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Pfeiffer y Podlech

por 30 agosto, 2008

Estos dos casos nos ilustran las profundas debilidades que continúan afectando a nuestros poderes e instituciones públicas respecto de la justicia frente a crímenes de lesa humanidad. Tanto los tribunales de justicia, los gobiernos y los partidos políticos de la Concertación han demostrado en ambos casos -directa o indirectamente- graves faltas de compromiso con el respeto de los derechos humanos.
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Por Felipe Portales



En el caso Pfeiffer, hemos observado atónitos como la Corte Suprema ha propuesto insistentemente en sus quinas a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que sistemáticamente se ha pronunciado, en el ejercicio de su labor, a favor de la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en nuestra historia republicana. Además, dicho ministro ha aplicado criterios que contravienen abiertamente la jurisprudencia adoptada por la Sala Penal de la propia Corte Suprema, respecto de la aplicación del decreto-ley de amnistía en casos de desapariciones forzadas de personas.



Más atónitos hemos quedado aún con el hecho de que la presidente de la República haya escogido dicho nombre para proponerlo al Senado, como futuro miembro de dicha Corte. Y, peor aún, que la mayoría de los senadores concertacionistas -Ä„incluyendo varios socialistas!- hayan estado en un primer momento dispuestos a ratificarlo. Gracias a una esclarecedora intervención del senador Frei en el momento del voto -quien como presidente de la República no se distinguió precisamente por la búsqueda de justicia respecto de las violaciones de derechos humanos- se logró que la mayoría de los senadores de la Concertación no avalaran tamaña aberración presidencial.



A su vez, el caso Podlech nos revela, en primer lugar, las enormes limitaciones que -pese a los significativos progresos experimentados luego de la detención de Pinochet en Londres- todavía revelan nuestros tribunales, a la hora de impartir justicia respecto de crímenes contra la humanidad. Ha tenido que ser la Justicia italiana la que se encargue de procesar a quien, de acuerdo a diversas acusaciones de víctimas o familiares de ellas, podría ser responsable de la tortura y desaparición forzada de personas -incluyendo un sacerdote italiano- en la zona de Temuco, luego del golpe de Estado de 1973.



Por otro lado, la ausencia de reacción del gobierno de Bachelet y de los partidos de la Concertación frente a la detención de Podlech en España y su entrega a Italia -así como las que en su momento tuvo el gobierno de Lagos y el liderazgo concertacionista frente a la detención en Argentina del general Joaquín Ramírez Pineda- nos revela, por contraste, la falsía del gobierno de Frei y de quienes hegemonizaban el liderazgo de la Concertación cuando defendieron a Pinochet de su detención en Londres. Si en realidad -como lo dijeron reiteradamente- hubieran estado defendiendo principios como la soberanía nacional, tendrían que haber reaccionado del mismo modo en los casos de Ramírez y Podlech, ya que constituyen tres expresiones de lo mismo: la extraterritorialidad de las responsabilidades penales en casos de crímenes de lesa humanidad. O si hubieran modificado auténticamente sus opiniones, valorando ahora positivamente esta extraterritorialidad, es evidente que estarían reconociendo sentidamente el profundo error histórico cometido a favor de Pinochet.

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