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Conflictos de interés: hay que profesionalizar el Estado

por 12 diciembre, 2012

Para limitar el impacto de este fenómeno, y así avanzar hacia una sociedad más justa, se necesitan varias cosas: más transparencia, más pluralismo en los medios, ley de lobby y ley que regule la influencia del dinero en la política, entre otros. Pero también contar una burocracia estable con altas capacidades profesionales, completamente independiente, bien remunerada, y que pueda trabajar con cualquier coalición que gobierne.
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El tema de los conflictos de interés tiene distintas “aristas”, siendo la más grave, la opacidad que existe entre el dinero y la política en nuestro país (ver por ejemplo, el debate sobre la Ley de Pesca, donde los grandes intereses industriales han logrado con apoyo transversal, asegurar una nueva ley funcional a sus intereses). En este contexto, está también el problema de una institucionalidad pública débil, y sin la autonomía necesaria para proteger el interés público.

Es así que cada vez que hay una crisis en nuestro país, descubrimos que en buena medida ello se debe a las insuficiencias del Estado para regular actividades que son, sin embargo, esenciales para el bienestar de nuestra sociedad. El último caso ha sido el de la acreditación de universidades, pero basta hacer un recuento de los últimos años para ver que esto se repite una y otra vez en diversos ámbitos, donde los abusos y la desprotección del ciudadano común frente a intereses poderosos, ha pasado a ser una constante. Y es que contrariamente a lo que sostiene la “ideología neoliberal”, la autorregulación no funciona cuando las penalidades son bajas y cuando el Estado no tiene las capacidades para regular y sancionar de manera eficaz a quienes cometen abusos.

Para limitar el impacto de este fenómeno, y así avanzar hacia una sociedad más justa, se necesitan varias cosas: más transparencia, más pluralismo en los medios, ley de lobby y ley que regule la influencia del dinero en la política, entre otros. Pero también contar una burocracia estable con altas capacidades profesionales, completamente independiente, bien remunerada, y que pueda trabajar con cualquier coalición que gobierne.

Necesitamos entonces, un Estado más potente, con mayor autonomía, y con mayores capacidades de fiscalización. Países que han sido exitosos en su desarrollo doméstico e inserción internacional, tienen como denominador común haber hecho estas reformas estructurales de modernización del Estado, y cuentan con un excelente “servicio público” cuyo rol ha sido crucial para asegurar sociedades más igualitarias (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur). Comparado con otros, vemos que en estos países hay menos corrupción, menos conflictos de interés, y una acción más eficaz del Estado para anticiparse y enfrentar los grandes desafíos de la post-modernidad. En Chile, desde el caso MOP-GATE han habido algunos avances, aunque todavía muy limitados, y sujeto a las discrecionalidades de las autoridades de turno, especialmente cuando se trata de la selección para desempeñarse en altos cargos públicos. Por otra parte, en casi todos las denuncias que hemos conocido, hay conflictos de interés escandalosos, donde los supuestamente “regulados” tienen una influencia desmedida en las decisiones que toman los “reguladores”. Así entonces, mientras no tengamos un Estado “en forma”, esto continuará sucediendo. En los últimos veinte años hemos visto como cientos de directivos públicos se van después a empresas privadas relacionadas.

Ahora, esto, entendible desde la perspectiva individual, daña sin embargo el interés público, porque es evidente que “el aterrizaje” al ámbito privado se prepara con antelación, y estas relaciones con las “contrapartes” afectan la necesaria independencia de altos funcionarios que deben velar por el interés del conjunto de la sociedad, y no de grupos de interés que requieren de autoridades públicas para avalar sus intereses particulares (debiese existir un período relativamente prolongado de prohibición de transitar de un área a otra, en actividades donde las regulaciones del Estado sean esenciales para el funcionamiento de estas). Es debido a todo esto, que la llamada “judicialización de los conflictos” se ha transformado en una opción para los ciudadanos, en la medida que otras entidades del Estado han sido incapaces de defender bienes públicos esenciales (como se ve con el lucro y acreditación de universidades que no cumplen con un estándar mínimo, la contaminación de ciudades y pueblos por empresas que han operado hasta ahora en base a resquicios legales, o los abusos reiterados contra el pueblo mapuche). En definitiva, lo que no hay que olvidar, es que conflictos de interés van a existir siempre, y que en situaciones de este tipo, quiénes tienen más influencia terminan por imponer sus intereses sobre los demás (considerando que en la práctica, están en ambos lados “del mesón”).

Para limitar el impacto de este fenómeno, y así avanzar hacia una sociedad más justa, se necesitan varias cosas: más transparencia, más pluralismo en los medios, ley de lobby y ley que regule la influencia del dinero en la política, entre otros. Pero también contar una burocracia estable con altas capacidades profesionales, completamente independiente, bien remunerada, y que pueda trabajar con cualquier coalición que gobierne. En otras palabras: servidores públicos con autonomía suficiente, que piensen primero en la ciudadanía y en la ley, antes que en grupos de interés, por poderoso que el “lobbismo oscuro” de estos sea.

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