El director de Fonasa, Mikel Uriarte, ante la petición de diputados de todo el espectro político, anunció el 19 de abril de 2011 que podría considerar excepcionalmente el acceso del Grupo A (4 y medio millones de personas) a la modalidad de libre elección. Esa propuesta significaría un aumento potencial del gasto público en salud de unos 450 millones de dólares, que irían directamente o casi, a la vena financiera de los prestadores privados.
Según la última encuesta Casen, al año 2009 sólo el 3,5% de la población (598.789 personas) no tiene cobertura social de salud: Fonasa, Isapres o Fuerzas Armadas. Al mismo año, Fonasa tendría afiliada al 73,5% de la población total (12.504.226 personas). ¿Qué impide realmente que ese poco más de 3% tenga cobertura normal de salud? Solo la cicatería ideológica de no considerar la salud un derecho social, y una administración poco eficiente de los fondos públicos.
Fonasa ha ido incorporando, caso por caso, a diferentes grupos excluidos: primero, los carentes de recursos; luego, las mujeres embarazadas hasta un año después de nacido el infante; los trabajadores temporeros que tengan al menos cuatro meses de cotizaciones; los trabajadores a tiempo parcial; más tarde, las víctimas de la represión en la dictadura inscritos en el PRAIS, entre otros.
La mitad de los trabajadores desprotegidos -y con ello sus familias- son por cuenta propia o autónomos, como los artesanos, artistas, taxistas, profesionales independientes, vendedores, pequeños empresarios. Ellos quedan marginados de la seguridad social porque el sistema legal no lo permite. Pero, asimismo, los trabajadores dependientes solamente cotizan en promedio ocho meses al año lo cual da cuenta de la rotación, estacionalidad y precariedad de los empleos en Chile.
[cita]El Director de Fonasa, Mikel Uriarte, ante la petición de diputados de todo el espectro político, anunció el 19 de abril de 2011 que podría considerar excepcionalmente el acceso del Grupo A (4 y medio millones de personas) a la modalidad de libre elección. Esa propuesta significaría un aumento potencial del gasto público en salud de unos 450 millones de dólares, que irían directamente o casi, a la vena financiera de los prestadores privados.[/cita]
Crear un “Fonasa para todos” universalizaría la cobertura de la seguridad social en salud a todos los nacionales y extranjeros con residencia legal, en las condiciones establecidas para sus afiliados calificados en el Grupo A (carentes de recursos), y costaría diez veces menos que algunas de las modificaciones que pretende el actual gobierno.
Se exceptuarían de este derecho las personas cubiertas por otros sistemas de seguridad social o por otros seguros de salud, sean éstos pactados colectiva o individualmente. Quienes pertenecen a los Grupos B, C ó D del propio Fonasa tendrían desde luego el derecho. Pero continuarían vigentes las diferencias entre los del Grupo A con los demás en cuanto al acceso a prestadores de libre elección, y entre el Grupo A y B con los demás en cuanto a las proporciones de los copagos (la parte que paga directamente el asegurado) que para el grupo A y B son totalmente gratuitas en el sector público de salud.
El Director de Fonasa, Mikel Uriarte, ante la petición de diputados de todo el espectro político, anunció el 19 de abril de 2011 que podría considerar excepcionalmente el acceso del Grupo A (4 y medio millones de personas) a la modalidad de libre elección. Esa propuesta significaría un aumento potencial del gasto público en salud de unos 450 millones de dólares, que irían directamente o casi, a la vena financiera de los prestadores privados.
Tal eventual decisión debe ser contrastada con el costo de universalizar la salud, el que no alcanzaría los 100 millones de dólares, con la diferencia que su impacto real sobre la calidad de vida de la gente sería inconmensurable.
¿Cómo calcular ese costo? Una proporción de las personas que no acceden a la seguridad social en salud es o porque no lo necesitan o no han recurrido a esta cobertura (mayoritariamente hombres jóvenes); porque de todos modos son atendidos por el sistema público, como urgencias o en la atención primaria, sin necesidad de estar inscritos, ambos casos asociados a personas de primer quintil; y por último personas que tienen coberturas individuales privadas con deducibles que pueden ser asumidos como gasto de bolsillo, o sea las personas de mayores ingresos.
En suma, si se descuenta de la cifra total de no cubiertos a quienes, de todos modos, se benefician de la seguridad social pública (I quintil) y aquellos que probablemente no tienen ningún interés en usarla (V quintil) quedan unas 360 mil personas (3.1% de la población) aproximadamente que no acceden a la seguridad social por trabas legales o burocráticas.
Los gastos anuales informados por Fonasa para 2009 (último año disponible) indican que el gasto total per cápita en el sector público es de $193.434. Para evaluar los costos de las personas del grupo A es necesario descontar los gastos de los subsidios por incapacidad laboral, conocidos como pagos por licencias médicas, y los costos de la modalidad de libre elección a la cual no tienen derechos los beneficiarios del grupo A de Fonasa.
Haciendo tales descuentos el per cápita se reduce a $133.640, que multiplicado por 360 mil da un costo de universalizar la seguridad social en Chile de 48.110 millones de pesos (unos 100 millones de dólares anuales como máximo). Esto es el 2% del presupuesto actual de salud o si se quiere el 0,53% del Producto Interno Bruto.
Lo más seguro es que tal cifra se recupera con creces en los impactos que tendría en la reducción de los costos administrativos de operación, la simplificación en el uso de las bases de datos; los mejores resultados en la salud; y la mejor integración de las redes sanitarias.
En esta perspectiva, se justifica ampliamente una redefinición del seguro público, para que Fonasa universalice la adscripción a toda la población y, luego, mediante sistemas cruzados de información se descarte –o cobre por las prestaciones- a quienes pertenecen a otros de los subsistemas de protección social (Isapres, FF.AA. seguros de accidentes del trabajo administrados por las mutualistas, seguros privados).
A ello debiera apuntar una buena administración de Fonasa. Si no se hizo en el pasado fue por el prejuicio ideológico de pensar que una decisión de esta naturaleza no pasaría la aprobación parlamentaria de la derecha. Si no se hace hoy, es porque los administradores actuales prefieren los negocios a la protección total de la población en salud.
