La flexibilidad, hasta ahora, es sólo un slogan frívolo, que trata de ocultar las profundas desigualdades que impiden que la gran mayoría de las personas que trabajan puedan realmente prosperar.
Por Diego López*
El esperado aumento del desempleo y el calor de la campaña presidencial han llevado a algunos a sugerir, de nuevo, que la flexibilidad laboral es un buen recurso para paliar el crudo invierno de la crisis económica. La cantinela es la de siempre: atenuemos las responsabilidades legales de las empresas para promover el empleo de jóvenes y mujeres y para dar aire fresco a las pymes.
La verdad sea dicha, el clamor flexibilizador pide lo mismo en tiempos de crisis y de bonanza económica: menos derechos para los trabajadores y más libertades para las empresas, bajo la consigna de que cualquier empleo es mejor que ninguno. Pero eso no es cierto: la mayoría de las mujeres en edad de trabajar en Chile ni siquiera buscan un trabajo remunerado. Garantizarle a las empresas bajos salarios, inestabilidad de los contratos y facultades para ordenar a sus trabajadoras que laboren habitualmente domingos y en horarios nocturno, no suena precisamente como un estímulo idóneo para promover el empleo. Los defensores de la flexibilidad alegan que son incomprendidos: lo que se trata, dicen, es que la flexibilidad opere como oportunidades para que las personas trabajen lo que quieran y cuando quieran. Pero en la vida real, sólo los trabajadores calificados y de alto salarios tienen ese privilegio: la gran mayoría de quienes trabajan para vivir, venden su dedicación y tiempo al empleador y difícilmente logran ofrecer algo distinto que su esfuerzo y compromiso: mientras menos tiempo puedan dedicarle al trabajo menos salario obtienen, incluso por debajo del salario mínimo ¿Vale la pena trabajar por tan poco?
Para la gran mayoría de las personas que trabajan o buscan un trabajo, la flexibilidad sólo supone someterse a las condiciones de contratación, salario y jornada laboral que les ofrezca el empleador. La disposición empresarial a compartir las decisiones sobre el trabajo con esos trabajadores es casi inexistente. Eso no va a cambiar por modificaciones a la ley para que los empleadores consideren en sus decisiones las necesidades de trabajadores estudiantes que deben faltar un sábado al trabajo para dar un examen o una madre que debe salir más temprano porque no hay quién le cuide a su hijo. La ley ya establece posibilidades de que estos acuerdos existan.
Lo que las personas requieren es que su trabajo les garantice posibilidades reales para prosperar; que ganaran un salario que valga la pena el esfuerzo y la obediencia a un empleador; que su rendimiento y compromiso será recompensado y que cuando la empresa para la que trabajan prospere ellos también lo harán; que podrán acomodar sus obligaciones laborales con sus necesidades familiares y personales y no al revés; que no serán tratados arbitrariamente ni deberán soportar abusos. La flexibilidad no promueve nada de esto sino confía en la fantasía de que si las empresas tienen libertad para tomar las decisiones que necesitan, a los trabajadores les irá mejor que nunca. Eso no es cierto: el éxito de las empresas no necesariamente es el éxito de sus trabajadores.
Lo que la promoción de la flexibilidad trata de ocultar es que muchas de nuestras instituciones laborales en realidad no funcionan y permiten un provecho empresarial desproporcionado del trabajo: varios derechos son retóricos y sólo benefician a una pequeña minoría de trabajadores: Según la ENCLA 2006 sólo el 5,4% de las trabajadoras con hijos menores de dos años, tenía derecho legal a sala cuna; La Dirección del Trabajo -que registra todas las terminaciones regulares de contratos laborales- ha informado que apenas el 10% de los despidos dan derecho directo a una indemnización por término de contrato; Sólo el 11% de la fuerza laboral ocupada (sin considerar servicio doméstico) esta afilada a sindicatos y negocia colectivamente; Los trabajadores subcontratados en forma permanente por grandes empresas en las faenas del giro principal, suelen ganar salarios sustantivamente inferiores sin que la ley les otorgue protección alguna. A eso se suma las presiones políticas para que la ley laboral siga siendo débil: el reciente informe de la OCDE sobre la ley laboral en Chile, denuncia que la reciente ley de subcontratación fracasó en su aplicación por la resistencia empresarial a cumplirla, la presión política para desactivar su cumplimiento y el apoyo judicial a la pretensión empresarial de excluirse de la aplicación de la ley (OCDE Rewiews of Labour Market and Social policies. Chile: 2009, p.19). Esta parte del informe de la OCDE es muy incómoda para la opinión pro flexibilización.
Queda mucho por hacer en Chile para que los derechos de los trabajadores y trabajadoras sean tomados en serio. La flexibilidad, hasta ahora, es sólo un slogan frívolo, que trata de ocultar las profundas desigualdades que impiden que la gran mayoría de las personas que trabajan puedan realmente prosperar.
*Diego López es abogado. Profesor de la Universidad Alberto Hurtado.
