Las decisiones del gobierno: tenemos un elefante en la habitación

Tenemos un elefante en la habitación. Luego de una instalación bastante compleja, el gobierno ha ido desplegando sus principales focos de interés en un conjunto de áreas de interés público. Al hacerlo, ha develado una situación altamente preocupante, como es no reconocer la relevancia -o, al menos, relegarla a un lugar secundario- de aquellos referentes técnicos que dan un soporte externo y, con ello, tranquilidad a la toma de decisiones respecto de políticas que afectan a todos los chilenos. Nos referimos a evidencia científica, acuerdos o recomendaciones de cuerpos profesionales altamente calificados o incluso, a leyes.

Partiendo por un área que no es de especialidad, es llamativo que la llamada “Megarreforma” o “Proyecto de reconstrucción” desoiga recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, entidad de carácter técnico e independiente, cuya labor es velar por el manejo sostenible de las finanzas públicas. También lo ha hecho con una parte importante de la evidencia científica, cuyos portavoces han puesto foco en la falta de antecedentes que permitan asegurar que las medidas definidas en el proyecto de ley redunden de manera clara en una mejora de la economía y del bienestar social.

En el plano educativo -en la que tengo algo más de conocimiento- esta preocupación se repite y, a mi juicio, se amplifica. La comunicación del interés de “pausar” la implementación de la Nueva Educación Pública no tiene respaldo en evaluaciones que se hayan hecho de esta reforma. Es importante consignar que esta institucionalidad -en sí misma- cuenta con un Consejo Evaluador, compuesto por especialistas de diferente sensibilidad política, que elabora cada año informes de evaluación.

Como si esto no fuera suficiente, se han encargado evaluaciones independientes a universidades públicas y a organismos internacionales. La última, gestionada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y compuesta por un panel internacional de especialistas, reportó sus resultados recién en febrero de este año. Ningún informe ha sugerido pausar su implementación, al contrario, ha recomendado fortalecerla. Tampoco se identifican estudios que lo hagan, salvo think tanks con una marcada posición en contra del rol del Estado en educación.

Este fenómeno se repite respecto del proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar, SAE. Nuevamente, diferentes especialistas han alertado sobre cómo los cambios propuestos afectan la esencia de esta estrategia y, probablemente, incidan en los positivos efectos que estaba generando en la disminución de la segregación escolar. Para dejar esto más claro aún, personalidades ligadas a los gobiernos de Sebastián Piñera, como Sylvia Eyzaguirre y Harald Beyer, han sido explícitos y claros en sus críticas y en su evaluación negativa del proyecto. Asimismo, la investigación internacional -incluyendo la de organismos como la OCDE o el Banco Mundial- lleva décadas sugiriendo la descontinuación de estrategias que favorezcan la selección de estudiantes por parte de los establecimientos escolares.

He dejado para el final el proyecto “Escuelas protegidas”. Existiendo consenso respecto de la urgencia de desarrollar estrategias que disminuyan la violencia escolar en el corto y mediano plazo, el proyecto optó por enfrentar este problema únicamente desde la arista del castigo. Diferentes especialistas se hicieron presentes en la discusión parlamentaria, dando cuenta de la necesidad de ampliar el foco de la intervención y también avizorando dificultades que la implementación de esta ley podría generar en la convivencia al interior de las escuelas, pero también en las trayectorias de los estudiantes. Estas observaciones no tuvieron un efecto concreto en la tramitación del proyecto en el Congreso, en que el gobierno tiene mayoría parlamentaria.

Sin embargo, luego vino otro importante llamado de atención, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un conjunto de contenidos que han sido calificados como el corazón del proyecto.

La historia no termina aquí, porque el gobierno ya ha mencionado de manera pública que pudiera solicitar un cambio constitucional para que Escuelas Protegidas vea la luz, es decir, dado que el referente no se alinea, cambiará el mismo referente.

Entonces, si un proyecto de ley es -al menos- discutible desde el punto de vista científico y desalineado con las definiciones de la Constitución, ¿qué referente sigue? ¿Cuál es el sustento que le da soporte? En definitiva, ¿qué legitimidad tiene?

El gobierno ha señalado que la ciudadanía ha votado por este gobierno y su programa, pero este argumento no resiste mayor análisis, pues considera un conjunto de supuestos que no pueden comprobarse. Además, el programa de gobierno del Presidente Kast no abordó esas definiciones con el nivel de detalle que está descrito en los proyectos de ley. Por lo demás, el respaldo al gobierno disminuyó rápidamente a alrededor de un 30%, por lo que no podría decirse que la ciudadanía está respaldando masivamente sus propuestas.

¿Qué queda entonces? ¿Cuál es el sustento de las decisiones? ¿qué relevancia está teniendo en ellas el riesgo de equivocarse? Y, nuevamente, ¿es legítimo valerse de una mayoría circunstancial para avanzar en ideas con esas debilidades de calidad?

Sería de gran relevancia para el país que el gobierno se abra a reconocer la evidencia y a los especialistas como interlocutores válidos y valorar su aporte hacia la mejora de la calidad de la educación. Hasta ahora, pareciera que no lo está haciendo y que está priorizando su propia voluntad por sobre otro tipo de referente o sustento en la toma de decisiones. Llevamos cuatro meses, ¿esta tendencia se consolidará en los cuatro años?