La necesidad de actuar con urgencia es alimentada por la incidencia que tiene en la inversión la percepción de cuan propia o impropia es la relación público-privada, desincentivando a aquellos cuya ventaja comparativa es la eficiencia productiva.
Con estupor ha constatado la ciudadanía, que las causas últimas del accidente en la mina San José, estriban en las obscuras prácticas a través de las cuales se autorizan actividades productivas mineras. Similar impacto ha causado el nefasto desarrollo de eventos alrededor de la tramitación, autorización y luego “negociación” de la instalación de la termoeléctrica en la cercanía de Punta de Choros en la Cuarta Región. La combinación de efectos ha actuado como catalizador de un clima muy negativo en la opinión pública, respecto a las relaciones entre los sectores público y privado.
A lo anterior deben agregarse las aprensiones ciudadanas, alimentadas por el cambio desde una coalición que por décadas hizo de su supuesta distancia de las elites corporativas un opción por la igualdad, a una alianza de partidos en la que su figura más importante, el Presidente, es también el ciudadano más conspicuamente involucrado en disputas respecto a conflictos de intereses desde el retorno a la democracia. Urge evitar cualquier evolución negativa que pueda traer esta nefasta combinación, por lo cual el gobierno debe involucrarse con la máxima convicción y celeridad en mejorar la institucionalidad que norma las relaciones entre intereses públicos y privados, esto es la regulación del lobby.
[cita]La necesidad de actuar con urgencia es alimentada por la incidencia que tiene en la inversión la percepción de cuan propia o impropia es la relación público-privada, desincentivando a aquellos cuya ventaja comparativa es la eficiencia productiva.[/cita]
Es fundamental entender que no es la generosidad del empresario, ni la bionomía del funcionario, la que trae el bien público, sino la institucionalidad apropiada. En esto se puede aprovechar la positiva experiencia de la implementación de la institucionalidad y orgánica que norma y cautela por la transparencia pública. Si bien aún se encuentra en sus primeros años de implementación, demuestra sin lugar a dudas, como en un esfuerzo en que el Ejecutivo logra un apoyo transversal, se logran avances que nos han puesto, al menos en esta materia, a la vanguardia en el continente.
La necesidad de actuar con urgencia es alimentada por la incidencia que tiene en la inversión la percepción de cuan propia o impropia es la relación público-privada, desincentivando a aquellos cuya ventaja comparativa es la eficiencia productiva y allanando el camino para los que tienen las habilidades para competir en ambientes fangosos o simplemente son débiles en escrúpulos. También se debe aclarar, que llamar a la responsabilidad empresarial, la ética administrativa y la transparencia de legisladores y políticos, no necesariamente tiene los efectos buscados.
Incluso se puede argumentar su inconveniencia, toda vez que potencialmente inhibe a encauzar energías hacia la modificación institucional y por ende, la convicción y celeridad con que se debe actuar en esta importante materia.
