En Chile, una de las sociedades mas desiguales del mundo, las instituciones terminan la mayor de las veces bajo el influjo insoportable de la pequeña elite que controla el poder.
Ena Von Baer –la vocera- decía lo obvio en estos casos: el gobierno respeta las instituciones. Y lo misma obviedad la repetía Larroulet –Ministro de la Presidencia-: dejemos que las instituciones funcionen.
Impúdico, por decirlo lo menos, cuando al mismo tiempo el Ministro del Interior había hecho justamente lo contrario: presionarlas.
Curioso, asimismo, pedir respeto y complacencia por instituciones como la Comisión de Evaluación Ambiental, donde las autoridades que decidían el asunto HidroAysén eran todos funcionarios menores de directa designación del Gobierno. De hecho, tal fue la presión de Hinzpeter que el único de ellos que expresó reparos –el Seremi de Salud- tan solo se atrevió a abstenerse.
[cita]Con el poder concentrado en tan pocas manos, las instituciones se parecen más a las oficinas de una de las facciones, que el espacio donde se escucha imparcialmente a todos.[/cita]
Y ahí la pregunta es obvia ¿qué se supone que deben hacer los ciudadanos cuando perciben que las mentadas instituciones no reflejan ni por asomo el punto de vista de todos con imparcialidad?
Según este discurso de las instituciones: callarse y ponerse de rodillas. A lo sumo, si la rabia no lo deja vivir, mandar una carta al ministerio respectivo, para que se pierda en los cajones de algún burócrata de medio pelo.
Es el cuento de las instituciones.
Discurso que puso de moda Lagos. No lo inventó, por supuesto, pero ayudó a reforzarlo. Quizás creyéndose Mitterrand y quizás creyendo que esta larga faja de tierra era Francia, usó y abusó de la idea de que, lejos de las pasiones de las masas, están ellas –las instituciones- para poner la reflexión imparcial y el apego a las reglas. Algo parecido a lo que se llama bien común.
La idea es valiosa, pero en ocasiones profundamente incorrecta.
Las instituciones no son sino el reflejo de la sociedad donde operan. De modo tal, que en aquellas sociedades en que la generalidad de los grupos y facciones han tenido, de hecho, la oportunidad efectiva de ser escuchadas y tomadas en cuenta, ellas encierran los valores del republicanismo que tanto obnubilaba a Lagos.
Pero no siempre es así. En Chile, una de las sociedades mas desiguales del mundo, las instituciones terminan la mayor de las veces bajo el influjo insoportable de la pequeña elite que controla el poder.
En esos casos, para esa pequeña minoría –la que representa el poder fáctico- las instituciones son autoridades, con las cuales se comparte en encuentros, reuniones empresariales, citas, viajes oficiales y un largo etcetera.
Y ahí, al amparo de tanta cercanía, las voces de pocos son largamente escuchadas y sus intereses largamente considerados.
Para el resto, la gran mayoría, las instituciones representan fríos y distantes organismos, con autoridades lejanas y sin mayor disposición a tomarlas en serio. De ahí, que con el poder concentrado en tan pocas manos, las instituciones se parecen más a las oficinas de una de las facciones, que el espacio donde se escucha imparcialmente a todos.
En esos caso, precisamente, surge en gloria y majestad el derecho por excelencia para aquellos que no tienen ni poder ni dinero para acceder a los que las dirigen –y que no son recibidos para tomar cafecitos con los jefes-, como es la protesta y la acción colectiva.
La protesta es el canto heroico contra la desigualdad política, donde los que no tiene comúnmente voz, la adquieren, para enfrentarse por un día de furia, en medio de la rutina, a esos intereses que todo lo controlan, que todo lo dominan y cuyos técnicos todo lo saben.
Injustamente estigmatizada por la Concertación -una pesado herencia de la doctrina de la desmovilización de Boeninger- la protesta y la movilización ciudadana están en camino de convertirse en el motor que podría, llegada la circunstancia correcta, transformar la injusta estructura de la sociedad chilena después tantos años de retorno a la democracia.
En dicho caso, la protesta dejaría de ser –como se nos suele hacer creer- la mera disrupción del orden público por grupos al borde de la ley, para devenir en ese imprescindible derecho, parafraseando a Arendt, que sirve para obtener otros derechos.
Al menos para ser escuchados cuando otros deciden sobre ellos.
