El daño previsional es un «zapato chino», ha afirmado recientemente la presidenta del PDC, Soledad Alvear a dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados fiscales (ANEF). Tiene toda la razón. Las AFP están entregando jubilaciones que no alcanzan a la mitad de las del INP, a personas de historias laborales similares, y la pretensión de resolver ese problema en base a subsidios adicionales representa una carga insostenible para el Estado. La solución es restablecer gradualmente un pilar de reparto, de modo que parte de las cotizaciones de los trabajadores en actividad garanticen a todos los pasivos jubilaciones definidas, que no dependan de los avatares de los mercados financieros y tengan montos al menos similares a las que ofrece hoy el INP. Como una ventaja adicional, las cotizaciones de los trabajadores dejarán así, gradualmente, de engrosar los bolsillos de un puñado de grupos económicos, que es donde han ido a parar desde hace un cuarto de siglo.
El daño previsional de hoy, se origina principalmente en los bajos sueldos de los años 1970 y 1980, que sirvieron de base al cálculo de los bonos de reconocimiento (BR) y las cotizaciones de entonces. Las remuneraciones de aquellos años fueron las más bajas del pasado reciente, puesto que fueron reducidas a menos de la mitad de su nivel anterior al golpe de Estado. En el caso de los EE.PP. ello se agravó por dos circunstancias. En primer lugar, porque sus salarios se redujeron a la tercera parte después del golpe, y además, se consideró sólo una parte de sus remuneraciones para efectos de calcular BR y cotizaciones, hasta 1993. Es sabido, por otra parte, que en los sistemas de capitalización, las cotizaciones que más importan son las primeras, puesto que se incrementan más con intereses acumulados.
A todo ello, se agregan los elevados costos de administración de las AFP y las comisiones de sus Cías de seguros relacionadas, que se han embolsado al menos dos terceras partes de la rentabilidad de los fondos de pensiones (ver documento «factibilidad de reintroducir gradualmente un pilar de reparto,» anexo a propuesta previsional CENDA en www.cendachile.cl/reforma_previsional ). Especialmente afectados por estos últimos factores han sido quiénes se han visto forzados, usualmente por largos períodos de desempleo, a optar por jubilación anticipada. Ellos han visto desaparecer más de la mitad de su ya reducidas pensiones esperadas a la edad de jubilar. En su caso, las solas comisiones cobradas por las Cías de seguro alcanzaron en un momento hasta el 7% del fondo acumulado.
Es decir, si bien en el caso de los EE.PP el daño previsional es más significativo, el mismo afecta a todos quiénes se cambiaron de sistema después de 1981. Prácticamente todos obtendrán pensiones inferiores a las que hubiesen logrado si hubiesen tenido la oportunidad de pensionarse por el sistema antiguo, incluso luego de efectuar las correcciones por el menor descuento al cotizar en el sistema de AFP. También resultan afectados, sin embargo, por varios de los mismos factores anteriores, quiénes se incorporaron directamente al sistema de AFP con posterioridad a 1981. En particular, todas las mujeres que están en AFP tienen daño previsional, puesto que el sistema antiguo les reconocía a los 60 años el derecho a jubilar en iguales condiciones que los hombres a los 65, mientras en las AFP, sus pensiones resultan inferiores muy inferiores a esa edad, y aún si jubilan a los 65 años o después, dada su mayor expectativa de vida. Lo mismo ocurre con los afiliados casados, a quienes se agrega la esperanza de ida de su cónyuge.
