Es indudable que existe una alta probabilidad que alguna de las disposiciones del nuevo proyecto de ley, aunque obtengan la aprobación del Parlamento, sean objetadas por el Tribunal Constitucional.
La actividad forestal está entre las cinco industrias más importantes del país. Este enorme desarrollo lo ha alcanzado, sobre todo, durante los últimos 30 años, y constituye un fiel reflejo de la manera en que se hacen las cosas en el país, y de los resultados que se obtienen con estas prácticas: un rubro con un altísimo nivel de concentración, pues tan sólo dos empresas –Arauco y CMPC- concentran a 2009 más del 70% de las exportaciones del sector, y tienen fuerte presencia en toda la cadena productiva, incluyendo plantaciones forestales, cosecha y procesamiento final para su exportación.
Pese a la enorme relevancia y al lugar destacado que ocupa, que ha llevado a las empresas forestales chilenas a disputar los primeros lugares a nivel mundial, este desarrollo se ha realizado sin una adecuada planificación ni orientación social, y sin considerar los impactos ambientales que genera. En el desarrollo e implementación del modelo forestal chileno no ha habido una visión de mediano o largo plazo en términos de los beneficios para toda la sociedad, lo que ha llevado a situaciones de dudosa conveniencia, tales como prácticas de sustitución de bosque nativo por plantaciones, lo que ha acarreado problemas en el suministro de agua en amplias zonas, o la instalación de plantas de celulosa sin los debidos resguardos ambientales.
[cita]Es indudable que existe una alta probabilidad que alguna de las disposiciones del nuevo proyecto de ley, aunque obtengan la aprobación del Parlamento, sean objetadas por el Tribunal Constitucional.[/cita]
Pero aunque se trata de un desarrollo privado, que ha crecido en el marco de la ausencia de Estado en cuanto a directrices, sí recibió un importante impulso financiero desde las arcas públicas, especialmente en las etapas más tempranas de su desarrollo, a través de la aplicación del Decreto Ley 701, promulgado en 1974, y que financió tanto la forestación y/o estabilización de dunas (75% de los costos netos en suelos de aptitud preferentemente forestal), como la bonificación y beneficio tributario por la administración y manejo de plantaciones en suelos de aptitud preferentemente forestal , incluidas poda y raleo.
Este sistema de bonificación abrió la puerta al desarrollo y consolidación del modelo forestal chileno y el desarrollo de una industria forestal altamente concentrada, característica que se ha mantenido hasta la actualidad.
En 1998 se aprobó la Ley N° 19.561, que modificó el DL 701, y que tuvo un efecto retroactivo pues aplicó un nuevo sistema de bonificaciones a partir de 1996. A diferencia de la primera etapa, este nuevo 701 tuvo una orientación más social, al enfatizar la bonificación a pequeños propietarios forestales, así como la recuperación de suelos frágiles y degradados. De acuerdo a cifras oficiales, a través de esta modificación se han entregado a la fecha bonificaciones por un monto de US$ 323 millones, 50% de los cuales se entregaron a pequeños propietarios, lo que contrasta con el primer periodo, cuando sólo el 6% de los recursos del Estado fueron asignados a pequeños propietarios.
La ley 19.561 estipulaba una vigencia limitada y está a punto de cumplir su plazo de expiración, fijada para enero de 2011. Hoy, cuando el Congreso se encuentra en plena discusión para prolongar por otros dos años la vigencia de este beneficio, resulta pertinente abrir el debate en torno al objetivo final de esta prórroga. El proyecto del gobierno, que recibió un masivo apoyo en la Cámara de Diputados y que ahora será discutido en el Senado, no sólo contempla un nuevo período de vigencia para el 701, sino que además introduce otras modificaciones, la principal de las cuales apunta a ampliar el foco de destinatarios del beneficio a los medianos propietarios forestales, a los que define en términos amplios, con el único requisito de registrar ventas no superiores a UF 100.000 en el último año calendario. Con ello, parece retrotraerse a la primera etapa del 701, en los años 70 y 80, reenfocándose nuevamente en las empresas medianas y grandes, y dejando de lado a los pequeños campesinos forestales, que se encuentran en condiciones más precarias para trabajar sus bosques e, incluso, enfrentan dificultades para postular a fondos estatales de todo tipo, incluyendo el 701.
Además, la propuesta del Ejecutivo contempla la creación de un Registro de Operadores Forestales, a cargo de Conaf, cuyo funcionamiento estará regido por un reglamento a dictarse. Es importante destacar que, a propósito de la promulgación de la Ley de Bosque Nº 20.283, el Tribunal Constitucional cuestionó el carácter de entidad privada de esa Corporación, y advirtió que no aprobaría nuevas leyes que implicaran añadirle más facultades. En consecuencia, es indudable que existe una alta probabilidad que alguna de las disposiciones del nuevo proyecto de ley, aunque obtengan la aprobación del Parlamento, sean objetadas por el Tribunal Constitucional.
Pero más allá de las consideraciones específicas que el legislador debe tomar en cuenta en la redacción de esta modificación legal, es importante poner atención al sentido que se le pretende imprimir a una normativa destinada a subvencionar uno de los sectores más importantes de la economía nacional. De aprobarse la prórroga del 701 con los cambios sugeridos desde el Ejecutivo, indudablemente perderá buena parte de su componente social, beneficiando nuevamente a un sector que ya ha recibido importante apoyo de las arcas fiscales y, lo que es más importante, se encuentra lo suficientemente consolidado, por lo que no requiere la inyección de más recursos de todos los chilenos.
