Si el tema se ventila en los tribunales a más de 36 años de ocurridos los hechos, es porque el camino de la recomposición ha sido demasiado lento y el consenso nacional está lejos.
La petición de la Iglesia Católica para que el Gobierno tome iniciativa legal en un indulto general para presos, que incluye a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, tensiona el lado más oscuro de la historia institucional de Chile.
No es una aspiración reciente, y tampoco solo de la Iglesia Católica, encontrar un criterio, con suficiente legitimidad ética, política y legal, que zanje históricamente el tema de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, incluidos los gestos de perdón y reconciliación.
Muchos lo han hecho con anterioridad, y resulta natural que sectores del país vuelvan a la carga con motivo del Bicentenario de la Independencia, bajo el precepto de que ello contribuiría a crear un clima de armonía y unidad.
Nada más lejos de la realidad. Si el tema se ventila en los tribunales a más de 36 años de ocurridos los hechos, es porque el camino de la recomposición ha sido demasiado lento y el consenso nacional está lejos.
[cita]A veces, las instituciones militares han sido obstáculos a las investigaciones o, espectadores pasivos, al parecer a la espera de que el tiempo disolviera la verdad.[/cita]
Todos los gobiernos democráticos, incluido el actual, han manifestado, de una u otra manera, hacer algo en este tema en algún momento. Y todas las fuerzas políticas y sociales del país tienen potentes opiniones cuando hay iniciativas de este tipo, a favor y en contra.
Son esos argumentos los que dejan claro que lo más sano es optar por la acción de los tribunales de justicia, que es lo que se ha hecho hasta ahora, para asentar lentamente una verdad judicial que cimiente la aceptación doctrinaria del respeto de los derechos humanos en el Estado chileno.
Porque algunas instituciones, especialmente aquellas que ostentan fueros autonómicos o corporativos como las Fuerzas Armadas, han resentido durante largo tiempo la aceptación de ese principio, obviando hasta ahora la responsabilidad institucional en los crímenes, sosteniendo la defensa de los imputados, y argumentando el reconocimiento de privilegios carcelarios a favor de ellos.
En el caso del Poder Judicial debieron pasar muchos años y generaciones de jueces en los tribunales superiores para que se empezaran a investigar en profundidad los hechos.
A veces, las instituciones militares han sido obstáculos a las investigaciones o, espectadores pasivos, al parecer a la espera de que el tiempo disolviera la verdad. Ello resultaba una doble ofensa para las víctimas, y un desacato a los principios y valores de orientación del Estado.
En muchos salones militares, las fotos de criminales condenados y actualmente presos, lucen impertérritas como parte de la historia de honor de la institución, como símbolo y reconocimiento, al que éticamente no debieran tener derecho, a raíz de sus horrendos delitos.
Ello, además, parece asentarse en una verdad social. La idea de que es imposible que militares condenados por estos delitos sean, además, degradados y privados de sus honores militares por sus instituciones, y que la camaradería de grupo sería superior al valor doctrinario de respeto de los derechos humanos. Esa idea es la que acerca el indulto a autores de de crímenes de lesa humanidad a la impunidad, al menos simbólica, de los militares en la sociedad chilena.
¿Es viable en un contexto como este el gesto solicitado por la Iglesia Católica? Como expresión orgánica de la nación, el Estado chileno no ha logrado alinear a las Fuerzas Armadas, las que simbólicamente siguen sosteniendo como parte de su cuerpo institucional, a los condenados.
Dada la petición de la Iglesia Católica, surge la pregunta de si no sería posible una iniciativa de las propias instituciones castrenses en el sentido inverso. Es decir degradar a los militares condenados y quitarles sus honores y grados militares.
Esa sanción tendría un significado más permanente que lo solicitado para ellos por la Iglesia Católica, pues sería un acto de sanación republicana ante hechos que constituyen un baldón histórico para toda la sociedad.