La magnitud del daño previsional ha sido documentada con precisión en el caso de los EE.PP.. Un estudio basado en más de diez mil casos individuales, recopilados por la Agrupación contra el Daño Previsional (ver documento «daño previsional,» anexo a propuesta previsional CENDA en www.cendachile.cl/reforma_previsional), muestra que en el caso de los afiliados a AFP que cumplieron edad de jubilar el 2000, por ejemplo, sus jubilaciones promedio alcanzaban $192.417 mensuales, mientras que de haber permanecido en el INP, las mismas hubiesen promediado $482.567. Es decir, su daño previsional alcanzaba a $290.150 mensuales, en promedio. La corrección por las menores cotizaciones efectuadas, distribuida a lo largo de su vida de jubilado, sumaba apenas $17.028 mensuales, es decir, su daño neto alcanza a $264.113 al mes. En el caso de los sueldo más altos, este daño es muy superior y supera en miles de casos los $400.000 al mes (todas estas cifras en pesos del 2000). Por ese motivo, no es extraño que los EE.PP. de mayores sueldos rechazaron la «solución» propuesta por el gobierno de Lagos, y reiterada por Alvear -extraño en un PDC que se dice defensor de la clase media-, que consiste en suplementar sus pensiones con $50.000 mensuales.
Para dar una idea general de como este problema afecta a la clase media, es interesante analizar las personas que obtienen la pensión INP tope, que actualmente está fijada en $820.233 mensuales. En el sistema público, obtienen dicha pensión todas las personas que hayan alcanzado la edad de jubilar (mujeres de 60 y hombres de 65), que ganen un salario promedio igual a ese monto durante los últimos años (tres los EE.PP., cinco los EMPART), y que tengan más de 35 años de cotizaciones.
Alternativamente, pueden obtener esa pensión si ganan más que eso y tienen menos años, puesto que la fórmula de cálculo más usual en el INP es dividir el sueldo promedio de los últimos años por 35 y multiplicar ese valor por el número de años efectivamente cotizados. Varios miles de afiliados al INP cumplen con estos requisitos -a diciembre del 2004, recibían pensiones tope 6.611 jubilados del INP-, entre ellos buena parte del profesorado, por ejemplo, que en su mayoría son mujeres. Sin embargo, para que un afiliado a las AFP pueda obtener dicha pensión, tiene que disponer al jubilar de un fondo de aproximadamente 200 veces la pensión mensual, es decir, superior a los 160 millones de pesos. ¿Tiene Ud. esa cantidad en su cuenta? ¿Cuántos afiliados a las AFP cumplen actualmente con este requisito? Según las estadísticas de la SAFP, a diciembre del 2004, sólo 2.723 afiliados (el 0.04% del total) tenían un saldo superior a 100 millones de pesos, lo que les asegura una pensión superior a $500.000. En el INP, en cambio, varias decenas de miles de pensionados obtienen jubilaciones superiores a ese monto.
Las AFP y la UDI, partido que sienta a dueños de las primeras en su comisión política, proponen con entusiasmo otro tipo de «solución,» que consiste en que el Estado traspase a las AFP los fondos adicionales necesarios para financiar el daño. En el caso antes visto, debería abonar $44.002.105 (cuarenta y cuatro millones de pesos) por cada uno de los afectados, en promedio. Aunque el daño previsional disminuye para quiénes cumplen edad de jubilación en los años sucesivos al 2000, el valor presente de los bonos adicionales que el Estado tendría que traspasar a las AFP para resolver el problema resulta del orden de 14,4 billones de pesos, lo que es alrededor de un quinto del PIB, o el equivalente aproximado del presupuesto fiscal total de un año.
La inmensa cifra anterior, sin embargo, sólo resolvería el problema de los EE.PP,, que si bien son los más afectados, son los menos en número, si se considera la necesidad de reparar a todos los que se cambiaron, y en definitiva a todos quiénes jubilen por AFP, especialmente a las mujeres. Los EE.PP que se pasaron a AFP, jubilados y activos, son 175.680, pero no representan sino poco más de un décimo de quiénes se mudaron en 1981 y años siguientes, y que suman 1.471.952 personas, jubilados y activos. Mirado desde otro ángulo, el problema afecta hoy a todos los que ya jubilaron por vejez en AFP, que suman poco menos de 150.000, y se incrementan cada año aproximadamente en alrededor de 15.000 personas, en la actualidad.
