El debate debe hacerse mirando de frente la realidad de las circunstancias que plantean los proyectos de ley y no sólo vociferando teorías en el aire, que no recogen los hechos trágicos que nos puede presentar la vida.
Después de 23 años desde el regreso a la democracia, el Senado chileno ha comenzado a debatir por primera vez uno de los dilemas éticos más problemáticos del último tiempo: la despenalización del aborto bajo circunstancias acotadas y excepcionales, pero de una crudeza abrumadora, respecto de las cuales nadie debiera ser indiferente.
¿Cuáles son tales circunstancias excepcionales serán discutidas en sede legislativa? La respuesta a esto es relevante, porque existen tres proyectos que incluyen en su conjunto cuatro causales distintas: a) Cuando exista riesgo para la vida de la mujer; b) Cuando el embarazo sea producto de una violación; c) Cuando se diagnostique la incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y; d) Cuando se diagnostique al feto una “grave tara o malformación física o psíquica”. (Sólo esta última causal podríamos denominarla aborto eugenésico, pues su amplia redacción ─que debiera ser corregida por el mismo parlamento─ impide conocer qué criterio se utilizará para calificar la “gravedad” de la malformación, lo cual podrían conllevar un acto discriminatorio en contra de nonatos con cualquier tipo de discapacidad).
En lo que va del debate se han escuchado las primeras aproximaciones de algunos de nuestros parlamentarios, respecto de los cuales queda la sensación que éstos no logran comprender el problema en su real magnitud, pues en los argumentos utilizados se abusa de clichés y frases inconclusas que no ayudan en la discusión de fondo.
[cita]El debate debe hacerse mirando de frente la realidad de las circunstancias que plantean los proyectos de ley y no sólo vociferando teorías en el aire, que no recogen los hechos trágicos que nos puede presentar la vida.[/cita]
El caso más emblemático es el argumento expresado por la Senadora Von Baer, quien manifestó que las mujeres no tendrían el derecho a interrumpir sus embarazos bajo ninguna circunstancia, pues éstas sólo “prestarían” su cuerpo al ser en gestación, lo que denota una visión de la mujer como medio para los fines de un tercero (una especie de incubadora humana) y no como un fin en sí misma, lo cual es un argumento ─por sí solo─ inaceptable en términos éticos.
Se dice también con mucha locuacidad y energía que estas iniciativas constituyen un intento por imponer el aborto a secas. Así lo señaló, por ejemplo, el Senador Hernán Larraín, al señalar que estas iniciativas “constituyen un aborto encubierto que no es aceptable”, con lo cual se instaura una política del terror ─conocida como falacia de la pendiente resbaladiza─ en donde el emisor del mensaje cierra toda posibilidad de debatir sobre el asunto que realmente se está debatiendo. Lo anterior, sería como prohibir el fuego por temor a los pirómanos, prohibir la conducción de automóviles por miedo a los conductores ebrios o proscribir la ciencia por temor a quienes puedan hacer mal empleo de ésta. Suena absurdo, ¿verdad? Pues, lo es. Y, como es absurdo plantear el debate en estos términos, es de esperar que tanto el Senador Larraín como sus colegas no sigan eludiendo la discusión que se les plantea.
Se espera además que los parlamentarios fundamenten sus posiciones en razones públicas, dejando de lado (en la discusión pública, no en sus vidas) argumentos de tipo religioso, pues lo contrario implicaría una acción contraria a la Constitución, al vulnerar el derecho a la libertad de creencias y, por ende, las bases de todo Estado democrático no confesional. Al respecto, se espera que los legisladores comprendan que un Estado laico no exige que traicionen sus legítimas convicciones religiosas, sino simplemente que las dejen fuera del debate de una ley que, al final del día, deberán respetar todos los chilenos, con independencia de sus creencias. Mi reflexión en este punto, es que no se ha logrado transmitir con claridad que ésta no es una crítica a quienes tienen fe, sino que a aquellos que, teniendo fe, desean imponerla al resto.
Pues bien, si lográramos que nuestros parlamentarios entendieran que deben afrontar las extremas circunstancias que los proyectos plantean, sin desviar su atención a supuestas intenciones maquiavélicas de abortos encubiertos y, además, dejando a un lado argumentos de tipo religioso, para dar paso simplemente a la fuerza de las ideas terrenales, podríamos aspirar a un debate con la seriedad y razonabilidad que se requiere.
Pero eso no es todo. También es posible visualizar una carencia en el debate público previo a la discusión que se dará en el Congreso Nacional, que se manifiesta en lo maniquea que resulta. En efecto, algunos hablan de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer sin hacer mención a la opinión que le merece el feto, mientras que, desde la otra vereda, se habla sólo de los derechos del que está por nacer, olvidándose completamente de la mujer embarazada, repitiendo una y otra vez que ante un conflicto entre ambos, debe primar el derecho a la vida del nonato.
No obstante, la pregunta que nunca se responde es: ¿Por qué siempre debiera primar el valor de la vida del nonato en los casos considerados en los proyectos de ley? ¿Por qué siempre debiera ser así? Hasta ahora las respuestas han sido simplemente “porque sí”, “porque el derecho a la vida es sagrado, inviolable y el más importante de todos los derechos” o “porque la vida comienza desde el momento mismo de la concepción y termina siempre con la muerte natural” como si estas premisas fueran leyes universales o verdades absolutas (aplicadas sin excepción) provenientes del “más allá”, ergo, indiscutibles en el plano de la razón.
