Opinión
El menor ritmo de concesiones también se relaciona a un problema serio de institucionalidad. La capacidad de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) se ha visto disminuida con la alta rotación de sus máximas autoridades (tres coordinadores en tres años), la salida de funcionarios clave y los desafíos que significa manejar proyectos más complejos como hospitales y cárceles.
La nueva ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, presentó recientemente un ambicioso plan de concesiones, por más de US$ 8.000 millones. Planes similares fueron anunciados en julio de 2010, julio de 2011, noviembre de 2011 y mayo de 2012. ¿Por qué se anuncian tantas veces los mismos planes?
Por dos razones.
La primera y más evidente es el pobre desempeño del gobierno a la hora de sacar adelante los proyectos de concesiones que tan prominentemente figuraron en su programa. De las inversiones anunciadas se ha licitado sólo el 14 %. Y la inmensa mayoría de los proyectos considerados vienen del gobierno anterior.
La segunda razón es la utilización política que hizo del MOP el actual candidato presidencial Laurence Golborne. En vez de impulsar reformas legales o institucionales para mejorar la capacidad de planificación o acelerar la concreción de obras, el ex ministro prefirió el camino de anunciar varias veces lo mismo, maquillado apenas con cambios menores.
Uno de los principales problemas del gobierno es que muchas veces promete más de lo que puede entregar. Cuesta comprender que el gobierno haya prometido que en sus cuatro años ejecutaría inversiones vía concesiones por montos similares a los adjudicados en los 17 años anteriores. Sobre todo si se toma en cuenta que los grandes proyectos ya fueron asignados, y que los proyectos que vienen exigen evaluaciones particularmente cuidadosas, pues la mayoría requiere de subsidios sustanciales.
[cita]La segunda razón es la utilización política que hizo del MOP el actual candidato presidencial Laurence Golborne. En vez de impulsar reformas legales o institucionales para mejorar la capacidad de planificación o acelerar la concreción de obras, el ex ministro prefirió el camino de anunciar varias veces lo mismo, maquillado apenas con cambios menores.[/cita]
Así, la estrategia de ponerse metas irreales ha llevado al gobierno a impulsar proyectos sin los estudios requeridos, lo cual conlleva un alto riesgo de terminar con proyectos mal diseñados y más caros de lo necesario. Por ejemplo, el megaproyecto de Vespucio Oriente, de US$ 2.000 millones se estaría licitando próximamente sin que se conozca su trazado definitivo o la evaluación social que justifica un gigantesco subsidio cercano a los US$ 1.000 millones.
Otro riesgo de la “estrategia del apuro” es que se negocien acuerdos a puertas cerradas con las concesionarias, como ha ocurrido con las nuevas obras para la Ruta 68. No solo existe opacidad en las negociaciones de estos convenios complementarios, además el MOP ha dejado de publicarlos en su página web, como venía haciendo desde 2007. Es así como el ex ministro Golborne anunció poco antes de dejar el MOP renegociaciones que suman más de 800 millones de dólares, para Costanera Norte, el aeropuerto AMB y la concesión Santiago-Los Vilos, sin que se conozcan los términos correspondientes.
Existen razones estructurales que explican el ocaso del enfoque actual en concesiones. La primera es que ya se adjudicaron las “sandías caladas”, es decir, aquellos proyectos de mayor demanda y que hoy no tienen reemplazo. No existe otra Panamericana, otro aeropuerto internacional, o rutas alternativas para llegar a los puertos de San Antonio, San Vicente o Valparaíso.
Otro factor es el rechazo de las comunidades ante proyectos de alto impacto, lo que alarga sus plazos de tramitación y sus costos por las mitigaciones que deben ejecutarse. Un caso emblemático fue el Acceso Sur a Santiago que estuvo detenido por varios años debido a la protesta de los vecinos de La Granja y La Pintana. O el caso más reciente de las autopistas Américo Vespucio Oriente y Costanera Central que prácticamente han duplicado su inversión para soterrarse y reducir impactos urbanos, y que hoy representan aproximadamente la mitad de las inversiones anunciadas recientemente por la ministra.
Por último, el menor ritmo de concesiones también se relaciona a un problema serio de institucionalidad. La capacidad de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) se ha visto disminuida con la alta rotación de sus máximas autoridades (tres coordinadores en tres años), la salida de funcionarios clave y los desafíos que significa manejar proyectos más complejos como hospitales y cárceles.
Dado el anémico estado de las concesiones, ¿debemos cerrar las cortinas de esta industria? Ello no es deseable, debido al aporte que las concesiones pueden realizar en ámbitos clave, como la integración territorial de Chile, la reducción de tiempos de viaje y las mejoras de productividad de la economía. Sin embargo, hay que introducir cambios mayores para reimpulsar este sistema y mejorar su eficiencia y rentabilidad social. Hay al menos tres tareas que conviene emprender.
La primera es reforzar la CCOP, recuperando su capacidad para planificar y diseñar proyectos, sin traspasar esta función a las empresas concesionarias. Esto implica reforzar sus plantas profesionales.
La segunda es cambiar el foco del modelo de concesiones, abordando las demandas del Chile actual, aplicando el modelo de concesiones para levantar centros cívicos, parques, áreas verdes o nuevos espacios públicos en comunas populares con grandes carencias en esta materia. Por dar un ejemplo, con el subsidio a Américo Vespucio Oriente que según el MOP asciende a unos U$ 1.000 millones, también se pueden levantar 1.750 hectáreas de áreas verdes, lo que equivale a más de 20 Parque O’Higgins.
Finalmente, también es necesario mejorar concesiones existentes que hoy presentan problemas de congestión debido al aumento de los viajes y el crecimiento de la ciudad, especialmente en las carreteras de acceso a Santiago. Estos mejoramientos deben ser licitados con diseños hechos por una CCOP fortalecida y no contratando a la concesionaria actual con proyectos propuestas por ésta, como anunció el MOP hace unos meses.
Los anuncios recientes de la ministra de Obras Públicas reflejan la incapacidad del gobierno para cumplir con las promesas que hizo en materia de concesiones, lo cual está llevando a una asignación apurada de proyectos que costarán mucho más de lo necesario. Lo mejor para el país es que el actual gobierno se concentre en mejorar la institucionalidad del MOP en materia de concesiones, reorientando la cartera de proyectos hacia intervenciones focalizadas en demandas emergentes como la integración social, dejando para administraciones futuras la licitación de la mayoría de las obras.
