El gobierno sigue debilitándose porque sólo 22% aprueba su gestión y 66% la rechaza. Es el menor apoyo y el mayor rechazo que ha tenido un Presidente desde 1990. Este hecho, que en sí mismo no tendría significación política, adquiere enorme relevancia por la tendencia adoptada en una parte de la clase política, incluyendo en la Alianza, de entregar a las encuestas el poder para evaluar la gestión del gobierno y el Presidente.
El movimiento estudiantil ha provocado un tsunami sobre el sistema político porque la educación se ha tomado la agenda –73% de los chilenos la considera como el principal problema- y porque sus demandas interpelan a un sistema político y económico que tiene severos problemas de legitimidad y eficacia.
Las menciones a la educación han triplicado las que había en mayo pasado, 24%. Los problemas económicos y la delincuencia, que habían dominado la agenda en los últimos años, han perdido relevancia.
La agenda estudiantil, con demandas de mejor educación y cambios políticos, ha encontrado un apoyo casi unánime en la sociedad chilena: 89%. Este apoyo cruza las posiciones políticas, se encuentra en los votantes de la oposición y del gobierno, en ricos y pobres, jóvenes y adultos.
Millones de chilenos se han movilizados en las numerosas manifestaciones convocadas por la Confech: 6% del universo de 18 y más años de edad dice haber participado en todas ellas, 26% dice haber participado en varias; 24% dice que no participó, pero le interesaría participar, sólo 21% no participaría de ninguna manera, son opositores claros a las demandas de los estudiantes. La participación ha sido transversal en la sociedad, especialmente en los jóvenes, pues 20% dice haber participado en todas las manifestaciones.
Los chilenos protestan no sólo para apoyar a los estudiantes, sino también porque están descontentos con la acción del gobierno: 34% de los encuestados toca cacerolas en sus casas para apoyar a los estudiantes, 24% lo hace para expresar su descontento con el gobierno y 16% para ser escuchados.
A pesar del largo tiempo transcurrido desde el comienzo de las movilizaciones, la inmensa mayoría de los chilenos opina que los estudiantes están ganando la batalla, 72%. Incluso entre los votantes de la UDI y RN predomina esta opinión, 55% y 54% respectivamente.
[cita]El gobierno y un sector de la oposición no quieren entender la magnitud de la interpelación de la población al sistema político y económico. No quieren ver el tsunami político. Explican la protesta estudiantil y la movilización ciudadana como una “paradoja” cuando “al país le va tan bien”. Sería una protesta provocada por la tensión entre altas expectativas socioeconómicas y logros económicos que se serían menores coyunturalmente. Un ex ministro afirmó que la clave de la paz social era la tarjeta de crédito y el ingreso a la universidad.[/cita]
El enorme impacto de la convocatoria de la Confech se explica porque el sistema político tiene severas limitaciones de representación, legitimidad y calidad. La nueva democracia ha sido incapaz de generar confianza entre las personas -89% no tiene confianza en los demás, cinco puntos más que en Mayo pasado- y hay una bajísima confianza en sus instituciones políticas, no sólo hacia los partidos, que tienen 9% de confianza, sino también hacia el poder judicial, con apenas 15%. El gobierno recibe algo más, pero es una minoría, 23%, y la oposición alcanza un poco más que el ejecutivo, 27%.
Instituciones y élites políticas con baja confianza ciudadana no se atreven a enfrentar problemas controvertidos. Ello demuestra la poca disposición a resolver el problema de la educación. Hay voluntad para lograr acuerdos en políticas que dan ventajas económicas a amplios sectores (postnatal para las mujeres, ingreso ético, etc.) pero no para controlar el lucro en los colegios particulares y en las universidades privadas.
La baja confianza en las instituciones políticas contrasta con la que tienen las Fuerzas Armadas, la FACH tiene 50% y el Ejército, 45%. Esto demuestra que se puede recuperar la confianza, pues los institutos armados la vieron debilitada en el pasado por su participación en el régimen del general Pinochet.
Este clima de baja confianza hacia las instituciones no afecta a las universidades estatales, pues un 56% tiene confianza en ellas. Las universidades privadas, por el contrario, reciben una muy baja confianza, 27%.
Otra demanda de los estudiantes -el cuestionamiento del lucro en la educación- ha calado hondo en la sociedad chilena. Apenas un 17% acepta que las universidades tengan utilidades, siendo justificado en las actividades económicas.
Esta desconfianza en las instituciones explica el alto apoyo que se da al plebiscito como medio para resolver entre las alternativas de política educacional, 71%, porque se cree que el gobierno, el congreso y los partidos no tienen la voluntad de resolver el problema de la educación.
Los chilenos han asumido otras demandas levantadas por los estudiantes: hay fuerte cambio a favor de una reforma Constitucional, aumentando del 48% que había en Julio del 2009 al 75%.
También aumentan fuertemente los partidarios de eliminar el sistema binominal, del 38% que había en Julio 2008 al 53% ahora. Este cambio es muy importante porque no ha sido ampliamente respaldado por la oposición, que sí lo ha hecho con otras demandas de los estudiantes.
