Las violentas manifestaciones de trabajadores de empresas subcontratistas de Codelco en El Teniente y otras cuatro minas suponen una amenaza sobre uno de los pilares del modelo chileno de desarrollo: la paz social. Esta, junto con el consenso sobre las reglas del juego económico y la orientación política a la equidad, han conformado hasta ahora la trilogía virtuosa sobre la cual se ha construido la democracia en el Chile post dictadura.
Paradójicamente, esto ocurre en medio del denominado gobierno ciudadano propuesto por Michelle Bachelet, y cuando el país vive su mayor bonanza en materia de recursos fiscales y crecimiento económico, en muchos años.
La actitud crecientemente beligerante de los huelguistas y la respuesta amenazante de las autoridades son un indicio claro de un agotamiento de los mecanismos de diálogo entre los actores. La casi nula sensibilidad fiscal que domina el ambiente, nítidamente expuesta en la batalla de los mil pesos planteada por el ministro de Hacienda durante la discusión del salario mínimo, favorece un marco cultural preocupante al respecto.
Ya quedó en evidencia con las manifestaciones laborales de comienzos de mayo en el Golfo de Arauco que los trabajadores se han replanteado su estrategia sindical, y están pasando a una fase de coordinación interempresa, con el objetivo de lograr una negociación colectiva ampliada. Esto, con la convicción de que la única forma de lograrla es con fuertes y masivas movilizaciones, debido al cuestionamiento de su legalidad. Sectores como el forestal, el retail y el minero, se prevén como los más expuestos.
Por lo tanto, no hay sorpresa en que los subcontratistas de Codelco se movilicen y reclamen mejores condiciones de trabajo, involucrando a cuatro regiones del país, buscando la mayor amplitud de fuerzas. Pero sí reporta sorpresa el tono violento y radical de las protestas, así como la respuesta confrontacional del gobierno. De mantenerse ambas, el riesgo de un desborde, con serias desgracias que lamentar, estaría muy próximo.
Se dice que para manejar adecuadamente un conflicto lo fundamental es ponerse en el lugar del otro y comprender la motivación profunda de sus acciones. En el caso del gobierno, es fácil entender que deba recurrir al rigor de la ley para detener cualquier desmán. Pero no es necesario que recurra a la amenaza ni a la negación social de algo que aparece como real y profundo: el sentimiento de frustración de grandes sectores de trabajadores por la precariedad de sus condiciones laborales y su convicción de que juntos pueden más.
Las desigualdades salariales ante similares labores, las precarias condiciones materiales de desempeño, la falta de estabilidad laboral y las carencias de prestaciones de salud y escolaridad, son problemas que, mantenidos en el tiempo, necesariamente terminan por explotar, normalmente de la peor manera.
Por lo mismo, más allá de la condena de la Federación de Trabajadores del Cobre a los huelguistas, que hace suponer una derrota de éstos, es necesario intentar percibir la profundidad emotiva que mueve a los huelguistas. Escapar de los clichés de autoridad, prevenir un escalamiento de los hechos, no cansarse de preguntarle a los ejecutivos de la minera estatal sobre cuál es el pliego y dialogar.
Todo indica que la negociación interempresa vuelve por sus fueros. Bien implementada, podría llegar a ser una formula saludable para regular las relaciones entre trabajadores y empresarios, por lo menos en algunos de los sectores de nuestra economía. En todo caso, no es cuerdo ni es razonable que, en el camino hacia ella, se termine con la paz social en Chile.
