Dentro del modelo neoliberal, la dimensión más importante de la representación política es la rendición de cuentas y la existencia de mecanismos de control de los ciudadanos sobre los políticos. No se trata de un control permanente, las preferencias de los votantes se consideran estáticas y…
Por María de los Ángeles Fernández-Ramil*
Transparencia es la palabra del momento. Uno de los efectos más llamativos de la recién estrenada ley del mismo nombre es el paroxismo periodístico que ha producido. Contrasta con el estilo, entre irónico y despectivo, que los mismos medios utilizaron en su momento para referirse a la idea de «gobierno ciudadano», uno de las apuestas distintivas de la actual administración. Concedamos que el slogan fue más rápido que los mecanismos y procedimientos que el gobierno debió haber desarrollado para su concreción, pero eso es muy distinto a la intención de algunos analistas de la plaza que pretendieron confundir la apelación presidencial a un gobierno ciudadano con una supuesta antinomia frente a la democracia representativa. Como sea, y quizás sin proponérselo inicialmente, la gestión de Michelle Bachelet se recordará como una de las que más ha hecho por la publicidad y controlabilidad de los actos de gobierno, ayudando con ello a enfrentar una de las «falsas promesas de la democracia» que advertía Bobbio: el poder invisible y su menor control por parte de los ciudadanos.
En todo caso, tanto entusiasmo ante el debut de esta ley no deja de resultar sospechoso. Es esperable que exista una satisfacción razonable ante su logro en un contexto donde hay más bien sequía en materia de innovación política y donde cada cambio supone una tarea titánica, particularmente por los altos quórums exigidos en el Parlamento. Recordemos que son varias otras las que constituyen una tarea pendiente que se viene arrastrando en el tiempo: reforma del sistema electoral binominal, ley de partidos políticos, modificaciones a la ley de gasto electoral y ley de lobby, por nombrar algunas. Ahora bien, otra cosa muy distinta es el intento de hacernos creer que dicha ley supondrá un giro copernicano en materia de participación ciudadana. Por el contrario, aunque tiene el mérito de introducir dispositivos que obligan a una mayor transparencia de las decisiones del gobierno y la burocracia, sometiéndolas a la presión de sus públicos respectivos, parece aconsejable observarla con cierto escepticismo porque presupone una sociedad civil activa, capaz de controlar y supervisar los actos del Estado lo que no es el caso de Chile. Si nos atenemos a estudios como Civicus Civil Society Report para 2006, la sociedad civil chilena es dicotómica: una, profesionalizada y organizada y otra, de «activismo informal», con escasos recursos, afirmando que el Estado ha adoptado, frente a ella, iniciativas instrumentales. Con este panorama, resulta natural que sean los medios de comunicación los más engolosinados con esta iniciativa.
Pero hay otro nivel de explicaciones, de tipo ideológico, de acuerdo al cual una reforma de este tipo implica un deslizamiento hacia la visión de mundo y al ethos de la cultura política de los sectores de derecha. Dentro del modelo neoliberal, la dimensión más importante de la representación política es la rendición de cuentas y la existencia de mecanismos de control de los ciudadanos sobre los políticos. No se trata de un control permanente, las preferencias de los votantes se consideran estáticas y la relación entre representantes y representados se constituye de arriba hacia abajo. Se consagra, entonces, una forma de «desconfianza institucionalizada», es decir, la instauración de órganos de supervisión y control y mecanismos de rendición de cuentas en un esquema de democracia competitivo-elitista.
No me malinterpreten. La transparencia, en sí, es una cosa buena pero no puede entenderse ni como abarcadora ni como sustitutiva de otras fórmulas que potencien a la sociedad civil en base a una concepción dinámica de la formulación de demandas y de incidencia en el proceso de toma de decisiones, el estímulo al aprendizaje cívico y el reconocimiento de una ciudadanía con derechos y responsabilidades. Iazetta, uno de los pocos autores que reflexionan sobre la reforma del Estado en clave democrática, señala que «la historia y la experiencia de otras latitudes nos muestra que sociedades civiles fuertes no sólo conviven con estados fuertes, sino que son fuertes porque el Estado ayuda a reproducir esa fortaleza». No es ésta la evidencia que tenemos para el caso de nuestro país y ello obliga a interrogarse acerca del recurso a la fórmula de los proyectos concursables que impulsan reparticiones como la División de Organizaciones Sociales (DOS). Urge una revisión crítica de la concepción que subyace a las políticas públicas que se implementan en este ámbito y qué tipo de sociedad estamos construyendo en base a una epistemología de la concursología y la proyectología que apuestan a una meritocracia dudosa dada la desigualdad existente también en este campo y que, vía la competencia, poco contribuye a la creación de tejido social, solidaridad y comunidad.
El debate presidencial en curso abre oportunidades para separar la paja del trigo, estableciendo las distinciones entre las concepciones sobre la representación política, la sociedad civil y la participación ciudadana que tienen la derecha versus la Concertación y si se mantendrá la tendencia hacia una concepción de la ciudadanía en clave del consumo o, por el contrario, una visión participativo-republicana que fomente el capital social y permita avanzar en la construcción de un estado social de derechos en base a una hacia una ciudadanía emancipada. Nos referimos por tal a una en que, de acuerdo a la visión planteada por Marshall, no sólo se fomenta la emancipación individual sino también societaria, reconociendo la existencia de un tipo de igualdad humana básico en virtud de la cual los derechos de los miembros de una comunidad proceden a la simple pertenencia a la misma.
*María de los Ángeles Fernández-Ramil es directora ejecutiva de Fundación Chile 21.
