Producir bienestar y desarrollo infantil es un gran emprendimiento social que ni el Estado ni el mercado por si solos pueden lograrlo. Se requiere de un pacto social amplio, que sustente garantías estatales, gestionadas por una ciudadanía autónoma.
Los tiempos de elecciones presidenciales reavivan el debate en torno al dilema sobre el modelo de desarrollo del país: ¿más Estado o más mercado? Independiente de cómo resolvamos este dilema, lo que parece claro es que hay ciertos bienes que no pueden ser producidos por el Estado y/o mercado sin la concurrencia de un tercer sector denominado sociedad civil y un cuarto sector que es la familia. Este es el caso de la producción de bienestar y desarrollo de los niños.
En Chile, nos hemos demorando demasiado en sacar a los niños del ámbito privado y ponerlos en el centro de la política, la economía y la sociedad, e instituir su bienestar y desarrollo como un bien común, como un patrimonio colectivo, como la mayor riqueza que los pueblos atesoran. Muchas generaciones de niños chilenos han padecido los efectos de un mundo inapropiado para la infancia, que afortunadamente en los últimos años empezamos a corregir, mejorando las condiciones para la crianza de los hijos, que son míos, tuyos, nuestros y de todos.
Que la vida de los niños está mejorando se evidencia en el Índice de Infancia respecto al año 2006, que es superior al índice 2002. El próximo índice –respecto a la infancia chilena del año 2010- sin duda mejorará sustancialmente debido a la prioridad que ha puesto la administración de la presidenta Michelle Bachelet a la infancia y protección social.
No obstante esta mejoría general, persisten desigualdades territoriales. Es así como la comuna de Vitacura tiene un índice de infancia (2006) cercano a lo perfecto (1) para la crianza de los niños (0.994), a diferencia de Lampa que está muy distante de esas condiciones óptimas (0.506).
Desigualdades como ésta originaron el consenso social y político que institucionalizó el Sistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo. Mediante las Redes Comunales, integradas por servicios públicos, sociedad civil, proveedores privados, familias y niños, este sistema gestiona territorialmente la protección como garantía ciudadana, y desde este enfoque el Estado tiene la obligación de asegurar un conjunto de derechos, que constituyen mínimos sociales que se irán incrementando progresivamente. Ya es lugar común señalar que esta inversión en la niñez tiene repercusiones en la economía personal, familiar y del país: más desarrollo, más ciudadanía, más libertad, más felicidad.
Como lo ha señalado Elinor Ostrom, la primera mujer que obtiene el Premio Nobel en Economía (2009), la producción de bienes comunes es próspera cuando el marco de la acción social es la cooperación, la autonomía y a escala humana. Se trata de una economía política que pone en cuestión el centralismo y la competitividad y en alternativa releva una comunidad autónoma, cohesionada, compuesta por ciudadanos plenamente capaces de pensar y abordar los dilemas sociales.
Producir bienestar y desarrollo infantil es un gran emprendimiento social que ni el Estado ni el mercado por si solos pueden lograrlo. Se requiere de un pacto social amplio, que sustente garantías estatales, gestionadas por una ciudadanía autónoma y familias garantes de los derechos de los niños. Hemos empezado a mejorar la vida de los niños, pero aún nos queda mucho por construir. Lo esperanzador es que los niños tienen a su favor un consenso absoluto para seguir siendo prioridad política, económica y social en los próximos gobiernos.