Claramente, los recursos fiscales no alcanzan para resolver este problema ni siquiera en parte menor, puesto que los mismos deberán destinarse íntegramente hacia el futuro a otorgar pensiones básicas no contributivas a todos aquellos cuyo daño previsional alcanza a la condición de «pérdida total,» puesto que no tienen capacidad de ahorro ni siquiera para financiar una pensión mínima. Como se sabe, ellos constituyen casi dos terceras partes de los afiliados a las AFP. Felizmente, los recursos fiscales alcanzan para dar a todos ellos una pensión básica de $100.000 mensuales, como ha demostrado un estudio del INP, y como propone, aunque de manera diferida y por un monto algo menor, la propia comisión asesora presidencial. Dichos recursos son suficientes para este objeto, a condición de mantener su nivel actual hacia el futuro, como proporción del PIB, y no reducirlo, como proponen Eyzaguirre y Libertad y Desarrollo, únicos críticos desde la derecha al informe de la mencionada comisión, aparte de las propias AFP.
Es decir, los recursos fiscales son suficientes para resolver el problema previsional de las dos terceras partes de menores ingresos de los afiliados a las AFP, pero no alcanzan para resolver el daño previsional de la clase media, ni por asomo. Estamos, en consecuencia, en un «zapato chino,» como dice Alvear.
Felizmente existe una solución, que asegura una pensión pública al 85% de la población adulta mayor (hoy la recibe el 75%) por un monto mínimo de $100.000 al mes, sin más requisito que la edad. Adicionalmente repara íntegramente el daño previsional del conjunto de los afiliados a las AFP. Es decir, garantiza a todos una pensión al menos equivalente a la que perciben hoy los beneficiarios del INP. La factibilidad de esta solución ha sido evaluada cuidadosamente desde el punto de vista financiero, en un horizonte que alcanza al 2045 y más allá, y se demuestra que la misma no requiere aumentar el nivel actual de gasto público destinado a pensiones, sino mantenerlo como proporción del PIB. Por otra parte, requiere aumentar muy pausadamente el porcentaje de descuento a los salarios destinado a cotizaciones previsionales, ciertamente esta vez con cargo a los patrones, hasta alcanzar hacia mediados de siglo niveles similares a los que tienen hoy países más desarrollados que el nuestro. (ver documento «factibilidad de reintroducir gradualmente un pilar de reparto», anexo a propuesta previsional CENDA en www.cendachile.cl/reforma_previsional).
Sin embargo, dicha solución requiere del «zapato chino» que la dictadura dejó calzando a los chilenos, que no es otro que un sistema de pensiones contributivas -el único en el mundo- basado exclusivamente en la capitalización individual, y se vuelva a introducir gradualmente el sistema de reparto. De esta manera, gradualmente, las cotizaciones de los trabajadores volverán a destinar a financiar pensiones. Las mismas constituyen el flujo más estable de la economía, alcanza de sobra para pagar las pensiones actuales, siempre dejó superávit en el pasado, y crece a un ritmo que duplica el aumento de los adultos mayores.
Hoy día, en cambio, y desde hace un cuarto de siglo, se destina a préstamos o aportes de capital para un puñado de grupos económicos, y a satisfacer la voracidad de las AFP y sus Compañías de seguros coligadas. En efecto, el balance del sistema de AFP desde 1990 a 2005 es el siguiente: cotizaciones ingresadas al sistema, 23 billones de pesos; pagos de pensiones, 4.4 billones de pesos; traspasos fiscales por bonos de reconocimiento, 4.4 billones de pesos. Es decir, todas las pensiones que pagaron las AFP se financiaron con fondos estatales, mientras tanto, el 80 % del fondo fue a parar a manos de grupos económicos privados, la mitad de esa norme suma está en poder de sólo 12 grupos en el país y 8 grupos en el extranjero. El otro 20% ha sido prestado al Estado.
La reforma en curso difícilmente puede tener legitimidad si no se propone al menos reparar la injusticia que haya dos tipos de jubilados, los del INP y los de AFP, y los primeros reciban el doble en pensiones. Ello no es posible sin volver a introducir gradualmente hoy el sistema de reparto.
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Manuel Riesco. Economista de Cenda (mriesco@cendachile.cl).