Claramente, la lectura obligada es que en el fondo se esconden motivos religiosos y no públicos, razón por la cual la invitación es a que los parlamentarios que crean que el derecho a la vida debe primar siempre ante la afectación de cualquier otro derecho fundamental, expliquen sus motivos con precisión en cada caso en particular, de manera de dilucidar si sus fundamentos son o no razonables en un Estado no confesional. Lo anterior, sin perder de vista que nuestro derecho permite el sacrificio de vidas humanas, atendidas determinadas circunstancias específicas y que eximen de responsabilidad penal (p.e. estado de necesidad). Vistas así las cosas, no basta que los parlamentarios arguyan una primacía absoluta del derecho a la vida del que está por nacer por sobre cualquier otro derecho fundamental, sino que hagan el esfuerzo y expliquen fundadamente los motivos que los hacen afirmar dicha primacía.
En definitiva, no cabe más que reconocer que existe acá un dilema ético en que ninguna alternativa es completamente satisfactoria, pero que exigen forzosamente que se opte por una de ellas: O el Estado obliga a sus mujeres a hacer lo que éste considera “bueno” (lo que implica muy probablemente, una gravísima afectación a la salud física y mental de éstas) o bien; cada mujer ─bajo ciertas circunstancias─ juzga en conciencia y determina en libertad, que es lo que estima correcto.
Vistas así las cosas, cabe preguntarse, ¿no será acaso ─como creo firmemente─ que permitir la decisión de interrumpir el embarazo en los casos en cuestión, resulta ser la alternativa más proporcional y razonable, pues lo contrario implicaría exigir a las mujeres, comportamientos heroicos, que representan verdaderas torturas sicológicas (algo sin precedentes en una democracia)? ¿Se justifica la criminalización de una mujer que decide interrumpir su embarazo, bajo las circunstancias que plantean los proyectos de ley?
Y en el contexto de fetos incompatibles con la vida, cabe agregar un punto esencial que puede ilustrarse en función de una pregunta aún sin respuesta por quienes se oponen a la despenalización del aborto en tales circunstancias: ¿Por qué no conceder la posibilidad de evitar tanto dolor humano que además resulta pueril para quien se dice defender?, ¿para qué?, ¿para defender los intereses de quién? En otras palabras, ¿Cómo es posible decir que se está defendiendo al nonato, si éste, muy a nuestro pesar (sobre todo de la propia mujer y futura madre), no tiene ni tendrá las capacidades para formar intereses propios, incluido el interés de defenderse, o bien, de no hacerlo. Decir entonces que se están defendiendo los intereses del que está por nacer es falaz, porque lo que en realidad se está defendiendo son sólo intereses de terceros, es decir, los intereses de aquellos que se manifiestan contrarios al derecho de decidir de la mujer.
El debate debe hacerse mirando de frente la realidad de las circunstancias que plantean los proyectos de ley y no sólo vociferando teorías en el aire, que no recogen los hechos trágicos que nos puede presentar la vida. En este último tiempo, muchas mujeres se han atrevido (vgr. Elisa Walker, Areta Abarca, o la hija de la familia Espinoza Morales) al igual que yo, a exponer sus vidas privadas para enriquecer el debate y debatirlo en su justa medida. No debiera ser así, pero se ha hecho necesario.
Finalmente, habría que agregar algo acerca del dolor, pues se ha planteado que en los casos en que diagnostiquen fetos incompatibles con la vida, el asunto se resolvería a través de apoyo sicológico y/o siquiátrico que el Estado debiera asegurar. Tal argumentación plantea que el Estado es quien define, ex ante, la mejor alternativa para la mujer afectada, reemplazando así, su voluntad. No obstante, no se señalan las razones por las cuales resultaría más razonable exponer a la mujer a una situación inconmensurablemente trágica, con el objetivo de mantener una vida que no tendrá la capacidad de independencia, de autonomía y de generar ─en definitiva─ vida e intereses propios. Como estas razones no se señalan, no cabe más que imaginárselas: O se considera que la continuación de la vida en gestación tiene un sentido extraterreno (lo que correspondería a un visión religiosa), o bien; se considera que la práctica de un aborto, en tales circunstancias, generará en la mujer un trauma mayor que el que se generaría la continuación del embarazo (lo que implica un paternalismo inaceptable). En suma, un apoyo sicológico y/o siquiátrico no es una alternativa, sino que es un complemento a la idea de despenalizar el aborto en las situaciones comentadas, pues la mujer tendría mayores y mejores insumos para adoptar su decisión en libertad.
Es de esperar entonces, que el debate se enmarque dentro de lo que plantean los proyectos de ley y no se utilicen subterfugios para evadir las acotadas problemáticas que los proyectos en discusión plantean. Probablemente, si llegásemos a desenmarañar las razones públicas de nuestros parlamentarios, comenzaríamos a hablar, principalmente, de las cosas que puede o no, prohibirnos nuestro propio Estado (¿puede exigirnos comportamientos heroicos que implican soportar torturas sicológicas gravísimas e imborrables?). Si somos capaces de llegar a este punto, recién ahí comenzaría el debate de verdad planteado.
De cualquier forma e independiente del resultado de la votación de nuestros Senadores, estoy segura (en esto no titubeo un segundo) que esta discusión continuará su curso, hasta que afloren con fuerza las razones públicas que nos permitan salir del vergonzoso y reducidísimo grupo de países que penalizan el aborto a todo evento.
