Así, dicen esos audaces, se «cumple la ley» y no se entorpecen las decisiones previas adoptadas por ellos mismos entre cuatro paredes. Esta trampa se ha estado repitiendo, una y otra vez, en todas las regiones del país desde que empezó a operar la legislación ambiental y ello es así porque se…
Por Patricio Herman*
Recientemente y en distintas ocasiones hemos entregado nuestra opinión en este medio de expresión y en La Nación sobre las apresuradas modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), aprobadas el 18 de febrero pasado por una amplia mayoría de votos de consejeros regionales que ese día dejaban de serlo (sic). Recordemos que con anterioridad la sede regional de la Contraloría General de la República había objetado una resolución anterior de los mismos votantes por contener diversas irregularidades y también debemos tener presente que la obsecuente Corema V Región había calificado favorablemente una Resolución Ambiental para este proyecto a través de una simple «Declaración de Impacto Ambiental» (DIA), en circunstancias que lo legal y correcto en el autodenominado gobierno ciudadano como el actual, era haber efectuado un «Estudio de Impacto Ambiental» (EIA).
En todo caso este último asunto está radicado en los tribunales de Justicia de Valparaíso por iniciativa de grupos ciudadanos porteños y al respecto, recomendamos conocer en el sitio web correspondiente el didáctico y contundente fallo del 8º Juzgado Civil de Santiago, Rol 16.500/2005, caratulado Federación Aérea de Chile con CONAMA-Fisco de Chile, sobre el cambio de uso de suelo del ex aeropuerto Los Cerrillos en Santiago. Este tribunal le dio una verdadera clase magistral a la Administración sobre cómo se debe interpretar y aplicar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Ley Nº 19.300. El titular de ese juzgado dejó mal parada la Resolución Ambiental Exenta Nº 143 de abril de 2004 de la Corema RM, la que, muy suelta de cuerpo, había aprobado una DIA para esa modificación del PRMS. Con este cambio, colateralmente, se liberaban las restricciones que tenía el uso de las 3.000 has que conformaban el cono de aproximación situado al sur del aeropuerto, asunto del cual, sería interesante indagar para saber quienes son los principales dueños de estos amplios territorios.
Como los EIA contemplan un reglado proceso de participación ciudadana, con lo cual se pueden mejorar sustantivamente los proyectos desde el punto de vista social-ambiental, quienes ejercen el poder político toleran y algunos más temerarios promueven, que los proyectos que deban someterse al SEIA lo hagan de la manera más fácil posible, es decir, a través de una DIA, trámite inservible que es un saludo a la bandera. Así, dicen esos audaces, se «cumple la ley» y no se entorpecen las decisiones previas adoptadas por ellos mismos entre cuatro paredes. Esta trampa se ha estado repitiendo, una y otra vez, en todas las regiones del país desde que empezó a operar la legislación ambiental y ello es así porque se considera que los EIA son trabas al crecimiento económico. Ver en www.cepal.org «Evaluaciones de desempeño ambiental en Chile» publicado por la OCDE y CEPAL en Mayo de 2005.
En esta línea, tenemos que dejar en claro que la prensa que recibe el más alto porcentaje del dinero que el gobierno dispone para avisar, no ha publicado prácticamente nada sobre lo acontecido en Valparaíso, lo cual debería ser entendido, aunque no aceptado, porque ese tipo de medios silencian las noticias que dejan al descubierto las maniobras especulativas de ciertos actores privados relacionados con ellos mismos y apoyadas por agentes públicos. Por ello y como contrapartida, destacamos el periodismo de investigación de El Mostrador, que sí publicó un completo e incisivo reportaje sobre el festín inmobiliario, en donde se dio a conocer, entre otras cosas, quiénes eran los afortunados propietarios cuyos terrenos rurales de unas cuantas miles de has, de un total de 23.000 has, se transformarían por arte de magia en urbanos, obteniendo así las esperadas y espectaculares plusvalías patrimoniales.
Ahora bien, entendiendo que esta modificación urbana se encuentra casi consumada, aunque tiene la espada de Damocles de la Contraloría General, nos parece pertinente expresar algunas palabras sobre otros dos casos ad portas en esa región. En efecto, allí se están tramitando sigilosamente autorizaciones para «actualizar» el Plan Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Norte y el Plan Regulador Comunal de Puchuncaví, en donde en este último, se pretenden incorporar más de 500 hectáreas de áreas de expansión urbana a áreas urbanas, al amparo de la reciente modificación del PREMVAL y de la modificación en curso del Plan Intercomunal, también con una sospechosa premura por parte de las autoridades sectoriales. Por lo que sabemos, aseguramos que esta tramitación incumple con varias disposiciones que rigen los procedimientos establecidos, ya que no cuenta con los estudios fundados exigibles, por ejemplo para determinar zonas de protección natural o zonas de riesgos, así como para establecer redes viales sin el respectivo estudio de impacto vial y para variar, en el ámbito ambiental, se presentó la recurrente y acomodaticia DIA, la cual, como todos sabemos, no evalúa los cambios que el municipio propone.
En el caso de Puchuncaví, según hemos sabido, se han formulado numerosas observaciones por parte de la agencia ambiental. A modo de ejemplo, existe una indefinición normativa y jurídica de las zonas propuestas, carencia de un plan de manejo para zonas protegidas y de una ordenanza ambiental, carencia de factibilidad de agua y alcantarillado para las nuevas zonas incorporadas (se encuentran fuera del área de concesión de ESVAL) y de solución de aguas lluvias para las mismas, ausencia de la declaratoria de los sitios arqueológicos y paleontológicos, restricción de la Dirección General de Aguas para el aprovechamiento de aguas subterráneas, contraposición de la zonificación propuesta con el área declarada saturada ambientalmente circundante al complejo industrial Ventanas, introducción de normas discrecionales, etc, etc.
Así las cosas, nuestra Fundación se mantendrá alerta y vigilante ante las gestiones que se vayan realizando en Puchuncaví, especialmente en lo que dice relación con los temas ambientales involucrados, así como respecto de la efectiva participación ciudadana, de la cual tanto se habla en La Moneda y tantas trabas se le impone por parte de los funcionarios del Estado. Y pensar que con este prontuario, los iluminados que nos gobiernan desean que Chile sea admitido en la OCDE. Está claro que mientras las municipalidades y los servicios públicos centrales no procedan con transparencia y probidad lo anterior es imposible y por ello el desafío es que en el último año de gobierno, del 4º de la Concertación, prevalezcan las buenas y democráticas prácticas funcionarias.
¿Se producirá este milagro?
Debiera ser así, porque en sentido contrario, los agotados concertacionistas tendrían que olvidarse del 5º gobierno, dando paso a un triunfante Piñera con sus huestes pinochetistas y jóvenes neoliberales manejando y privatizando aún más el país.
*Fundación «Defendamos la Ciudad»
