas, con decisiones apresuradas e incoherentes, el universo práctico y simbólico de las elites políticas. Además, sus intereses inmediatos -derivados de la reelección- se convierten en prioritarios. Instalándose en el campo de la política una dinámica de divorcio con la vida ciudadana, lo que los politólogos llaman la «Crisis de la representación».
Pero cuando las decisiones del Poder Ejecutivo se autonomizan al punto de ir en contra de las posiciones de los representantes electos del partido oficial en el parlamento -como en el caso del juez Ballesteros a la Suprema- la decisión es más de carácter monárquica que democrática. Una tendencia cada vez más presente en las democracias liberales que sólo puede ser revertida con participación y presión ciudadana.
(*) A condición que tenga tiempo, dinero, poder y redes de influencia.
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Leopoldo Lavín Mujica es Profesor de Ética y Política del Departamento de Filosofía del CollÄge de Limoilou, Quebec, Canadá
