Los opinólogos de siempre plantean con vigor que la Dirección del Trabajo debiera ser depurada para que de una vez por todas garantice imparcialidad en su accionar. Las críticas se centran en que usualmente termina por aplicar la ley laboral a favor de los trabajadores y no de las empresas…
Por Diego López F.*
La enredada polémica sobre la ley que obligó a las empresas a igualar el sueldo base con el salario mínimo y amplió el beneficio de la semana corrida, ha vuelto a demostrar que en Chile la distinción entre lo político y lo técnico en materia laboral es interesada y que con ella se pretende legitimar ideas preconcebidas: que la mejor decisión regulatoria es la que favorece a las empresas.
Los opinólogos de siempre plantean con vigor que la Dirección del Trabajo debiera ser depurada para que de una vez por todas garantice imparcialidad en su accionar. Las críticas se centran en que usualmente termina por aplicar la ley laboral a favor de los trabajadores y no de las empresas, lo que constituiría una inequitativa y exacerbada politización. Sin embargo, a nadie parece sorprender cómo operaron los dirigentes empresariales para que el gobierno delimitara la ley de equiparación del sueldo base y ampliación de la semana corrida no con otra ley sino a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo.
El alegato empresarial a favor de la intervención de la Dirección del Trabajo en esta ocasión, refleja una retorcida racionalidad: cuando se tiende a decidir a favor de los trabajadores se debe a criterios políticos; cuando se tiende a defender los intereses empresariales se debe a criterios técnicos. Si hay que enmendar una ley para suavizar las responsabilidades de las empresas, los dictámenes de la Dirección del Trabajo serán bienvenidos; si son para reafirmar derechos legales de los trabajadores, no hacen más que reflejar intereses mezquinos y politizados.
En realidad, afirmar que la aplicación de la ley laboral no debe favorecer siempre a los trabajadores es una opinión política y no técnica. Puede diseñarse -como algunos han propuesto- una comisión de expertos, sin responsabilidad política e inamovibles en sus cargos, para que decidan los asuntos laborales más conflictivos en vez de la Dirección del Trabajo: su función sería política y no técnica. No siempre decidirían a favor de los trabajadores porque podría parecer político, y a veces fallarían a favor de las empresas, porque sería técnico hacerlo: operaría como un comité político y emitiría resoluciones negociadas antes que basadas en la aplicación objetiva y profesional de la ley.
¿Puede aplicarse seria y objetivamente la ley laboral? Sí. ¿La aplicación correcta de la ley laboral siempre beneficia al trabajador? No siempre, pero no debe olvidarse que se trata de una legislación protectora que concede derechos a la parte laboral, que operan como responsabilidades legales para las empresas que utilizan trabajo. Instituya una agencia pública, independiente y objetiva, a cargo de fiscalizar el cumplimiento laboral de las empresas, y terminará reflejando con sus decisiones el rol protector de la ley laboral: si no lo hiciera estaría aplicando una agenda política para despojar de sentido a la ley del trabajo. Tecnificar la Dirección del Trabajo, tal y como se ha propuesto, en realidad sólo será politizarla.
Tal y como están las cosas, no sería raro que algún ingenioso exija que este año los dictámenes de la Dirección del Trabajo sean pro empleo, o se demande al gobierno que cuide que la doctrina de la Dirección del Trabajo no desafine con la política económica en momentos de crisis ¿Eso sería técnico o político? Los dirigentes empresariales dirán que sería sana y razonable técnica; el sentido común indica exactamente lo contrario.
*Abogado y Profesor de Derecho