Señor Director:
En relación la columna publicada días atrás por el analista político Franklin Santibáñez titulada “De derechos, contratos y el matrimonio homosexual”, quería añadir un par de reflexiones.
Considero que el impulso de centrar la discusión sobre el “matrimonio homosexual” en las atávicas liturgias religiosas sobre las que se funda la institución matrimonial, en sus raíces etimológicas o en cuán enquistado está en lógicas económicas, es algo que distrae del foco que actualmente tiene el tema, que es la búsqueda de inclusión de colectivos que históricamente estuvieron al margen de varios derechos que —imperfectos o no— están sí consagrados para el resto de los ciudadanos.
Celebro, en todo caso, abordar desde una perspectiva crítica no sólo el matrimonio, sino todas las instituciones, campos y espacios que han contribuido a cimentar la desigual sociedad en la que vivimos.
De hecho coincido plenamente con F. Santibáñez que la institución matrimonial es poseedora de una historia —por lo menos obscura— sobre la que ni siquiera vale la pena en estas líneas profundizar demasiado (además de que él ya lo hizo con suficiente claridad en su columna). Me pregunto nuevamente, sin embargo, si esa toma de distancia que el columnista expresa en sus párrafos no propicia que enormes franjas poblacionales queden por fuera del reconocimiento de un derecho del que sí gozamos otros.
Siguiendo el razonamiento de Santibáñez, uno podría argumentar que la manifiesta degradación sufrida por la democracia y la decadencia que como sistema social muestra actualmente nos debería poner en la vereda de los que se opusieron a que las mujeres, o los negros accedieran (como hicieron recién a mediados del siglo pasado) al derecho a voto en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
O también podría considerar que si la idea de “propiedad privada” tan repleta también (como la de “matrimonio”) de una historia que contribuyó inequívocamente a la configuración de la poco igualitaria sociedad en la que vivimos, implica que uno debería estar en contra de que los homosexuales, los aborígenes, los extranjeros o cualquier otro colectivo minoritario y subalterno tenga acceso al derecho de adquirir bienes en el marco de una sociedad en la que el resto sí los tiene.
El debate sobre el “matrimonio igualitario” (nombre a mi juicio bastante más adecuado que el de “matrimonio homosexual”, ya que al no indagar sobre preferencias sexuales, la legislación actual permite de hecho que se casen un hombre y una mujer homosexuales, algo que sospecho, ocurre bastante) debería entenderse en el marco de la igualación de derechos y de la inclusión, mucho más que en el de la fenomenología del término o su genealogía.
Por último, una ley de matrimonio igualitario consagra la “disponibilidad de un derecho” y no la obligación de ampararse en él. Yo prefiero que sean los propios homosexuales los que decidan soberanamente si prefieren tomar distancia (por principios, porque no los identifica o por lo que ellos prefieran) de ese derecho, y no que seamos nosotros paternalistamente los que decidamos por ellos.
Iván Enrique Gajardo Millas
Músico y Periodista
