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La educación chilena y su irrupción en la agenda del 2013

por 3 enero, 2013

La educación chilena y su irrupción en la agenda del 2013
Los gobiernos concertacionistas de Lagos y Bachelet muestran en estos momentos las fisuras de tal situación: en el primero se perdió definitivamente la visión de política educacional, reemplazada por un conjunto interminable de iniciativas paralelas que surgieron en tanto los resultados educacionales no se iban presentando conforme lo esperado, acompañadas de una debilidad creciente de la educación pública manifestada en una pauperización de su actuar —que insistimos— no se trataba solamente de un tema financiero sino de un diseño político.
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El 2013 será —con mucha probabilidad— un año donde la temática educacional en sus expresiones más relevantes dominará el escenario político, social y económico, bajo el aliciente que se deben elegir nuevas autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, y por ello podría esperarse un cambio de magnitud respecto de cómo se han abordado y resuelto los principales problemas educacionales en el país desde el movimiento estudiantil del año 2006.

Una lección fundamental de estos años es dejar de “minimizar” los conflictos y dificultades del sector y abordarlos en su complejidad. Una ley no resuelve todo ni mucho menos, siendo importante que su diseño sea el adecuado para aportar a la solución, requiere además de recursos económicos y de viabilidad política y técnica para construir una adecuada solución. Estamos ante un problema muy complejo —estructural— que se ha venido arrastrando desde al menos una década con expresiones muy potentes y que probablemente se ha larvado desde mediados de los 90’, al que deben sumarse cuestiones éticas y profesionales que han sido claves en la prolongación del conflicto en análisis en todo este período.

Concomitantemente, la expresión de esta problemática ha sido sistémica. Esto es, implica lo institucional público y privado, como también el conjunto de niveles del sistema educacional, aunque en la actualidad su visualización se concentra en la enseñanza superior. Por ende estamos ante el desafío de construir una política educativa para el sistema en su conjunto, la cual no se hace —eficientemente— con la suma de proyectos parciales, iniciativas “radiales” desligadas de una visión que les de coherencia y les articule bajo una propuesta validada de mediano y largo plazo.

Esta primera lección implica consensuar —razonablemente— un proyecto/visión de política educativa del país, que de sustento a iniciativas relevantes que atiendan los problemas centrales que del sistema educacional, los que se resolverán con sustento legal, financiero, técnico y ético. Es decir nuestro desafío es iniciar este proceso y asentarlo en bases sólidas, lo cual es una dura prueba para una clase política que funciona con un horizonte de 3 o 4 años, pues estamos pensando en algo que debe permanecer adecuadamente funcionando al menos por 30 años.

En los hechos el gobierno perdió —igualmente— esta oportunidad dado que no pudo contravenir su esencia, porque el lucro es demasiado importante en el proyecto de vida de la derecha, tan importante que es capaz de hipotecar su viabilidad como alternativa de gobierno, inclinándose en su defensa ciega, dado que ceder en ello es la antesala de un cambio mayor en la sociedad, algo que no es bueno para los negocios, como se han entendido hasta ahora, aunque pudiese ser bueno para los ciudadanos, pero eso no es —quizás— tan relevante.

Una segunda lección, es que estos procesos, debidamente regulados, requieren instancias de participación ciudadana y técnica, así como garantizar interacciones entre estos ámbitos. La reforma educativa impulsada por Frei Ruiz-Tagle y “desaparecida silenciosamente” a mediados de la administración Bachelet, se hizo desde lo técnico con mucha omisión de la participación social y gremial, esquema que terminó acomodando a la clase dirigente político/técnica, hasta que fue sorprendida por “el movimiento pingüino de mayo del 2006”: el nuevo gobierno no tenía respuestas, no sabía cómo enfrentar estas demandas y la resolución de sus puntos neurálgicos fue lo suficientemente insatisfactoria para levantar el 2011 el más poderoso movimiento social del que tengamos memoria tras el del plebiscito de 1988.

Los gobiernos concertacionistas de Lagos y Bachelet muestran en estos momentos las fisuras de tal situación: en el primero se perdió definitivamente la visión de política educacional, reemplazada por un conjunto interminable de iniciativas paralelas que surgieron en tanto los resultados educacionales no se iban presentando conforme lo esperado, acompañadas de una debilidad creciente de la educación pública manifestada en una pauperización de su actuar –que insistimos- no se trataba solamente de un tema financiero sino de un diseño político inadecuado que tornaba cada vez más excluyente el sistema educacional, todo ello en un marco en que las instituciones privadas de educación y por cierto de educación superior, podrían operar casi con impunidad, en contraste con las instituciones públicas que asfixiadas por normativas “al parecer hechas para beneficiar a los privados” y un financiamiento insuficiente, aumentaron el desamparo de la sociedad ante los empresarios privados del sector. Ahora, algunas autoridades de la época hacen “mea culpa”, no obstante en su momento ignoraron las propuestas que demandaban un Estado defensor de los derechos educativos, como en estos momentos obligada e improvisadamente ha debido asumirse por el Estado ante tamaña crisis del sistema universitario nacional.

