Recientemente, un conjunto importante de gremios dirigido por la CUT firmó un acuerdo con el gobierno en el cual se establece el pago de una bonificación reajustable de 50.000 pesos mensuales a todos los trabajadores del sector público afiliados a las AFP, que hayan cumplido la edad de jubilación y satisfagan los siguientes requisitos: 20 años de servicio, una tasa de reemplazo líquida inferior al 55% y acceder a una pensión inferior a 600.000 pesos mensuales.
El acuerdo es importante, puesto que reconoce el problema del daño previsional y lo corrige en parte, especialmente para los jubilados del sector público de menores remuneraciones, para quienes la reparación es muy significativa. No es el caso de los empelados públicos (EEPP) con remuneraciones mayores, para quienes el daño provisional es muy superior.
En promedio, el daño previsional de los EEPP es superior al 50% de las jubilaciones y como el promedio de éstas en el antiguo sistema es de 359.332 pesos mensuales, en un cálculo simple, el daño promedio es superior a 180.000 pesos mensuales para estos trabajadores. En el caso de las personas que tendrían acceso a la jubilación tope si hubiesen permanecido en el sistema antiguo -como profesores que tengan cargos directivos o todos sus bienios y perfeccionamiento, por ejemplo-, el daño previsional es superior a 350.000 pesos mensuales.
En otras palabras, el acuerdo logrado, si bien constituye un paso adelante, deja todavía un largo trecho por recorrer hasta resolver el problema en su totalidad.
Adicionalmente, el número total de personas afectadas no se limita sólo a los EEPP, sino son todos los ex cotizantes del sistema antiguo que tienen bono de reconocimiento emitido y, por lo tanto, no pueden volver, los que suman 1.471.952 personas. Todas ellas fueron forzadas en mayor o menor medida a cambiarse, estimulados además por una propaganda engañosa que les prometía mejores pensiones, promesa que no se ha cumplido, ni mucho menos. Todos ellos que están alcanzando la edad de jubilar, en la mayoría de los casos, se encuentran con que sus pensiones AFP son menos de la mitad de las que obtienen sus colegas de similar edad y remuneración, que lograron permanecer en el sistema antiguo.
La causa principal del daño es que en el sistema de AFP, la jubilación depende del fondo acumulado en la cuenta de cada trabajador. Éste, a su vez, depende principalmente de las cotizaciones de los primeros años, puesto que son esas las que acumulan intereses durante más años.
Ocurre, sin embargo, que el bono de reconocimiento (BR), que reconoce las cotizaciones previas a 1981, fue calculado en base a remuneraciones de 1978, 79 y 80, las que fueron históricamente bajas. Como es sabido, después del golpe militar, los salarios reales se redujeron aproximadamente a la mitad. Las remuneraciones se mantuvieron asimismo muy deprimidas durante los años 1980, cuando casi un tercio de la fuerza de trabajo estuvo cesante durante la crisis de esos años. Por consiguiente, el BR y todas las cotizaciones de estos primeros años fueron muy bajas. Sólo a partir de mediados de los años 1990, las remuneraciones empezaron a repuntar y recién en diciembre de 1999, recuperaron su poder adquisitivo de principios de los años 1970.
En el caso de los empleados públicos, la situación descrita se agrava por dos motivos. Primeramente porque sus remuneraciones se redujeron todavía más, a alrededor de la tercera parte, después de 1973. Adicionalmente, el Estado les calculó los BR y les cotizó durante buena parte de los años 1980, por sólo parte de sus salarios.
Una pensión básica universal, como ha sido propuesta por la Fundación para la Superación de la Pobreza, la CUT, CENDA y la candidatura de Juntos Podemos, entre muchos otros, constituye una reparación parcial al daño provisional en forma más general. Ésta puede alcanzar en pocos años un monto de 100.000 pesos mensuales, a los cuales se sumaría la jubilación que pueda financiar las AFP.
Sin embargo, es necesario ofrecer también a aquellas personas que cuentan con un daño previsional mayor, es decir todas aquellas que fueron obligadas a cambiarse de sistema, la posibilidad de optar entre jubilarse por el sistema de AFP o volver al sistema antiguo, con los descuentos que correspondan por las menores cotizaciones efectuadas.
Una reforma a fondo al sistema previsional chileno es tarea de todos. No es posible que el lobby de una industria privilegiada, como son las AFP y las empresas privadas en general que se benefician con los ahorros previsionales obligatorios de los trabajadores chilenos, siga imponiendo su voluntad sobre toda la ciudadanía -e intentando convencerlas, en una campaña millonaria financiada con cargo a sus propias cotizaciones, que vivimos en el mejor de los mundos en esta materia. Pensamos que se debe levantar un gran movimiento nacional, en el que participen todas las chilenas y chilenos sin distinción ninguna, todas las organizaciones sociales y en primer lugar a la CUT y todas las organizaciones de trabajadores, destinado a promover una reforma previsional. La propuesta anterior puede servir como un aporte a esa discusión que se inicia.
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Manuel Riesco es economista del Centro de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda)