Y hay un apoyo a la reforma tributaria, para financiar el mayor aporte que el Estado debe dar a la educación: 79% de los encuestados apoya que se suban los impuestos a los más que ganan más.
La reforma tributaria también se justifica para enfrentar las desigualdades, que tiene una gran vigencia por el convencimiento de los chilenos de las enormes desigualdades económicas y sociales que hay en el país, que hemos documentado en anteriores encuestas del CERC. La mitad de los chilenos, 47%, cree que las desigualdades económicas durante el gobierno de Piñera permanecerán iguales y 39%, que aumentarán. Algo similar ocurre con la percepción respecto a las desigualdades sociales: 48% señala que permanecerán iguales y 37% teme que ellas aumentarán.
El tsunami político castiga fuertemente al gobierno y al Presidente. Este es el eje del sistema político y el que tiene más recursos para dinamizarlo. 61% cree que el Ejecutivo no está interesado en resolver el problema de la educación. Por este motivo, los chilenos creen que los conflictos sociales se mantendrán, 45%, o aumentarán, 45%.
El gobierno sigue debilitándose porque sólo 22% aprueba su gestión y 66% la rechaza. Es el menor apoyo y el mayor rechazo que ha tenido un Presidente desde 1990. Este hecho, que en sí mismo no tendría significación política, adquiere enorme relevancia por la tendencia adoptada en una parte de la clase política, incluyendo en la Alianza, de entregar a las encuestas el poder para evaluar la gestión del gobierno y el Presidente.
La caída del apoyo al gobierno es difícil de detener y, menos aún, de revertir, porque el presidente Piñera tiene una bajísima credibilidad: 67% no le cree, 10 puntos más que en Mayo pasado. Es incomprensible que el presidente Piñera, que tuvo una audacia ilimitada en el mundo de los negocios, esté paralizado como gobernante.
Además, sus votantes están desencantados de su gestión y eso se demuestra en que sólo la mitad de quienes lo apoyaron en la segunda vuelta volverían a votar nuevamente por él. El resto no lo haría.
El tsunami también castiga a la oposición, saltando 16 puntos a 43% los que califican mal su desempeño, apenas 11% dice que lo ha hecho bien. Esta mala evaluación se produce a pesar de que aumentan los partidarios de la oposición al 45%, cambio que se explica porque han disminuido los partidarios del gobierno, que son apenas 22%.
El tsunami, en tercer lugar, está dañando la memoria histórica de los gobiernos de la Concertación. En comparación a Mayo del 2011 cae 13 puntos al 23% quienes creen que los “20 años de la Concertación” fueron buenos, 55% cree que fueron regulares y 14% que fueron malos. Este desplome también se produce en los votantes de sus partidos: cae 14 puntos en los electores del DC, 17 en los PPD y 12 en los PS.
El debilitamiento de la memoria histórica de los gobiernos de la Concertación se confirma con otra pregunta: a pesar de que hay una evaluación muy crítica del actual gobierno, una minoría, 28%, cree que un quinto gobierno del conglomerado lo habría hecho mejor que el de Piñera.
Este cambio demuestra la fragilidad de las propuestas de quienes reivindican la gestión de los gobiernos de la Concertación para fundamentar una alternativa para recuperar la confianza ciudadana.
Hay un debilitamiento de los partidos. Sólo un 47% menciona un partido por el cual votaría en las próximas elecciones parlamentarias y 53% no nombra un partido. Los chilenos tienen lealtades políticas, pero no las quieren dar a conocer porque están disconformes. Las dos coaliciones que dominan la política chilena, la Alianza y la Concertación, interpretan, en este momento, a una minoría del país: reciben 12% y 25% de menciones respectivamente. Están dominando dos conglomerados heterogéneos: los que dicen no votar por partido o se declaran independientes, 25%, y hay 28% que no saben o no quieren decir por quién votarán. Aquí hay votantes de derecha, como también de la oposición.
El debilitamiento de las instituciones y el desplome de los apoyos al gobierno y a la oposición tiene una excepción: Michelle Bachelet. Si figura se alza en este cambiante clima político, en que todos están perdiendo y esa fortaleza se ve confirmada por varias preguntas que apuntan en la misma dirección. Bachelet es (1) la persona que, según los chilenos, tiene más futuro político, 35%, (2) la principal figura de la oposición, 33%, a pesar de que vive y trabaja en los EE.UU. desde hace más de un año (las demás figuras de la oposición reciben 17% de menciones); (4) es la presidenciable de la Concertación para la inmensa mayoría de los chilenos, 56% (todos los otros alcanzan sólo 20%); (5) es vista como la próxima presidenta por un 32% de los chilenos y (6) en una eventual elección presidencial con el ministro Laurence Golborne, se impone por amplia mayoría: lograría un 59%.
El “fenómeno” Bachelet tiene que ver con la crisis de la Concertación, con partidos debilitados y sin renovación de dirigentes. Sólo aparece ella, que se encuentra lejos del país y de sus actores. Este liderazgo es un factor de agravamiento de la crisis de la Concertación, en la medida que hay un espejismo de triunfo electoral con ella, que deja en un segundo plano la necesidad de modernizar los partidos y renovar la propuesta programática a través de los think tanks vinculados a ellos.
