Es preciso que tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como el Ministerio de Economía, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia adopten de inmediato las medidas necesarias que correspondan a cada uno, para evitar que las distorsiones de precios y los obstáculos al desarrollo de la competencia se sigan manteniendo en el país. La oportunidad es ahora, antes de que se inicien los nuevos procesos para fijar las tarifas máximas de los cargos de acceso de la telefonía fija y móvil.
Un estudio de la consultora Cullen International —dado a conocer recientemente por la prensa financiera de nuestro país— indica que la relación entre los cargos de acceso de la telefonía móvil y fija es de 10,23 veces en Chile, similar a la de Suiza (10,65 veces) y por debajo del promedio latinoamericano (11,05 veces). Esta información podría inducir a pensar, erróneamente, que los cargos de acceso de telefonía móvil en nuestro país están relativamente bien regulados.
Pero la verdad en materia de cargos de acceso es otra: los chilenos pagamos actualmente un cargo de acceso de telefonía móvil de $ 65 por minuto (más IVA), en horario normal, que es el más caro de los países que integran la OCDE, casi el doble al equivalente de $ 38 por minuto que pagan los suizos, y también uno de los más caros de Latinoamérica (los mexicanos pagan hoy el equivalente a $15 por minuto).
El valor del cargo de acceso, si bien se aplica solamente a pagos entre compañías, afecta sustancialmente a los consumidores, porque está «inmerso» en muchas de las tarifas que pagamos hoy los chilenos, cuando llamamos desde un teléfono fijo a uno móvil, o desde una empresa de telefonía móvil a otra.
[cita]Es preciso que tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como el Ministerio de Economía, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia adopten de inmediato las medidas necesarias que correspondan a cada uno, para evitar que las distorsiones de precios y los obstáculos al desarrollo de la competencia se sigan manteniendo en el país. La oportunidad es ahora, antes de que se inicien los nuevos procesos para fijar las tarifas máximas de los cargos de acceso de la telefonía fija y móvil.[/cita]
Los cargos de acceso requieren ser regulados por el Estado, —porque en las interconexiones no es posible que haya competencia, ya que sólo puede utilizarse el servicio de la empresa donde terminan las llamadas— y esa regulación intenta determinar técnicamente precios equivalentes a los que se establecerían en el mercado, si hubiera competencia. Sin embargo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desde 2003, ha fijado mal estas tarifas reguladas, dejándolas en niveles muy superiores a las tarifas que el mercado determina libremente para prestaciones equivalentes que se ofrecen a clientes finales de alto tráfico.
Los excesivos cargos de acceso han perjudicado las condiciones de competencia, porque permiten que los operadores de gran tamaño diferencien las tarifas por llamadas que se originan y terminan en sus propias redes («on-net»), de las terminadas en las redes de otros operadores («off-net»), lo que inhibe la entrada de nuevas empresas al mercado; ello motivó la intervención del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que hoy se encuentra abocado al asunto.
Asimismo, los excesivos cargos de acceso han contribuido a elevar de manera artificial los precios del servicio de prepago, de modo que en la práctica las personas de menores ingresos de nuestro país terminan subsidiando a los clientes corporativos como bancos o grandes empresas, que en general pagan la vigésima parte de las tarifas cobradas en los planes de prepago, diferencia que no tiene ninguna justificación razonable en relación al costo de los servicios correspondientes.
El Subsecretario de Telecomunicaciones ha planteado corregir el problema anterior por la vía de igualar los cargos acceso de la telefonía móvil con los de la telefonía fija, y alternativamente ha indicado la posibilidad de eliminar los cargos de acceso, adoptando la modalidad «sender keeps all», donde las distintas empresas dejan de cobrarse entre sí, tal como ocurre con el tráfico de Internet.
Es probable que ambas soluciones requieran modificar normas contenidas en la Ley General de Telecomunicaciones, pero lo que realmente importa es que en los próximos procesos de regulación de tarifas, que se inician en 2013, los cargos de acceso se vuelvan a regular bien, para que su valor esté acorde al costo de cada servicio y refleje los resultados que se obtendrían en condiciones de competencia, considerando para ello los precios de prestaciones equivalentes establecidos libremente en el mercado.
Para estos efectos, es preciso que tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como el Ministerio de Economía, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia adopten de inmediato las medidas necesarias que correspondan a cada uno, para evitar que las distorsiones de precios y los obstáculos al desarrollo de la competencia se sigan manteniendo en el país. La oportunidad es ahora, antes de que se inicien los nuevos procesos para fijar las tarifas máximas de los cargos de acceso de la telefonía fija y móvil.
