El sector financiero requiere de medidas que lo hagan más transparente y lleven a mayor competencia, especialmente en segmentos relevantes para los sectores más desprotegidos. El gran desafío es proponer políticas que contribuyan a lograr este objetivo. La propuesta de Marco Enríquez-Ominami y Eugenio Rivera no es una de ellas.
A mediados de febrero, la Fundación Progresa, que preside Marco Enríquez-Ominami, inició la recolección de firmas para la campaña “Cumplí, que devuelvan los intereses”.
En una columna publicada en La Tercera el 25 de febrero argumenté que devolver el diferencial de interés a quienes cumplen sus obligaciones perjudica a los sectores que busca beneficiar, pues encarece el crédito para estos sectores a tal punto que pierden acceso por completo a esta opción.
El 5 de marzo, Enríquez-Ominami y Eugenio Rivera me respondieron en El Mostrador. Su principal argumento es que “si una persona ha sido clasificada en una categoría de riesgo equivocada, pagando una sobre prima por riesgo en su tasa de interés, y dicha persona paga su crédito completamente en el tiempo y forma acordada, corresponde que la institución que otorga el crédito devuelva los intereses adicionales cobrados, producto del error en la clasificación de riesgo”.
[cita]El sector financiero requiere de medidas que lo hagan más transparente y lleven a mayor competencia, especialmente en segmentos relevantes para los sectores más desprotegidos. El gran desafío es proponer políticas que contribuyan a lograr este objetivo. La propuesta de Marco Enríquez-Ominami y Eugenio Rivera no es una de ellas.[/cita]
El argumento anterior no es correcto. Si un banco evalúa hacer 1.000 préstamos a trabajadores jóvenes, sin avales y sin garantías, ¿debiera cobrarles lo mismo que a 1.000 trabajadores con estables historias laborales, garantías y avales? No debiera. El primer grupo le saldrá más caro y es razonable cobrarles más. Y, si a aquellos trabajadores del primer grupo que cumplen cabalmente con su compromiso se les devuelve el diferencial de tasas, inevitablemente la tasa que pagarán inicialmente todos los trabajadores del primer grupo será mucho más alta, por lo cual nadie en este grupo tendrá acceso a crédito.
En jerga de economista, si se utiliza la realización ex-post de variables que son inciertas al momento de otorgar un crédito, para reducir la tasa original con efecto retroactivo en aquellos casos donde los riesgos no se materializan, esto llevará a que las instituciones financieras cobren tasas aún más altas inicialmente, terminando con el acceso al crédito de los sectores que se busca beneficiar (aquellos de mayor riesgo ex-ante). El problema central de la propuesta de Fundación Progresa es que no considera el incremento de tasas a que da lugar para los sectores que desea beneficiar.
Enríquez-Ominami y Rivera mencionan que los seguros de vida tienen características similares a las de su propuesta, sin explicar cuáles son dichas características. Si lo que tienen en mente es que los seguros premian montos crecientes a asegurados que resultan ser más longevos, la analogía no es correcta, pues las primas iniciales reflejan diferenciales de riesgo que, en promedio, no se compensan.
Para ilustrar por qué la propuesta de Fundación Progresa aplicada al mercado de seguros de vida no funciona, consideremos dos grupos de asegurados que compran rentas vitalicias. Los dos grupos son idénticos, salvo que todos en el primer grupo son diabéticos que no se cuidan debidamente, de modo que, en promedio, morirán antes. Si a aquellos asegurados del primer grupo que resultan ser longevos se les compensa por el diferencial de prima que pagaron inicialmente respecto del segundo grupo, el seguro que los diabéticos pagan inicialmente se encarecerá a tal punto que no podrán financiarlo. Una vez más la propuesta de MEO no funciona, porque lleva a un importante incremento de las tasas o primas iniciales para los grupos que busca favorecer.
En su columna, Enríquez-Ominami y Rivera también expresan preocupación por una serie de temas importantes sin conectarlos con su propuesta o mi columna. Por ejemplo, mencionan la falta de competencia en el sector financiero y les preocupa la captura de los organismos reguladores y los políticos. Sin embargo, no explican por qué su propuesta contribuye a mitigar estos problemas. En particular, no hay nada en la campaña “Cumplí, que devuelvan los intereses” que sugiera que las instituciones financieras competirán más intensamente si llegara a aplicar.
Enríquez-Ominami y Rivera también sugieren que mi crítica es injusta, porque considera sólo una de muchas medidas que proponen. La medida que analicé fue aquella que, en opinión de los autores, es la principal medida del paquete propuesto. En efecto, es la única medida mencionada en los correos electrónicos que enviaron para recoger firmas.
El sector financiero requiere de medidas que lo hagan más transparente y lleven a mayor competencia, especialmente en segmentos relevantes para los sectores más desprotegidos. El gran desafío es proponer políticas que contribuyan a lograr este objetivo. La propuesta de Marco Enríquez-Ominami y Eugenio Rivera no es una de ellas.