El gobierno y un sector de la oposición no quieren entender la magnitud de la interpelación de la población al sistema político y económico. No quieren ver el tsunami político. Explican la protesta estudiantil y la movilización ciudadana como una “paradoja” cuando “al país le va tan bien”. Sería una protesta provocada por la tensión entre altas expectativas socioeconómicas y logros económicos que se serían menores coyunturalmente. Un ex ministro afirmó que la clave de la paz social era la tarjeta de crédito y el ingreso a la universidad, con lo cual ve al retail y a las universidades privadas como pilares de la estabilidad de la democracia y no en el apoyo de la ciudadanía y en el rol de las instituciones políticas.
Además, estas tensiones serían normales, porque Chile estaría saliendo del subdesarrollo al haber alcanzado US$15.000 de ingreso per cápita, una cifra mágica que abriría la puerta de la tierra prometida. Se agrega que los manifestantes serían hijos de los 20 años de democracia, una explicación que llega al oportunismo porque los jóvenes no reconocen esa paternidad. En una palabra, los problemas se arreglarán en el tiempo, sin hacer cambios.
Hay contundentes indicadores objetivos y subjetivos, como los que hemos mostrado acá, de que estamos ante una crisis de gobernabilidad, con una democracia debilitada y con un sistema económico cuestionado. Esta crisis comenzó mucho antes que Sebastián Piñera llegara a La Moneda. Las críticas de los ciudadanos al sistema político y a las desigualdades eran dominantes en las encuestas desde fines de los años 90, independientemente de la Crisis Asiática. Las demandas de los chilenos, gatilladas por el movimiento estudiantil, se dirigen no sólo a la educación. Se pide más participación, mayor calidad en los servicios públicos y mayor equidad.
Las reformas son ahora más difíciles que antes porque hay poderosos intereses económicos que se oponen a ellas, presionando al gobierno, al Congreso y los partidos para mantener la arquitectura institucional existente desde hace dos décadas. La “gobernabilidad”, como decía la Trilateral en los años 70, no está amenazada por las demandas de los sindicatos –que son muy débiles-, sino por el poder económico, las asociaciones empresariales y los think tank de derecha, principalmente el Instituto Libertad y Desarrollo y el CEP.
Hay mucha ideología contra las reformas, como en la tributaria, predominando el principio neoliberal que el crecimiento entrega los recursos que el Estado necesita. Es una miopía política, porque el Estado necesita más recursos para enfrentar la crisis de la educación y la próxima crisis del sector salud por los cambios demográficos y el aumento de los costos del sector. Los ahorros del cobre no son para gastarlos ahora, sino para usarlos en el futuro, cuando realmente sean años de vacas flacas. En EE.UU. y en varios países europeos se está planteando subir los impuestos a los ricos, pero en Chile este tema se mantiene ausente de la agenda, sin ser levantado por los legisladores de izquierda, algunos de los cuales incluso hacen propuestas con incentivos tributarios a los ricos que “invirtieron” en el exterior.
Las reformas son necesarias para la mayor estabilidad de la democracia y el sistema económico. Por ejemplo, el sistema de seguro privado de salud tiene una baja legitimidad: apenas 25% justifica que las Isapres tengan utilidades, lo que indica que seguirá el cuestionamiento de éstas y aumentará la demanda por un mayor gasto público en salud.
Las AFP ganaron legitimidad porque fueron reformadas durante el gobierno de Michelle Bachelet, abandonándose el principio neoliberal de que sólo valía la cotización individual y aceptando una fuerte participación del Estado.
Al comienzo de la democracia hubo un menor interés en las reformas por la decisión de priorizar la estabilidad política por las difíciles condiciones en que se dio la democratización, expresadas especialmente en la continuidad del general Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército, apoyado en ello por la UDI y RN, como también por buena parte de los grandes empresarios. Hoy no hay factores de inestabilidad política que impidan realizar reformas institucionales, que incluyan el fortalecimiento y modernización de las universidades estatales, el control efectivo del lucro en la educación, el aumento de los impuestos a los más ricos y otras.
Las reformas permitirán construir confianzas, que son indispensables para que el país tenga estabilidad en el futuro. La construcción de confianza crea un círculo virtuoso porque las instituciones y los actores con mayor confianza tienen más poder y se atreven a impulsar reformas rechazadas por intereses económicos o políticos, como los que ahora frenan la reforma de la educación.
Como dijera Willy Brandt, presidente del SPD, elegido canciller federal de Alemania en 1969, después de 20 años de gobiernos de la DC en Alemania después de la II Guerra Mundial: en la era de Adenauer, predominó la voluntad de evitar los experimentos para asegurar la reconstrucción del país y consolidar la democracia. Una vez alcanzados esos objetivos, es la hora de las reformas. “Quien quiera vivir con seguridad en el futuro, debe luchar ahora por las reformas”. Trabajar por las reformas institucionales es el desafío de hoy en nuestro país, necesarias de hacer para el Chile de mañana.
