Esta debería ser la agenda de la ministra y no enojarse por una cifra desactualizada. Es decir, su atención debería estar en cómo el plan de 10 medidas —que explicaría la disminución de femicidios—, está siendo eficaz —o no— para reducir la violencia hacia las mujeres, y evaluar el impacto de cada medida y la integralidad de las mismas.
Sorpresa, por decir lo menos, provoca la airada reacción de la ministra Schmidt ante la campaña“Mujeres por más”, implementada por ONU Chile, para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en el país. Sorpresa porque la información sobre femicidio de dicha campaña fue entregada en un acto público por ONU Chile en el marco del lanzamiento de la misma durante el mes de noviembre pasado y el Sernam la conocía. ¿Corresponde su enojo a una operación político comunicacional en el contexto de la Cumbre Celac-UE, para responder a la Sexta Conferencia Internacional, realizada el día 23 de enero, sobre Feminicidio/Femicidio que preguntó “por qué fracasan los Estados”, criticando —una vez más— a la ex Presidenta Michelle Bachelet, que preside ONU Mujeres, organismo que no está presente en Chile? Pareciera más bien responder a la estrategia que señala que la mejor defensa es el ataque.
De hecho, las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar —ahora femicidios— han disminuido desde el año 2007 —de 62 a 34 en 2012—, revelando una tendencia que no se inaugura el año 2012. No sucede igual con las denuncias de mujeres por violencia intrafamiliar que, de acuerdo a las estadísticas que lleva el Ministerio del Interior, aumentan de una tasa de 356,5 por 100.000 habitantes en 2001, a 561 por 100.000 habitantes en 2011. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio del Interior (2008), el 36 % de las mujeres entre 15 y 59 años, que ha tenido una relación de convivencia, ha sufrido violencia; 7 % de las niñas, niños y adolescentes (11 a 17 años) han vivido abuso sexual (12,8 % de niñas y 3,3 % de niños) y 9,2 % de las mujeres ha vivido violencia sexual después de los 15 años, fuera de la relación de pareja.
[cita]Esta debería ser la agenda de la ministra y no enojarse por una cifra desactualizada. Es decir, su atención debería estar en cómo el plan de 10 medidas —que explicaría la disminución de femicidios—, está siendo eficaz —o no— para reducir la violencia hacia las mujeres, y evaluar el impacto de cada medida y la integralidad de las mismas. [/cita]
¿Qué ha dicho la ministra Schmidt de estas cifras que revelan que, durante el año 2011, cada día 265 mujeres interpusieron una denuncia por violencia en el país? ¿Qué ha dicho ante el hecho que no se haya replicado oportunamente la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales comprometida por el Ministerio del Interior para el año 2012? ¿Qué ha dicho de la falta de acceso a la justicia y de la escasez de recursos?
Las cifras revelan que las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas, escasamente encuentran justicia. Durante el año 2011, la mayoría de las causas por VIF terminó en salidas extrajudiciales, es decir, sin sanción al agresor. De 190.728 casos en Fiscalía, sólo tuvieron un término judicial el 55,4 % y pero de estas —105.729 causas—, el 71 % terminó con suspensión temporal del procedimiento. Sólo el 15 % tuvo sentencia definitiva condenatoria. Ello conlleva un evidente desestímulo a la denuncia y por lo tanto, al incremento de casos ocultos y de la decisión de no perseverar de numerosas mujeres.
Por otra parte, los recursos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres son magros. De las 345 comunas, sólo 96 cuentan con un centro de atención y sólo 24, con una casa de acogida para mujeres en situación de riesgo. Es decir, existe una baja capacidad de atender a las cerca de 97.000 mujeres que —en 2011— denunciaron ser víctimas de violencia. El costo de la violencia para las mujeres, las familias y también para la economía y el Estado ha sido analizado y es muy elevado. Sin embargo ello no se ha traducido en un incremento de los recursos y tampoco en un mejoramiento de la prevención, detección precoz, tratamiento de mujeres víctimas y sanción a los victimarios.
Esta debería ser la agenda de la ministra y no enojarse por una cifra desactualizada. Es decir, su atención debería estar en cómo el plan de 10 medidas —que explicaría la disminución de femicidios—, está siendo eficaz —o no— para reducir la violencia hacia las mujeres, y evaluar el impacto de cada medida y la integralidad de las mismas. Asimismo, y tal como lo recomendó el Comité de la CEDAW recientemente, debería velar por asumir el marco jurídico de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer (Belem Do Para) y su definición, según la cual, violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, no sólo la llamada “violencia intrafamiliar”. Es su responsabilidad, no la de ONU Chile u ONU Mujeres.
