Mientras hagamos de las urgencias lo importante, nuestra política de Estado se mantendrá en “cuadrar la caja a fin de mes” lo que no es menor pero no alimenta una visión de futuro.
En la breve historia de la política educacional chilena, cada gobierno con más o menos razones ha buscado implementar su propia reforma educacional: Frei Montalva el 65, Alllende y la fallida ENU de 1972, el gobierno militar en 1980; la Concertación y sus reformas sucesivas ordenadas bajo la Reforma en Marcha de 1996 y el actual gobierno y su reforma del 2011.
Unas más fundacionales que otras, todas han buscado un proceso de actualización del sistema educativo y de sus egresados con las necesidades del país y del entorno social y económico. Las reformas de segunda generación, que apuntan a la calidad de la educación, son más nuevas, y corresponden –al menos teóricamente- a las impulsadas por los gobiernos de la Concertación y la actual de la Alianza por Chile. Estas últimas dos han planteado –con igual énfasis- que el país tiene una política de Estado en Educación, aunque en los hechos pareciera que sólo tenemos un acuerdo “de Estado”: ¡Que la educación se encuentra en crisis! A partir de esta afirmación se debilita la política de Estado, pues las soluciones van o más bien debiesen ir por caminos distintos.
Lo cierto es que si uno analiza algunos resultados de la educación chilena en este lapso de tiempo, constata que nos demoramos más de 60 años en universalizar la educación básica (1920 -1985) y que desde que se decretó la obligatoriedad de la educación media (2003) su cobertura no ha aumentado significativamente y lo que es más la población más vulnerables vive efectivamente en la “puerta giratoria de la educación”, se integran en 1º medio y al poco andar desertan masivamente, provocando tasas de cobertura que no superan a fin de cada año el 93%., afectando esta situación a la población más vulnerable del país. En educación superior las cifras son muy positivas, estamos ya en un millón de estudiantes, superaremos en breve al cobertura del 40% de la población correspondiente en edad, pero lo que no decimos con igual fuerza, es que este éxito se ha hecho a costo del bolsillo de la mayoría de las familias.
[cita]Mientras hagamos de las urgencias lo importante, nuestra política de Estado se mantendrá en “cuadrar la caja a fin de mes” lo que no es menor pero no alimenta una visión de futuro.[/cita]
Pareciera ser que la Reforma Educativa de la Concertación, más allá de cifras muy importantes en materia de cobertura, dignificación de los establecimientos docentes y de las condiciones de educabilidad de la población y del trabajo docente, y ciertos logros de importancia en materia de aprendizajes de la población más vulnerable, incluyendo el avance en PISA 2009, quedó al debe en sus resultados finales. Desde el movimiento estudiantil del año 2006 se perdió el rumbo de las reformas de la Educación Pública, aunque se avanzó en los proyectos de institucionalización (con el acuerdo “de las manos arriba”), en los hechos quedaron detenidas estas iniciativas, como se ha podido constatar hoy.
Nuestras últimas reformas educativas se han centrado en la racionalidad técnica teniendo una baja legitimación que contribuya a dar gobernabilidad real a estos procesos. En los 20 años de la Concertación hay sucesos más aislados que permanentes de encuentro con los docentes y estudiantes y con la sociedad civil, pero no una constante en esta materia. Quizás ello provocó “cierto olvido en la ciudadanía” que permitió a las autoridades de turno hablar de la Gran Reforma Educativa, sin que las autoridades anteriores salieran convencidas a defender su obra, dando espacio para que la propuesta actual, que al tenor de su premura, pudo presionar por su aprobación sin un debate de la sociedad civil.
La “extraña aversión” a destinar tiempo a debatir propuestas con los principales actores involucrados ha sido la tónica de estas reformas “sin política de Estado”, por cuanto si bien corresponde al Parlamento el debate, son los representantes de la ciudadanía quienes deben abrir las puertas a su expresión: lo que no ocurrió.
Es interesante que los avances en la Ley General de Educación, (LGE) que sustituyó a la controversial LOCE, no sortearon con éxito el necesario equilibrio que ha de existir entre el “Derecho a la educación y Libertad de Enseñanza”. Lo que se reflejó en los escasos debates realizados en torno a la propuesta de reforma actual: a la confusión que ha caracterizado la discusión estratégica de la Concertación, se suma que muchos de sus lideres y asesores “se han privatizado” y no hay claridad ni tanta consistencia entre las visiones pro- educación pública anteriores y actuales.
En síntesis una Reforma Educacional que responda a una política de Estado requiere poner a pensar sobre ello al país, a sus instituciones pertinentes y a las organizaciones de la sociedad civil, para luego decidir: (i) qué educación queremos alcanzar, (ii) cómo lo vamos ha hacer, y solo entonces (iii) cuánto nos va a costar, para ver (iv) cómo se financia.
Mientras hagamos de las urgencias lo importante, nuestra política de Estado se mantendrá en “cuadrar la caja a fin de mes” lo que no es menor pero no alimenta una visión de futuro.
Tenemos problemas de fondo que no hemos resuelto y que debemos atender seriamente antes de seguir emprendiendo Reformas: el más importante, es que el origen social es determinante en demasía en los resultados educacionales, mientras no lo superemos, no lograremos una sociedad más igualitaria. El segundo aspecto es que la población más pobre es atendida por la educación pública (la municipal) y ello responde a una razón, sin embargo el Estado no está cumpliendo su rol de provisión de una educación de calidad. Esto pone en entredicho el supuesto que la competencia y la privatización introducen eficiencia: en el caso chileno ha sido eficiente para mantener la segregación social. La segunda, es que los incentivos afectan positivamente la educación, al respecto hay suficiente evidencia (entre otros de autores conservadores) que sustentan dudas razonables al respecto. En síntesis, (como señaló M. Urquiola) Chile ha demostrado en 30 años que se puede competir sin mejorar (mucho- en mi opinión).
Una Reforma de Educación como política de Estado requiere de tiempo, para prepararla, generar acuerdos e implementarla. Tiempo es una de las variables que disponemos, pero pareciera que los técnicos quieren sustituirlo por “el saber de unos pocos”. Hemos de partir de la discusión de la Educación Pública, de la necesidad de perfeccionar nuevas formas de organización y desarrollo de su institucionalidad para que cumpla en mejor forma su cometido, siempre con una visión de construcción de una sociedad con futuro.