El período de Bachelet dejó una deuda de magnitud en educación, no solamente porque se ha evidenciado la falta de sintonía entre las autoridades con los requerimientos y demandas en educación, sino por que además se mezquinaron los recursos económicos que existiendo, no se entiende que no se orientaran a la solución de los problemas acusados por el movimiento del 2006 y más aún por el del 2011. En la actualidad somos testigos privilegiados de las actitudes proteccionistas de los grupos de interés que se han apoderado de los diversos niveles del sistema educacional como “coto de caza”, hoy es evidente cómo se ha privilegiado por más de cuatro décadas el lucro desmedido en la educación, en tanto el sector público, incluida las flamantes Superintendencia  y agencia de calidad acusan un problema morrocotudo de gobernanza con el Ministerio de Educación y los municipios.

Hay entonces tres aspectos determinantes en este período por los que sería razonable escuchar respuestas convincentes de quienes buscan dirigir el país, y anticiparse en grado impotante al conflicto que puede estallar sin medida el año que se inicia: primero, no solamente el abismo entre las propuestas iniciales de los gobiernos ante las demandas del movimiento estudiantil del año 2006, sino que sumado a ello, la demora en las respuestas efectivas, algo que no se entiende. Segundo, la débil réplica a aspectos claves del sistema (la LGE en educación superior es la misma LOCE anterior) y la condescendencia de los gobiernos de entonces con los grupos de poder en educación, desprotegiendo a la población que asiste a la educación pública, incluyendo en ello a la educación superior; y finalmente, dar a educación el mismo trato que a cualquier ministerio clave, es decir nombrar autoridades superiores de trayectoria en el tema en su conjunto, que dominan el problema en su complejidad, con competencias y formación al más alto nivel, debidamente acreditada: no están los tiempos para que se aprenda en el cargo, educación es un sector clave y complejo, los resultados están a la vista.

El actual gobierno más allá de hacerse cargo de algunos problemas heredados, cuestión que es la esencia de un Estado serio, tuvo un par de oportunidades magistrales para construir un nuevo Estado en educación, pero como ha sido su constante, las desaprovechó. Primero, en sus inicios, con una oposición que no atinaba a nada coherente, insistió en políticas erradas (ej. semáforo), sino que propuso muchas iniciativas desarticuladas —hasta hoy— que han perdido fuerza y eficiencia por la falta de sinergia, tuvo espacio no solamente para prever el conflicto estudiantil del 2011, el que finalmente desestimó equivocadamente su impacto en su base de aprobación social, fenómeno del que no ha podido recuperarse. También por cierto tenía los recursos financieros y la oportunidad política de proveer soluciones de fondo, lo que finalmente no hace.

Un ejemplo capital es haber abordado el tema del lucro en la educación escolar y superior, el que ha sido negado dogmática e ideológicamente sin reflexión alguna por los partidos de la derecha, hasta que su evidencia ha sido gigantesca, dando cuenta así de una oportunidad política perdida, pero más que ello, de haber capitalizado una situación histórica para sustentar que la derecha política chilena no está interesada solamente en el dinero y en defender a los poderosos. En los hechos perdió —igualmente— esta oportunidad dado que no pudo contravenir su esencia, porque el lucro es demasiado importante en el proyecto de vida de la derecha, tan importante que es capaz de hipotecar su viabilidad como alternativa de gobierno, inclinándose en su defensa ciega, dado que ceder en ello es la antesala de un cambio mayor en la sociedad, algo que no es bueno para los negocios, como se han entendido hasta ahora, aunque pudiese ser bueno para los ciudadanos, pero eso no es —quizás— tan relevante.

El segundo momento de inflexión vino en este año 2012 que se ha cerrado con muchos proyectos de ley, pero sin abordar el tema central de las demandas del movimiento social del 2011. El 2012 fue un año calmo, que pudo usarse ingeniosamente para evitar una tormenta mayor, cuando se revisa más allá del fanatismo ideológico de unos y otros, que los temas claves siguen sin respuesta: hacia dónde va el sistema educacional, qué relación real se plantea entre el proyecto país con el sistema educacional, porqué la educación pública en todos sus niveles continúa en su camino de irremediable destrucción, qué respuesta seria se entrega a las demandas de una educación pública de calidad para todos, y para una gratuidad universal de la educación, y así suma y sigue.

Marzo del 2013 marcará la partida de un año en que los actores políticos que aspiran dirigir el país deben primero dar cuenta de sus silencios, omisiones, errores y debilidades ante esta historia de desaciertos, y segundo, hacer propuestas serias sobre un tema que los actores sociales tienen opinión fundada y donde la cosmética y cirugías reparadoras superficiales solamente agravan el estado del problema. Es una dura prueba para la dirección del país, porque por muchos años la tendencia dominante en esta materia ha sido subestimar a la ciudadanía, pero parece que ya no hay espacio para mantener esta inefable actitud… al menos eso me gustaría creer.

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