¿Será cierto que las leyes diseñadas hace más de tres siglos, para crear incentivos para la innovación mediante la protección de derechos de los creadores, en la actualidad dificulte la innovación y el crecimiento económico? ¿Será que tenemos normativa que responde a intereses de lobbys económicos más que a evidencia empírica?
Estas dos son sólo dos de las preguntas que pretende responder el Review of Intellectual Property and Growth, estudio encargado por el gobierno británico a un grupo de expertos independientes liderados por el profesor Ian Hargreaves con el fin de evaluar el estado actual de la normativa británica de derechos de autor a la luz de la innovación y el crecimiento económico.
El informe (PDF, 132 páginas, 1.1MB, en inglés) es revelador y contundente. Concluye que efectivamente el sistema británico de derechos de autor no favorece la innovación ni la competencia y debiera ser reformado radicalmente, yendo incluso más allá de los estándares de la UE debiendo incluir excepciones que permitan el cambio de formatos y la realización de copias de archivo, no ponerle trabas a la investigación científica y fortaleciendo las excepciones de parodia y crítica. Además es contundente -sin perder la ironía propia de la isla- respecto del lobby de grupos económicos señala:
El lobby es una característica de todos los sistemas políticos y, como una manera de informar y organizar el debate, trae muchos beneficios. En el caso de la política de propiedad intelectual y específicamente la política de derechos de autor, sin embargo, no hay duda de que el poder de persuasión de las celebridades e importantes empresas del mundo del entretenimiento del Reino Unido han distorsionado los resultados de la política. Distorsión adicional surge del hecho (no exclusiva de este sector) que hay una asimetría notable entre los intereses de los titulares de derechos, para quienes las cuestiones de PI son de suma importancia, y los consumidores, quienes han pasado de ser un interés secundario sólo hasta la aparición de internet como un foco de conflictos tecnológicos, económicos, comerciales y culturales.
El estudio contiene diez recomendaciones para la futura política de propiedad intelectual británica, a saber:
1.- Evidencia. El sistema de derechos de autor debiera estar basado, en lo posible, en evidencia empírica y equilibrar los intereses sociales con los intereses privados.
2.- Prioridades internacionales. El Reino Unido debiera impulsar una agenda internacional con economías emergentes basadas en evidencia económica.
3.- Licenciamiento de derecho de autor. a) Establecer un “Digital Copyright Exchange” (un sistema interconectado de bases de datos públicas y privadas relativas a derechos de autor) inter-sectorial para fomentar la transparencia del mercado. b) El Reino Unido debiera ayudar a establecer un sistema de licenciamiento internacional en la UE, que requiera a las entidades de gestión códigos de conducta que apunten al desarrollo de mercados abiertos y eficientes.
4.- Obras huérfanas. Solucionar el problema a través de licenciamientos masivos junto con un sistema expedito de limpieza («clearance») de derechos.
5.- Límites al derecho de autor. Dentro de esta, varias propuestas, entre ellas que el gobierno debe resistirse a adoptar medidas que no perjudiquen la generación de incentivos para los creadores, y el establecimiento de más y mejores excepciones para bibliotecas, archivos, investigación, parodia y cambios de formato.
6.- Enredos de patentes y otras obstrucciones a la innovación. a) Liderar esfuerzos a nivel internacional para evitar problemas derivados de la proliferación de patentes. b) asegurarse de no extender patentamiento sin que exista clara evidencia de sus beneficios. c) Investigar formas de resolver las adversas consecuencias de las marañas de patentes.
7.- Industria de diseño. Se ha subestimado el rol de la propiedad intelectual en este sector y debiera avanzarse en medidas conducidas por la evidencia que exista en la relación entre derechos e innovación.
8.- Cumplimiento. El gobierno debiera tomar medidas basadas en el cumplimiento, educación y crucialmente, medidas para fortalecer el crecimiento de mercados legítimos.
9.- Acceso a pequeñas empresas a asesoría legal. Planes que ayuden a mejorar la accesibilidad del sistema para PYMEs.
10.- Un sistema legal que se adapte al cambio. Se le debiera entregar los poderes necesarios a la oficina de propiedad intelectual para que asegure que el sistema legal apunte a promover la innovación y el crecimiento de mercados eficientes.
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Tres reflexiones a la luz de nuestras políticas públicas tecnológicas.
UNO. De las 132 páginas del informe Hargreaves, en sólo 36 usan la palabra enforcement; en 71 la palabra evidence.
DOS. Pese a que parece algo obvio, el informe indica claramente que las decisiones políticas en materia de derechos de autor debieran ser tomadas en base a evidencias empíricas y no a intuiciones. Es gracioso (James Boyle ironiza preguntándose si no es así, cómo se toman las decisiones, ¿según la astrología?), pero en materia de derechos de autor en Chile la evidencia jamás ha sido un criterio para tomar decisiones. Nos gustan más los petardos y cohetes.
TRES. Desde hace un tiempo estoy obsesionado con nuestras abúlicas políticas tecnológicas. Teniendo en cuenta el ambicioso programa del presidente Piñera, y que existe una orgánica desde hace años respecto de la estrategia digital de Chile, me pregunto ¿Cuántos proyectos de ley se encuentran en el Congreso que hayan salido de los equipos de la Estrategia-Agenda Digital en los últimos dos años? ¿Cuántos proyectos de ley está en este momento el Ministerio de Cultura gestionando por su aprobación en Valparaíso? ¿En base a cuántos estudios se decidió proponer la ridícula licencia GPL-CL? ¿Y por qué se desechó? En Chile, la intuición gana por goleada a la evidencia.
