Renuncian presidenta y tres integrantes de Comisión Verdad y Niñez: apuntan a Ministerio de Justicia

La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez sufrió una fractura mayor luego de que su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y Judith Schönsteiner presentaran su renuncia, en una decisión que deja en entredicho la continuidad del trabajo impulsado para esclarecer vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.

La instancia había sido creada a fines de 2024 por el entonces Presidente Gabriel Boric con el objetivo de reconstruir la verdad sobre las vulneraciones cometidas contra menores bajo tutela del Sename y proponer medidas de reparación. Sin embargo, los cuatro integrantes resolvieron dar un paso al costado alegando que ya no existen las condiciones mínimas para cumplir ese mandato.

En una carta, los renunciados sostienen que durante semanas mantuvieron conversaciones con autoridades, presentaron propuestas de ajuste presupuestario y entregaron antecedentes técnicos para resguardar el funcionamiento de la comisión. Según plantean, lo hicieron con un solo criterio: proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de una tarea que consideran una obligación del Estado.

El cuestionamiento apunta directamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat. En el texto, los excomisionados afirman que las decisiones adoptadas por la cartera —entre ellas, la desarticulación del equipo profesional, la alteración del modelo territorial y el debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios— vuelven inviable continuar en coherencia con el mandato encomendado.

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La carta también enfatiza que la comisión no puede ser tratada como una estructura administrativa más, sino como un proceso de verdad, reconocimiento y reparación frente a graves vulneraciones de derechos humanos. En esa línea, advierten que la toma de testimonios requiere confianza, continuidad, especialización y resguardo ético, y que muchas víctimas no son fácilmente localizables sin un trabajo territorial sostenido ni acceso a registros históricos, que —según denuncian— sigue sin garantizarse.

Los renunciados sostienen además que el debilitamiento actual no es solo un problema de gestión, sino que compromete la respuesta del Estado frente a una deuda histórica. A su juicio, cuando se desarticulan equipos especializados con criterios administrativos y se limita la autonomía de una comisión de verdad, se altera el sentido de su trabajo y se pone en riesgo gravemente su capacidad de cumplir el mandato.

Con estas cuatro salidas, la comisión queda reducida a los comisionados Sebastián Valenzuela, Miguel Cillero y Carmen Domínguez, abriendo un nuevo flanco para el Ministerio de Justicia y dejando en suspenso el futuro de una instancia creada para abordar uno de los capítulos más sensibles en materia de protección de la niñez en Chile.