El año 2011 será recordado como un período de cambio social, signado por la irrupción masiva de actores sociales en la esfera pública. Sin lugar a dudas los estudiantes han cumplido un rol catalizador a la vez que delatan los malestares más profundos de la sociedad chilena en este largo ciclo de vigencia del estado neoliberal, iniciado tras la crisis institucional de 1973. El modo en que se articulen las nuevas demandas y propuestas sociales a las fuerzas políticas emergentes marcará el proceso político de cara al 2014 y en los años venideros.
Ha sido difícil de aceptar por parte de la clase política tradicional gobernante – en el poder y la oposición – que el ciclo iniciado hace 38 años está en fase de colapso, no porque exista un cuadro de deterioro creciente y nunca acabado de crisis de la política, o por el bajo nivel de legitimidad de las instituciones del Estado, porque los jóvenes no creen en el sistema o por la irrupción de las mayorías o la revuelta de la clase media.
Los motivos apuntan en otra dirección: estamos asistiendo a una escisión entre, por una parte, sistema político y, por otra, sociedad. El sistema político de democracia protegida que rige en el país está anclado a un diseño surgido en tiempos de la guerra de baja intensidad, cuando los Estados Unidos enfrentaba el reto comunista en su patio trasero, y que llevó a la instalación de dictaduras de seguridad nacional, como la que vivimos por 17 años. Ese sistema fue ideado como una contención o barrera a la expansión del comunismo y socialismo, que veía la sociedad como un campo de lucha donde sólo cabía la aniquilación del opositor. El nuevo orden creado por los defensores de la libertad fraguó una idea de democracia para controlar a la sociedad y no para fomentar su autonomía y la deliberación pública. Pero a casi cuatro décadas del asalto al poder y de fundación de un estado defensor de privilegios corporativos de la clase lucrativa, los argumentos a favor de preservar un orden que por su naturaleza ha producido desigualdad, son equívocos. Los argumentos conservadores que, por ejemplo, asocian multipartidismo con polarización social, para negarse a modificar el sistema binominal, delatan confusión, pues las circunstancias en que se desarrolló esa sociedad y ese régimen electoral ya no existen. Son los fantasmas del pasado. Y de esos está poblado el discurso político.
Por otra parte, la sociedad que se separa del orden reinante, lo hace porque la democracia representativa de la Constitución de 1980, no fue concebida para incluir a los nuevos sujetos y actores sociales, sino para excluir a los viejos grupos del orden bipolar del siglo XX, evitando al máximo su interferencia en los asuntos del nuevo estado subsidiario. Si se lee detenidamente, en los últimos 38 años no ha habido integración institucional de formas de participación ciudadana en las políticas públicas como política de estado. En dictadura hubo corporativismo social, fundada en la teoría de los grupos intermedios. En la post dictadura – periodo de la Concertación – en rigor hubo simulacro y algunas buenas intenciones y, en los nuevos tiempos, no alcanza para farsa. La ley 20.500 ni dispone de presupuesto, ni se ha actuado con la debida prolijidad en su implementación.
Enfrentada a un orden que no valora a la ciudadanía, el camino de la acción ciudadana no institucional, seguirá en desarrollo y marcará los escenarios políticos próximos. El sistema político no dispone de ductos de descompresión, y la clase política vive en una institucionalidad del pasado. La confluencia entre movimientos ciudadanos y nuevos liderazgos democráticos exige levantar propuestas de recomposición sistémica y programática de un nuevo orden político, que instale en La Moneda a los sujetos históricos del siglo XXI.
