La derecha, las crisis, las guerras y lo que el caso Orbán le enseña a José Antonio Kast

Con la ultraderecha ya como un actor protagónico en gran parte del hemisferio occidental, una pregunta que cada vez más investigadores y analistas se hacen es la siguiente: ¿por qué a la ultraderecha le acomoda tanto la crisis? (y no solo la crisis de seguridad o la cultural, sino también la económica).

Ya sea una guerra, un desastre o un “caos” heredado de gobiernos anteriores, las emergencias sirven para imponer reformas de fundamentalismo de mercado que, en condiciones normales, difícilmente sobrevivirían el escrutinio democrático. Lo que estamos viendo en Chile lo ilustra con precisión.

Crisis y mercado como solución

A menos de dos meses de mandato, el Gobierno de Kast presentó su “Ley de Reconstrucción Nacional”. El relato habla de reconstruir un país devastado por el estallido social y por el desorden económico del Gobierno de Boric.

En la práctica, se trata de un paquete de contrarreformas estructurales: rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, perdonazo a capitales en el exterior con un impuesto único reducido y una serie de desregulaciones de programas de ayuda social.

Todo esto se ancla en un contexto de guerra. El conflicto entre Estados Unidos e Irán se usa para justificar un alza histórica de combustibles con la desregulación de los mecanismos de estabilización, mientras se “libera” el precio al consumidor.

Al mismo tiempo, un decreto de Hacienda recorta $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social, golpeando programas de niñez, pueblos indígenas y juventud, mientras se discuten rebajas de impuestos al gran capital con el argumento de “reactivar la inversión”.

Esta agenda sigue la estrategia de la ultraderecha de usar las crisis para implementar políticas neoliberales muy estrictas, presentándolas como soluciones a la inestabilidad económica y social, cuando en realidad alteran las reglas del modelo. El diseño se asemeja a la ley ómnibus de Javier Milei en Argentina: un solo paquete gigante y urgente que mezcla desregulación, privatizaciones, recortes de derechos y más poderes para el Ejecutivo, justificándose en la crisis inflacionaria dejada por los gobiernos peronistas.

La noción de neoliberalismo autoritario ayuda a entender esta situación: en lugar de ver la democracia y el autoritarismo como opuestos, se usan las reglas democráticas, como decretos, estados de excepción y leyes de urgencia, para llevar a cabo medidas económicas que, en otras circunstancias, enfrentarían resistencia. En momentos de crisis permanente, se activan los mecanismos legales y coactivos, se restringen libertades, se recorta el gasto social y se blindan los intereses del capital, en nombre de la estabilidad.

Así, la guerra en Oriente Medio se convierte en el argumento para justificar el encarecimiento de la vida diaria. Los incendios y las catástrofes sirven como pretextos para acelerar permisos, flexibilizar normas ambientales o recortar programas sociales. El estallido social y el gobierno de Boric están marcados por un trauma que legitima un giro hacia un “orden” autoritario y un mercado desregulado.

La derrota de Orbán como advertencia

Lo que está intentando hacer Kast forma parte de un repertorio que ya se probó en otros gobiernos de ultraderecha. El caso más emblemático es Viktor Orbán. Durante 16 años, Hungría fue el ejemplo preferido de cómo combinar crisis, identidad conservadora y concentración de poder para sostener un proyecto de “democracia iliberal”.

Kast lo sabe: como Presidente electo viajó a Budapest, elogió las vallas fronterizas húngaras como modelo para su “Plan Escudo Fronterizo” y afirmó que tanto Hungría como Chile “valoran las sociedades tradicionales basadas en la familia.”

En Hungría, Orbán usó mayorías parlamentarias para reescribir reglas del juego, socavar la división de poderes, controlar tribunales y medios y construir una red de empresarios amigos beneficiados por el Estado. Al mismo tiempo, presentó crisis como la migratoria, la inseguridad o la guerra en Ucrania como argumentos para centralizar poder político y ajustar el modelo económico sin debate.

Durante un tiempo funcionó. Pero cuando la economía dejó de acompañar, el experimento se quebró.

En 2022, Hungría tuvo la inflación más alta de la Unión Europea, con dos dígitos y alzas cercanas al 50% en alimentos; en 2023 los precios siguieron disparados y el crecimiento se estancó, con el desempleo al alza. A eso se sumó el golpe de Bruselas: por violaciones al Estado de derecho y corrupción, la Comisión Europea congeló miles de millones de euros en fondos.

En ese contexto, el “modelo Orbán” dejó de ser novedad y pasó a verse como estancamiento y saqueo. Si Budapest fue el laboratorio que Kast tomó como inspiración, este caso otorga un dato clave para Chile: Orbán no cayó frente a la izquierda, sino frente a Péter Magyar, un conservador que prometió recomponer servicios públicos, destrabar fondos europeos y combatir la corrupción sin salir del campo de la derecha. El electorado no abandonó el conservadurismo; abandonó a quien fracasó en términos materiales.

¿Qué lecciones deja todo esto?

Lo que une la “Ley de Reconstrucción Nacional” de Kast con la ley ómnibus de Milei, la derrota de Orbán y la guerra de Trump en Oriente Medio no es solo la retórica de orden o la guerra cultural: es el método. La crisis se convierte en escenario ideal para avanzar agendas de fundamentalismo de mercado. El autoritarismo aparece como decreto, paquete legislativo, recorte “técnico” y reforma “inevitable”.

El caso Orbán muestra que ese modelo tiene límites muy concretos: cuando la inflación devora salarios, cuando la corrupción se hace visible y cuando la promesa de crecimiento no se cumple, incluso electorados conservadores pueden buscar otra derecha.

La pregunta en Chile es si se llegará a ese límite antes o después de que las reformas de Kast se mantengan durante décadas. Esto incluye la deseada estabilidad en los impuestos, recortes permanentes y una nueva estructura institucional que elimine del debate democrático cualquier opción de redistribución.

La pregunta entonces es: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un proyecto que necesita crisis y guerra para gobernar?

También te puede interesar: