El lunes 27 de febrero de 2012 será una fecha triste que en muchísimas zonas de nuestro país representa una herida aún abierta. Basta con recorrer localidades como Dichato, Tirúa, Llico o Talca para darse cuenta que el 27-F está aún muy presente en la vida de aquellos que hoy (y los años que vienen) siguen viviendo en mediaguas y “aldeas” de emergencia.
El tema parecía olvidado el resto del año, tanto en los medios de comunicación masivos (sólo reflotado en paralelo a la tragedia de Juan Fernández) como por el mundo político de todos los sectores. Y casi el 80% de la población de la VIII región (según encuesta de CORBIOBIO de septiembre 2011) cree que si el epicentro de esta catástrofe hubiese ocurrido en Santiago, el ritmo y la cobertura hubiesen sido diferentes.
Como Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile hemos participado en este tiempo en diversas actividades organizadas por las propias localidades afectadas desde la ciudadanía, y hemos realizado terrenos a lo largo de estos dos años. Esto nos ha permitido observar in situ los distintos grados de avance en reconstrucción, así como escuchar los testimonios de los afectados y los principales actores locales sobre los problemas que los afectan. Es por esto que queremos poner el acento en algo preocupante. Más allá de las cifras entregadas por el Gobierno, no debemos olvidar que detrás de esos números hay miles de familias que no sólo debieron sufrir la emergencia sino que aún se encuentran inmersas en este proceso lento y engorroso. Se acerca la fecha de conmemoración y todo parece enfocarse en cifras, lo cuantitativo toma una relevancia excesiva que no está permitiendo visualizar otras problemáticas. Pareciera que todo se concentra en Obras Públicas y Vivienda, pero este proceso es muchísimo más complejo y existen varias áreas que casi no se mencionan y, de hacerlo, nuevamente se reducen a lo cuantitativo. ¿Cuántos colegios se reconstruyeron? ¿Cuántos hospitales, cuantos puentes y rutas se repararon?
Si la gente de la región del Bio-Bio cree que la reconstrucción hubiese sido más rápida y eficiente si el epicentro se hubiera situado en Santiago, ¿no estaremos frente a un síntoma de algún problema de descentralización? ¿Y por otro lado, qué pasa con la gestión de riesgos, con la agricultura y con los problemas sanitarios derivados de este proceso, en qué condiciones está viviendo la población y cuáles son los nuevos riesgos que han aparecido? ¿Se aplicó una política de salud mental post-traumática? ¿Cómo se enfrentaron en las escuelas y otras instituciones de educación desde el 27-F en adelante respecto de los contenidos, de la salud mental de quienes trabajan ahí y quienes estudian? ¿Qué estamos reconstruyendo? ¿Sólo lo material? ¿Las localidades y las familias afectadas sólo requieren casas, rutas y servicios?
Y de paso se está olvidando a quienes el 27-F también cambió la vida y no aparecen en las cifras de Gobierno, ya sea porque no obtuvieron el puntaje de la Ficha de Protección Social o por un sinnúmero de razones (títulos de propiedad no regularizados, trámites fuera de plazo, etc.). A pesar de que los números entregados por la Ministra del Trabajo, Matthei, hablan de un crecimiento del empleo en las zonas de catástrofe, éstos no dan cuenta de aquellas personas cuya fuente de trabajo se destruyó con el terremoto/maremoto y que viven en la precariedad de trabajos temporales. Tampoco se refiere a aquellos que sobreviven apenas reorientando su pequeña producción a causa de los cambios geografícos derivados del terremoto (como ocurre en algunas zonas de pesca artesanal). En estas cifras oficiales tampoco se encuentran aquellas familias que se vieron envueltas en largos procesos judiciales y administrativos pues la inmobiliaria respectiva no se responsabiliza por daños del departamento/edificio que construyó, el seguro no responde, la expropiación no es justa como esperaban, etcétera.
Aún cuando mediáticamente se destaquen los logros en reconstrucción con altos porcentajes oficiales de avance y los dardos se lancen en distintas direcciones por lo ocurrido la noche del 27-F, el descontento se mantiene. Y esto porque esta reconstrucción, que se anuncia como participativa y eficiente, en la práctica no lo está siendo, lo que explicaría las diversas versiones de las autoridades sobre plazos y metas. A pesar de los porcentajes oficializados, existe confusión entre lo que se está haciendo, lo que se hizo, lo que queda por hacer y las implicancias de esa incertidumbre. No hace falta desarrollar una discusión sobre la polémica del “nuevo subsidio” para vivir con un familiar informado por el Presidente de la República que terminó siendo comentario mundial en las redes sociales hace muy poco, a pesar que se trata de un programa que ya lleva un tiempo realizándose. A dos años del terremoto y tsunami, no existe claridad respecto de cómo y qué se está implementando cuando hablamos del proceso de reconstrucción ni sobre otras áreas que se relacionan directamente o indirectamente con él. Aún no existe una política clara para la gestión de riesgos, y así nos hemos vuelto a enfrentar como chilenos a la tragedia a causa de otras emergencias como erupciones e incendios forestales, donde la gestión de la ONEMI ha vuelto a ser cuestionada y hemos vuelto a hablar de reconstrucción, incluso debiendo agregar a la larga lista de comunas afectadas otras como las del norte (por las recientes lluvias). La reconstrucción post 27-F no ha avanzado como la ciudadanía espera, ¿avanzará de mejor manera para aquellas zonas que acabamos de agregar a la lista para ser reconstruidas?
Por lo que sabemos, la reconstrucción 27-F ha generado un gran descontento ciudadano, lo que se ha evidenciado en las múltiples actividades de protesta y discusión organizadas durante este tiempo, y se esperan más en estos días en cada localidad para conmemorar los dos años. Así lo han expresado los distintos movimientos y organizaciones ciudadanos ligados a la reconstrucción (MNRJ, Redconstruyamos, etc.) que más allá de los porcentajes de avance, es la calidad del proceso la que está siendo cuestionada por la ciudadanía y la legitimidad, está siendo cuestionada por los movimientos sociales al no haber participación efectiva; de hecho se está organizando una consulta ciudadana del 25 de febrero al 4 de marzo (presencial y online). Ya lo expresaron en un encuentro ciudadano de reconstrucción de 2011 en Dichato: “Reconstrucción no es reconstruir casas, es reconstruir vidas”. Y las cifras se siguen centrando en lo material, olvidando todos los elementos que componen las sociedades locales y el hábitat en el que se está interviniendo, partiendo por los ciudadanos mismos.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
