Hemos leído una extensa declaración del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en la cual protesta por la insuficiencia del financiamiento contemplado en el Presupuesto 2012 para esa casa de estudios. Quiere más plata.
Sorprendente protesta, porque dicha casa de estudios ni siquiera funciona. Tanto es así que él no puede entrar a su propia oficina, desde hace casi cinco meses. La universidad está en manos de terceros, erigidos en delincuentes flagrantes, que no lo dejan entrar. Una universidad en que no hay clases, ni investigación, ni extensión ni nada ¿cómo pretende que el dueño le dé todavía más dinero?
¿Qué se opinaría en el directorio de una empresa si el gerente se presentara un día pidiendo un aumento del subsidio para hacerla funcionar, si ella estuviera paralizada?
Los directores le preguntarían:
–Pero ¿cómo quiere más subnsidio si la empresa no funciona?
–Bueno… es que se la tomaron…
–¿Y usted, qué ha hecho para recuperarla? ¿Recurrió a la policía?
–No…
–¿Presentó un recurso de protección a los tribunales?
–No…
–Es decir, usted no ha cumplido ninguno de sus deberes básicos como cabeza de la empresa, la mantiene sin producir nada ¿y quiere que más encima le demos dinero?
Ese directorio ni siquiera sabía que el gerente había desfilado por las calles en apoyo de los que se tomaron la empresa.
Pues ése fue el caso del rector de la Universidad de Chile: desfiló a la cabeza de los grupos que le tomaron por la fuerza su universidad y la paralizaron. ¿Y quiere más plata encima?
No deberían darle siquiera la subvención presupuestaria que tiene ya asignada. ¿No existe en el país una Contraloría para velar por eso? Pues se la dan. Y se la dan porque éste se ha convertido en un país donde el Gobierno asigna en el Presupuesto anual decenas de miles de millones de pesos a instituciones que no funcionan.
Y no funcionan porque están usurpadas por la fuerza y sus directivos no cumplen ni siquiera el papel mínimo que les cabe como tales, que es el de recuperar los inmuebles institucionales que están bajo su responsabilidad. Aunque más no fuera por dignidad, el rector debería por lo menos reivindicar el derecho a ingresar a su propia oficina.
¿En qué país vivimos?
Respuesta: en Chile, un país de opereta.
