El mito de la incertidumbre municipal

Varios actores políticos y analistas han insistido en los últimos meses que la gran novedad de estas elecciones es la incertidumbre. Como el padrón electoral creció en un 40 % al incluir poco más de 5.2 millones de electores, muchos plantean que estamos frente a una elección histórica. Eduardo Vergara sostenía que “nos enfrentamos a la peor pesadilla de la política: la incertidumbre” (La Segunda, 1/10/2012). Roberto Méndez (Adimark) afirmaba que “si tuviera que decirlo en simple, nadie sabe qué va a pasar porque nunca hemos tenido una elección con este nuevo padrón. Todo lo que hay son especulaciones” (Revista Poder, septiembre 2012). Por su parte, el diputado Pepe Auth planteaba que el voto voluntario “genera gran incertidumbre” (La Nueva Opción, 22/06/2012).

La sensación que algo diferente o importante ocurrirá en las municipales 2012 es lo más alejado de la realidad y esto por varios motivos. El primero y quizás más determinante es la estabilidad en la oferta política. No sólo el 84 % de los alcaldes en ejercicio buscará su reelección, sino que el mayor número de candidatos pertenece o a la Coalición por el Cambio o la Concertación, concentrando el 64 % de las candidaturas. Pero además, de las 11.057 personas que buscan ser electos como concejales o alcaldes, sólo el 14 % de ellos tienen menos de 34 años de edad y sólo el 25 % son mujeres. Al observar exclusivamente las candidaturas de alcaldes, sólo el 14,6 % son mujeres.

Pero junto con ello, como los partidos y movimientos emergentes se presentan divididos en seis pactos, las probabilidades de cambiar el estatus quo es ínfima porque la relación votos obtenidos/cargos asignados siempre ha perjudicado a pactos pequeños. De este modo, desde el punto de vista de la oferta política —alcaldías más, alcaldías menos— los equilibrios macro no variarán significativamente.

La segunda razón tiene que ver con el financiamiento de las campañas. La Coalición por el Cambio ha concentrado históricamente el mayor porcentaje de donaciones de privados (70 %), seguido muy por debajo por la Concertación (27 %) y otros partidos y pactos más pequeños (3 %). El fuerte desequilibrio que existe en el gasto en campañas tiene un impacto muy significativo en la posibilidad de hacer llegar mensajes visuales, radiales o escritos al electorado. Y aunque sabemos que el gasto electoral no compra automáticamente una elección, con certeza sabemos que ayuda en obtener un cargo.

La tercera razón tiene que ver con los electores. Estudios comparados y diversas encuestas de opinión muestran consistentemente que los segmentos más pobres y más jóvenes de la sociedad tenderán a votar menos que los grupos más acomodados y de mayor edad. También sabemos que en elecciones municipales existe menor interés de la población por votar que en las presidenciales.

Todo este nos lleva a una conclusión muy simple: la anunciada “incertidumbre” no se traducirá en un cambio significativo en la política en Chile. Quizás la Concertación le disputará unas cuantas comunas a la coalición gobernante. Quizás se producirá algún nivel de tensión por empates técnicos en una que otra comuna. Pero el 29 de octubre advertiremos que esta drástica transformación del padrón electoral solo tendrá un efecto secundario en la política. Todo cambia, pero las cosas seguirán igual.

Para verdaderamente observar un cambio tendríamos que modificar significativamente al menos cuatro condiciones: primero, se debe reformar drásticamente la forma en que se financia la política para reducir las diferencias en la competencia; segundo, se necesita revisar el acceso igualitario a medios de comunicación; tercero, se requieren medidas de acción afirmativa decididas para incorporar grupos de la sociedad históricamente discriminados; y cuarto, se requiere revisar sustantivamente la Ley de Partidos Políticos para democratizarlos en forma efectiva. La atención, entonces, no sólo debe ser puesta en este nuevo electorado, sino en la forma en que está diseñada la oferta política.